El ingreso discrecional de recomendados políticos en puestos sensibles de la seguridad penitenciaria como del país entero y en sitios por donde fluyen millones en negro, según lo ratificado por altas fuentes en estos días, tornan peligrosas las primeras acciones del ministro de Justicia, Édgar Olmedo.
Básicamente, lo que hizo el ministro Olmedo al asumir el cargo fue ceder reparticiones penales claves para recaudaciones en negro a leales a su aliado político en el departamento de Caaguazú, Mario Varela, actual ministro de Desarrollo Social.
La repartija comienza con César Raúl Kriskovich, conocido como “el secretario de Varela”, quien figura en la nómina del Ministerio de Desarrollo Social como jefe de oficina regional de Coronel Oviedo, fue comisionado al Ministerio de Justicia como director de la inspectoría general de la cárcel de Coronel Oviedo, puesto considerado de oro en la estructura por el millonario circulante en negro para algunos servicios “adicionales”, prohibidos de manera oficial, como el caso de las famosas celdas vip.
Raúl Vera, ex concejal de la Municipalidad de Coronel Oviedo, también del equipo político de Olmedo y Varela, se ubica como jefe de gabinete del ministerio mientras que Julio Balbuena, otro político de Oviedo, recientemente cobijado en carpas oficialistas, consiguió un cargo como director de Establecimientos Penitenciarios.
Antes de buscar candidatos más idóneos, Olmedo aprovechó las circunstancias del poder para usar la coyuntura política a favor mediante estos cupos para los suyos y recomendados de sus amigos. Además de los cargos de alto rango, nuestro medio también publicó evidencias de cómo están rifando el presupuesto del ministerio apretando a Hacienda por contratos temporales para los operadores.
Existe también un proyecto para un verdadero festín de rubros en concepto de subsidio, otra arremetida electoralista usando a los sufridos guardiacárceles que cumplen horario de 24 horas corridas en las penitenciarías. El diputado Arnaldo Samaniego está en fuerte campaña para volver a realizar pagos discrecionales de subsidios, en este caso de alimentación, que incluya a gente que tienen jornada básica de labor de 8 horas y hasta menos incluso.
Hacienda se había plantado mediante un dictamen en el que señala que el pago de subsidio alimentario solo corresponde a los guardiacárceles que cumplen 24 horas corridas de trabajo.
Todos estos gastos, regalos de sueldos en este momento de profunda crisis económica, representan una aberración administrativa con altos riesgos para el ya debilitado presupuesto del ministerio que tiene un montón de urgencias encima. Pero, además, genera un peligro de sometimiento a fuerzas delictivas que es sabido tienen cuota de poder en las cárceles e incluso han rebasado a las autoridades de los penales.
Es una realidad que el Ministerio de Justicia ha perdido el control sobre la población penitenciaria del país.
En este contexto de alto riesgo de seguridad, grupos criminales que tienen alineados a funcionarios estatales que debieran ser los verdaderos custodios del orden penitenciario es que, en vez de sumar soluciones, se generan más cargas para los contribuyentes, con el arribo de una administración que impone recomendados en deshonra de la misión institucional antes que fortalecer estrategias que apunten a erradicar delitos en los penales.
Ante semejante desinterés en el objetivo, las expectativas se recuestan en las demás instituciones que debieran resguardar el patrimonio estatal y la calidad de los recursos humanos que ingresan a la función pública; de lo contrario, a estas alturas de un año proselitista estamos en vísperas de un verdadero carnaval con plata de los contribuyentes. Los entes de control deben parar el despilfarro que comenzó a ejecutarse en el Ministerio de Justicia.