Entre los asuntos que más preocupación están causando a los productores de diversos renglones de la economía nacional está el incremento creciente del ingreso y circulación de mercaderías ilegales. La situación monetaria de los países vecinos, en especial la de Argentina, hace que la invasión de artículos de contrabando sea cada vez mayor ante la precaria respuesta de las entidades públicas que deben combatir el ilícito. El volumen de las mercaderías que ingresan ilegalmente y circulan sin mayores obstáculos es de tal importancia que hace tambalear algunos sectores tradicionalmente tranquilos.
El ejemplo que dio un analista económico es elocuente, dijo que una de cada dos cucharaditas de azúcar que usa cualquier ciudadano en el desayuno es de origen ilegal, pues alrededor del 50% del consumo nacional de ese edulcorante es de procedencia espuria; es decir, atravesó la frontera de manera ilícita.
Debido a la inquietante situación, en las últimas semanas los sectores perjudicados han tomado posiciones muy duras hacia las instituciones públicas encargadas de la represión del tráfico ilegal de mercancías y sus responsables. Las consideran inútiles cuando no cómplices de los delincuentes de frontera.
Los empresarios cuestionan al Gobierno por su escasa efectividad en su política de lucha contra el contrabando y otros ilícitos. Por lo que están haciendo campañas contra la ilegalidad sin contar con el acompañamiento de los organismos públicos del área.
En la reciente inauguración de una nueva versión de la Expo Guairá, en Mbocayaty, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Pedro Galli Romañach, dijo que el contrabando está matando a la producción nacional y que, a pesar de ello, el Gobierno está actuando con tibieza. Hizo énfasis especial en que el ingreso ilegal de productos está matando a la producción, la industria y el comercio, señalando que la industria azucarera que sustenta a miles de productores de caña dulce es una de las más afectadas actualmente. El Guairá es uno de los grandes productores de azúcar y subproductos de la caña.
El titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, fue también duro en su crítica, señalando que, a causa del contrabando, en los supermercados ya no pueden comercializar ni un kilo de azúcar. Agregó que hasta la venta de productos cárnicos se encuentra afectada por el ingreso de la mercadería ilegal, lo que podría llegar a ser catastrófico, según su calificación.
Un estudio privado desarrollado por la organización Pro Desarrollo Paraguay, cuyo adelanto se publicó recientemente, indica que hay sectores muy mal golpeados por los traficantes de frontera. Ese es el caso de la industria del calzado, que, según el vocero de la entidad, Sebastián Acha, se ve muy afectada porque el 80% de lo que se vende en el país proviene del contrabando. Y que solo el 20% de calzado comercializado es de producción nacional, lo que da una idea del impacto del tráfico ilegal en este sector.
Según el técnico, el volumen de la economía informal es de tal magnitud que en estos momentos está manejando alrededor de 20 mil millones dólares, una suma que es superior al presupuesto de varios ministerios del Gobierno.
Como no se puede tolerar la ilegalidad y menos si amenaza de muerte a la producción nacional con sus nefastas consecuencias, es urgente que se tome el toro por las astas.
El Gobierno Nacional es el principal responsable de la situación que se está dando. Nadie se puede escudar en ningún pretexto ni aprovechar ninguna circunstancia económica o social para dejar de actuar. El contrabando es un delito que ataca con demasiada fuerza a la producción, las empresas nacionales y a los trabajadores paraguayos, que no se puede dejar de combatirlo con toda la fuerza.
Así como la Constitución Nacional prevé el Estado de excepción para casos de conflicto armado internacional o de grave conmoción interior, aquí el Estado tiene que aplicar también una medida excepcional para contrarrestar el contrabando y defender al país de la amenaza de los delitos contra su vida económica. Desde el punto jurídico no es lo mismo, pero el peligro económico y social que representa el contrabando es de tal envergadura que constituye un grave riesgo para la situación del país. Por lo que es imperativa la adopción de medidas extraordinarias.