El titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, dijo ayer que es un convencido de que una Concertación Política tiene que elaborar su propio padrón para sus comicios a fin de elegir a sus futuros candidatos a cargos nacionales. Indicó que particularmente su postura es la no utilización del Padrón Nacional.
“Nosotros en su momento, en las elecciones generales pasadas, tuvimos que expedirnos por resolución judicial, la Justicia Electoral se expidió en una sentencia donde dos ministros votaron en el sentido de que se puede usar el Padrón Nacional y yo particularmente voté en disidencia”, recordó el presidente del órgano electoral.
Manifestó que, “considero que el Padrón Nacional no es aplicable a un sistema de interna cerrada como es el sistema electoral paraguayo.
Yo estoy convencido de que se tiene que elaborar un Padrón para la Concertación basado en los padrones de todas las fuerzas que quieren concertarse”.
Las declaraciones del presidente del TSJE fueron vertidas al ser consultado sobre la decisión del Senado de aprobar el pasado miércoles con modificaciones el proyecto “Que modifica la Ley n.° 3212/2007 ‘Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones”. El proyecto de ley volvió a la Cámara de Diputados.
Por otra parte, Jaime Bestard, confirmó ayer que fueron notificados sobre la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por la cual se revoca la suspensión de licitación para la compra de las máquinas de votación. Indicó que con esta medida facilita la continuación del proceso normal de la licitación, luego de que se rechazaran algunas protestas al proceso.
Luego mencionó que el precio referencial que está en la plataforma pública es de 93 millones de dólares. “Ese es un precio de referencia, no quiere decir que va a ser adjudicado por ese precio, pero es el precio que se toma de acuerdo a todas las propuestas que hacen las empresas que quieren participar, se saca un promedio con base a 28.000 máquinas”, precisó.
En cuanto a la decisión de la compra de las máquinas y no de arrendamiento, Bestard recordó que cuando se puso en vigencia la Ley n.° 2318, que establece la lista desbloqueada y el uso del voto electrónico, se había optado por el arrendamiento, ya que era la primera experiencia que se tenía. Además de eso, no se tenía con certeza si el sistema se iba a mantener.
Bestard dijo que en el estudio que hicieron contempla al menos 10 años de vigencia y que incluye un total de 8 procesos electorales, en los que se podría dar uso las máquinas. “Tomando en cuenta que para dos procesos electorales pasados, se llevó adelante el arrendamiento de las máquinas, donde para esas elecciones costó casi 59 millones de dólares. Por eso consideramos mucho más rentable la compra de las máquinas para un uso por 10 años y para 8 procesos electorales. Además, nos convertimos en los propietarios de las máquinas”, indicó.