Se torna cada vez más necesario que el esquema administrativo y operativo actual en ministerios y secretarías ejecutivas, sea transformado y modernizado para que la ciudadanía pueda recibir un servicio de calidad, pues la burocracia se mantiene en todo el esquema actual, haciéndose necesaria una reingeniería de los diversos procesos administrativos que permita reducir los tiempos de ciclo, tornándolos más eficientes, respondiendo a las necesidades actuales, que permita la consecución de los requerimientos que exige el desarrollo económico y social de nuestro país en plena era de la tecnología y de los procesos digitales.
Seguimos viendo a miles de funcionarios que “se quedaron en el tiempo”, inadmisible en pleno siglo XXI, denotando una gran rigidez y temor a los cambios, debiendo ser reemplazados por gente joven que no le tema a la tecnología, mostrando mayor capacidad, idoneidad, ductilidad y actitud.
El gobierno debe tener entre sus objetivos primarios para el 2026 fusionar la innecesaria superpoblación de entidades, lo que permitirá reducir la burocracia que seguimos padeciendo, enlenteciendo los flujos de procesos, implicando mayores erogaciones en costos y gastos rígidos y una enorme pérdida de tiempo para los contribuyentes, quienes son los que siguen manteniendo el PGN y que precisan del Estado eficiente y eficaz.
Todas las entidades estatales cuentan con la Dirección de Organización y Métodos (0&M), que está preparada para hacer un análisis/evaluación que permita simplificar y acelerar los procesos burocráticos internos, ahora en que dos calificadoras de riesgos de prestigio internacional nos han otorgado el grado de inversión en nuestra calificación de riesgo-país, quienes como parte de su metodología al calificar la solvencia y tendencia buscan que se dé la necesaria inflexión entre los aspectos cualitativos y cuantitativos y que no se dé un desbalance entre la macro y microeconomía .
Es hora que pongamos fin a este Estado paquidérmico, desfasado y prebendario, donde no menos de G. 50 por cada G. 100 recaudados seguimos destinando al pago de sueldos y otros beneficios a los servidores públicos, que ya superan los 350.000 a nivel país, cuando que apenitas somos 6.100.000 habitantes.
Esperemos que el Viceministerio de Capital Humano “apriete el acelerador”, haciendo todas las mejoras y transformaciones que necesario fueren, que tienda dar a la meritocracia, capacidad, idoneidad, experiencia y trayectoria profesional el lugar que se los merecen y no como ahora en donde la mediocridad y cuoteo político son los que mandan.
Los paradigmas de las organizaciones a nivel mundial han cambiado. No queda de otra más que adaptarnos a los tiempos que nos toca vivir, que permitan tener un presupuesto general de la Nación equilibrado, donde quepan suficientemente rubros destinados a calidad educativa, salud pública seguridad nacional e infraestructura, uno de nuestros mayores déficits históricos a nivel país.
Uno de los objetivos de este Gobierno es no incrementar los impuestos, buscando previsibilidad a los diversos emprendimientos que puedan ser desarrollados tanto por nuestros empresarios locales, como por aquellos potenciales inversionistas extranjeros con intenciones de venir a radicar sus capitales en nuestro país, que puedan ayudar a generar más fuentes de trabajo, necesidad impostergable para que podamos vivir mejor y que nuestra gente vuelva a tener plata en sus bolsillos, lo cual sigue ausente hasta ahora.
La reingeniería y depuración del capital humano que no aporta valor agregado en nuestras instituciones no deberá tener vuelta atrás, pues el Estado no es ninguna entidad de beneficencia para seguir solventando los gastos a gente que no produce absorbiendo una gran parte de los gastos rígidos del Presupuesto General de la Nación.
Nuestro país necesita generar más fuentes de trabajo, siendo uno de nuestros déficits más visibles la debilidad estructural de nuestras instituciones, aspectos que tienen muy en cuenta los potenciales inversionistas extranjeros antes de tomar su decisión de radicar sus capitales en nuestro país haciendo que nuestro grado de inversión tenga el peso que se los merece.
Paraguay fortalece regulación del cannabis y THC para uso exclusivamente medicinal
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Autoridades del sector público, especialistas y representantes del sector farmacéutico participaron de un encuentro informativo donde la Cámara de Cannabis Industrial del Paraguay (CCIP) detalló las nuevas reglamentaciones para el acceso controlado a cannabis medicinal con tetrahidrocannabinol (THC) en el país, tanto en productos terminados como materia prima.
Durante la jornada se explicó que la nueva reglamentación establece que los productos que contengan THC para uso terapéutico deberán ser prescriptos por médicos habilitados, mediante receta especial cuadruplicada, y expendidos exclusivamente en farmacias autorizadas.
“La nueva regulación permite que pacientes accedan a cannabis con THC medicinal para uso terapéutico con acompañamiento médico obligatorio y bajo receta especial. La normativa es clara: el punto de expendio debe ser la farmacia”, explicó en conferencia de prensa Marcelo Demp, titular del gremio.
La actividad tuvo lugar ayer viernes en el Shopping New Zone en el contexto de la entrada en vigencia de las resoluciones N.º 902/25 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspbs) y N.º 488/25 de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) que regulan la prescripción, expendio y distribución de cannabis medicinal en el país.
La distribución se realizará bajo rigurosos estándares de calidad, según detallaron en el encuentro. Foto: Gustavo Galeano
Plan piloto
El anuncio incluyó la implementación de un plan piloto para el suministro de estos medicamentos en territorio nacional, dirigido a pacientes con patologías específicas que puedan beneficiarse del tratamiento con cannabinoides. Se detalló que el objetivo es fortalecer la institucionalidad mediante protocolos precisos que aseguren transparencia y control estatal, teniendo encuenta que todo uso fuera del ámbito medicinal continúa siendo ilegal.
“Para evitar desinformación decidimos generar este encuentro con las instituciones para que la información pueda llegar a todo el país y si hubiera algún procedimiento que corresponda, una corrección a lo que hoy se está implementando de manera incipiente estamos dispuestos a una reunión que colabore a fin de tener un mercado regulado”, aseguró.
Por su parte, las autoridades indicaron que la distribución se realizará bajo rigurosos estándares de calidad, con supervisión sanitaria y acompañamiento profesional, en línea con las normativas internacionales de farmacovigilancia. El uso terapéutico de cannabinoides deberá realizarse bajo estricta supervisión médica con indicación precisa, seguimiento clínico y evaluación de riesgos-beneficios en cada caso.
El éxito del proceso dependerá del trabajo articulado entre instituciones públicas, sector privado y profesionales de la salud, con el objetivo de garantizar tratamientos seguros, legales y científicamente respaldados, indicaron desde la organización.
Tesoro paga más de G. 180.000 millones a proveedores del Estado
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La Dirección General del Tesoro Público (DGTP), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunció que entre hoy lunes 2 y mañana martes 3 de febrero se pagaránmás de G. 184.000 millones a proveedores del sector público.
Según el informe oficial, los pagos abarcan las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas entre el lunes 26 y el viernes 30 de enero, siguiendo el calendario establecido por la Tesorería.
De esta manera, el MEF mantiene la ejecución sostenida de los desembolsos, respetando el orden de presentación de las solicitudes por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).
Este flujo de pagos resulta clave para el funcionamiento del sector público y, especialmente, para la liquidez de empresas proveedoras que dependen de los compromisos estatales para sostener operaciones, empleo y cumplimiento de obligaciones financieras.
En un contexto económico en el que la previsibilidad fiscal es un factor central, la continuidad de estos desembolsos contribuye a dar señales de orden y cumplimiento por parte del Estado.
Desde el Tesoro señalaron que el proceso de transferencias se realiza de manera regular y transparente, conforme a los plazos establecidos, lo que permite fortalecer la confianza de los proveedores y mejorar la planificación financiera tanto del sector público como del privado. Este mecanismo también busca evitar la acumulación de atrasos y reducir tensiones en la cadena de pagos.
Para garantizar el acceso a la información, el MEF recordó que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en su sitio web oficial, dentro del apartado de consulta ciudadana.
Asimismo, los proveedores pueden verificar los pagos a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en la sección “Compras Públicas”, submenú “Pagos”, donde se publica el cronograma actualizado del Tesoro.
Adicionalmente, estos datos están disponibles en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE), lo que permite a las empresas hacer un seguimiento preciso de los desembolsos y conocer el estado de sus compromisos.
A través del Plan Maestro de Obras se han trazado horizontes hacia el 2033 con la transmisión y distribución de energía y al 2043 con la generación de la misma. Foto: Archivo
Paraguay acelera el rediseño de su matriz energética con la mirada puesta en 2030
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Por: Sofía Céspedes
En 2025 el sector privado junto al público, celebró el primer Foro Energético Nacional, donde se expuso la realidad energética paraguaya y sobre todo, qué pasará en un futuro si no se toman medidas ni acciones claras ante la demanda de energía que crece año tras año.
En conversación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, precisó que a través del Plan Maestro de Obras se han trazado horizontes hacia el 2033 con la transmisión y distribución de energía y al 2043 con la generación de la misma.
Explicó que todo esto se centra en tres pilares estratégicos. Primero, la soberanía energética, para garantizar la capacidad técnica para retirar y distribuir el 100 % de la energía que corresponde al país en las binacionales Itaipú y Yacyretá.
Félix Sosa, presidente de la Ande. Foto: Pánfilo Leguizamón
En segundo lugar, para diversificar y acompañar el crecimiento del consumo, integrando fuentes renovables no convencionales, con énfasis en energía solar, para reducir la vulnerabilidad ante la variabilidad del régimen hidrológico.
La seguridad y robustez es el tercer punto, porque busca fortalecer el sistema interconectado nacional mediante la expansión de la red de 500 y 220 KV.
Marco normativo
Sosa abordó un tema crucial para que el plan maestro pueda llevarse a cabo: nuevas leyes. Mencionó que hoy Paraguay está comenzado su transición hacia una matriz mixta.
La ley 7452, que moderniza el régimen de Alianza Público-Privada (APP) y la recientemente promulgada ley 7599/25, de Modernización del Régimen de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables No Convencionales, buscan dinamizar la inversión en infraestructura, siendo probablemente esta última, el marco legal más transformador para el sector energético paraguayo en las últimas décadas.
“Acompañar el rápido crecimiento de la demanda eléctrica mediante un sistema modernizado y diversificado, garantizando la confiabilidad del suministro y tarifas competitivas, sin comprometer la sostenibilidad financiera del sector”, manifestó el titular de la Ande.
Dijo que para ello es fundamental continuar invirtiendo de manera sostenida en los sistemas de transmisión y distribución, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas eléctricas.
“Resulta prioritario diversificar la matriz de generación de energía eléctrica para disminuir la exposición a riesgos climáticos y aumentar la resiliencia del sistema. Es necesario incrementar la capacidad de generación, para acompañar el crecimiento sostenido del consumo de energía eléctrica en Paraguay y asegurar el abastecimiento futuro”, finalizó.
Alternativas
Por su parte, el viceministerio de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, sostuvo en contacto con La Nación que este 2026 será un año clave desde el punto de vista regulatorio. El eje central estará puesto en ajustar y completar las normativas necesarias para acelerar la incorporación de nueva generación eléctrica, especialmente a partir de fuentes renovables no hídricas.
Entre ellas, se encuentra en etapa final la reglamentación de la ley de Fomento a las Energías Renovables no Hídricas, que permitiría dinamizar inversiones en solar fotovoltaica, así como la reglamentación de las pequeñas centrales hidroeléctricas y los permisos para productores de autoconsumo y cogeneración.
Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía. Foto: Mariana Díaz
Explicó que el objetivo es claro, facilitar la rápida instalación de nuevos megavatios, tanto para autoconsumo como para inyección de excedentes a la red, y acompañar los procesos licitatorios que llevará adelante la Ande. “Esto responde a una realidad concreta, la demanda eléctrica continúa batiendo récords y obliga a trabajar no solo sobre la oferta de energía, sino también sobre la gestión de la demanda”, expresó.
En ese contexto, Bejarano identificó a la energía solar fotovoltaica como la tecnología con mayor potencial de crecimiento en el corto plazo, por las condiciones climáticas del país, la facilidad de instalación y el costo relativo de la tierra.
Dijo que la experiencia ya se extiende incluso a proyectos sobre embalses, como en Itaipú. No obstante, remarcó que todas las fuentes de generación serán necesarias para responder a una demanda que seguirá creciendo de manera sostenida.
Autoconsumo
Otro eje central que mencionó es el autoconsumo y la generación distribuida, que muestra un fuerte impulso, especialmente en el Chaco. Industrias y comunidades ya instalan capacidad propia, utilizan residuos para cogeneración y venden excedentes a la red.
A esto se suma el potencial de los techos solares en hogares, comercios e industrias. Para acelerar este proceso, el viceministerio trabaja en créditos blandos, ajustes tarifarios y mecanismos que permitan repagos en plazos de seis a siete años, haciendo del autoconsumo una inversión atractiva y, al mismo tiempo, un alivio para el sistema interconectado nacional.
Bioenergía
En materia de biomasa y bioenergías, el foco está en la implementación plena de la certificación de biomasa, obligatoria desde este año. El objetivo es garantizar trazabilidad, uso de biomasa reforestada y protección de los bosques nativos.
La exigencia comenzará con un 30 % de uso de biomasa certificada y avanzará gradualmente hasta el 100 %. En paralelo, se impulsa el uso de biocombustibles, aumentando las mezclas y fortaleciendo la seguridad energética, al tiempo que se promueve la expansión de la masa forestal como nuevo motor económico.
Finalmente, el gas natural aparece como pieza estratégica de mediano plazo. Bejarano recordó que hoy se prioriza el impulso a los proyectos de gasoductos, oceánico y sur, como incentivo a la exploración local y como fuente energética para la industria y eventualmente para la generación eléctrica.
“Esto se complementa con el trabajo en la integración gasífera regional con el Mercosur y Chile y con la preparación de un marco normativo específico”, expuso.
Igualmente, hizo énfasis en que este entramado regulatorio apunta a un objetivo transversal: brindar estabilidad, previsibilidad y reglas claras para atraer capital privado. La actualización constante de leyes, decretos y reglamentaciones, sumada a las licitaciones de la Ande como comprador garantizado de energía, busca posicionar a Paraguay como un destino competitivo para la inversión energética de cara al 2030.
Momento decisivo
Desde el sector privado advierten que Paraguay atraviesa una ventana decisiva para sostener su crecimiento económico más allá del 2030. Así lo planteó el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, a La Nación. Enfatizó que las proyecciones coinciden en un punto crítico, si no se toman decisiones en el corto plazo, el excedente eléctrico podría agotarse entre 2030 y 2032.
Desde la óptica industrial el desafío ya no pasa solo por la disponibilidad de energía limpia, sino por asegurar nuevas fuentes de generación, transmisión y distribución que acompañen la transformación de la demanda.
“Paraguay está viviendo un cambio estructural, con menor peso relativo de la criptomineríay mayor protagonismo de la industria, los centros de datos, la inteligencia artificial y la economía digital, sectores altamente intensivos en energía”, dijo Duarte.
Entre los principales cuellos de botella, el titular de la UIP identificó la falta de certezas sobre la futura generación, la necesidad de seguir invirtiendo en redes eléctricas y la urgencia de diversificar la matriz, hoy fuertemente dependiente de la hidroelectricidad y expuesta a riesgos climáticos y altos costos de implementación.
A esto se suma la necesidad de un marco regulatorio moderno, con un organismo regulador y un operador del sistema que generen transparencia y atraigan capital privado.
Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Foto: Pánfilo Leguizamón
Inversiones privadas
En cuanto a los proyectos a acelerar, el sector privado apuesta por energía solar a gran escala, por su rápida implementación y complementariedad con las hidroeléctricas, además de avanzar en acuerdos para el acceso al gas natural, reactivar pequeñas centrales hidroeléctricas, evaluar sistemas de bombeo e, incluso, analizar opciones de reactores nucleares modulares.
Duarte advirtió que la demora en las decisiones es costosa: algunos equipos para centrales a gas hoy tienen plazos de entrega globales de hasta siete años.
De cara a 2026, la UIP espera que el Estado consolide este impulso con políticas de largo plazo, cumplimiento del plan maestro de la Ande, tarifas que hagan viables las inversiones, esquemas de financiamiento y una definición clara sobre el uso del excedente eléctrico, priorizando industrias que generen empleo, tecnología y valor agregado.
Para el sector privado, la energía puede convertirse en la principal plataforma de desarrollo industrial del Paraguay, siempre que las decisiones lleguen a tiempo.
Subir impuestos no salvará déficit de la Caja Fiscal, según MEF
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que aumentar impuestos como el Impuesto a la Renta Personal (IRP) o el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no es una alternativa viable para cubrir el déficit creciente de la Caja Fiscal, que financia las jubilaciones del sector público.
La postura fue expuesta durante una sesión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. El viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, señaló que las propuestas de algunos sectores, docentes, policías y militares, de elevar impuestos para sostener el sistema no resultan sostenibles en el tiempo.
Al respecto, la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, presentó proyecciones financieras que muestran que el déficit del sistema ya se cubre con impuestos generales y seguirá creciendo si no se aprueba una reforma estructural.
“Simulamos el impacto de subir impuestos como plantean algunos sectores. En el caso del IRP, la tasa debería subir del 10 % al 48 % en 2025, y luego aumentar cada año hasta llegar al 86 % en 2028”, explicó. En cuanto al IVA, detalló que una suba del 10 % al 14 % permitiría recaudar unos USD 1.144 millones anuales, pero sólo alcanzaría para cubrir el déficit de 2026 y 2027, y apenas una parte del de 2028.
Coronel advirtió que el 100 % del déficit de la Caja Fiscal en 2028 será cubierto con impuestos generales, lo que equivaldrá a unos USD 683 millones, un monto cercano al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Según el MEF, la principal causa del desequilibrio es la ausencia de una edad mínima de jubilación, lo que beneficia principalmente al Magisterio Nacional, docentes universitarios, Fuerzas Militares y Policías.
Con esos USD 683 millones, el Estado podría financiar 10 hospitales de alta complejidad, otorgar pensión al 86 % de los adultos mayores, refaccionar 350 escuelas, pavimentar 3.200 kilómetros de rutas o ejecutar 16.000 hectáreas de alcantarillado sanitario.
El proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo propone establecer una edad mínima gradual de 57 años, con nuevas tasas de sustitución y mayores incentivos para permanecer más tiempo en actividad. También prevé aumentar el aporte obrero-patronal del 16 % al 19 % y sumar un aporte estatal adicional del 3 % como empleador.
Desde el MEF reiteraron que sin cambios estructurales, el sistema seguirá presionando las finanzas públicas y comprometiendo recursos destinados a salud, educación e infraestructura.