- Jorge Torres
Petropar presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por presuntos hechos de lesión de confianza y otras irregularidades en la fallida ejecución del proyecto del nuevo tren de molienda de caña de azúcar en la planta de Mauricio José Troche.
El proyecto está bajo sospecha de sobrefacturación y problemas estructurales que impiden su funcionamiento, lo cual generó recientemente la movilización de los cañicultores.
La obra, adjudicada inicialmente a la empresa EISA y luego cedida a Ocho A SA debía estar operativa en 2023 y permitir el aumento de la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias.
Sin embargo, el proyecto quedó paralizado debido a una presunta sobrefacturación gigantesca registrada durante la administración de Mario Abdo Benítez.
Un informe de auditoría interna de 2023 realizada por la administración actual de Petropar, encabezada por Eddie Jara, reveló anticipos millonarios otorgados para obras en la planta, que suman 38.440 millones de guaraníes, sin una verificación clara del avance.
Además, la Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República, realizada en el mismo año, expuso que durante el ejercicio fiscal 2022 se realizaron pagos por 41.815 millones de guaraníes por la instalación de la nueva línea de molienda, de los cuales 30.949 millones corresponden a trabajos inconclusos o sin evidencia de ejecución.
A su vez, en diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) impuso una multa de 2,5 millones de dólares por las falencias.
A raíz de la medida de presión de los cañicultores, el Gobierno acordó que Petropar presente una nueva propuesta de tren de molienda en no más de 30 días. La intención es concretar una planta funcional y eficiente que beneficie a los productores de la zona de Troche.
Otra herencia nefasta de Abdo y sus secuaces corruptos. El Estado ya no recuperará ese dinero, sin embargo, estos mismos delincuentes del gobierno anterior hoy como si nada se presentan como opción política futura. A estos parias nunca más hay que votarlos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py
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Giuzzio sufre revés judicial y Vinicius declarará en juicio
El juicio oral prosigue este miércoles a las 8:00 de la mañana.
El exministro del Interior del gobierno de Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, quien está siendo juzgado por cohecho pasivo agravado tras presuntamente recibir favores del supuesto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, sufrió un nuevo revés judicial. La defensa del acusado intentó evitar a toda costa que Espíndola Marques, considerado un “pez gordo” del narcotráfico, declare el miércoles en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete, rechazó la pretensión de Giuzzio de impedir la declaración del testigo, quien se encuentra detenido en Brasil.
La defensa del acusado sostuvo que no correspondía recibir el testimonio en la audiencia oral todavía, argumentando que aún no se han expuesto los mensajes del teléfono celular de Lindomar Reges Furtado, condenado a 37 años de cárcel.
Sin embargo, los jueces de sentencia determinaron que Espíndola Marques debe declarar. Añadieron que, si la defensa necesita interrogarlo nuevamente tras la exhibición de los mensajes de Reges Furtado, se solicitará una nueva comparecencia. Ante la resolución del colegiado, Giuzzio se mostró muy preocupado, ya que este testimonio podría complicar su escenario jurídico en el presente juicio oral y público. Las partes están convocadas nuevamente para este miércoles a las 8:00 de la mañana, momento en que el presunto narcotraficante Marcus Vinicius deberá declarar ante el tribunal.
VACACIONES
Uno de los episodios más citados por la acusación es el viaje realizado por Giuzzio y su familia a Brasil a finales de 2021, utilizando una camioneta propiedad de una empresa vinculada a Vinicius.
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Los muertos que se asustan del degollado
- POR ROSSANA ESCOBAR M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
En otro intento desesperado por seguir atacando al Gobierno, los medios abdistas iniciaron una furibunda campaña de victimización acusando que son “atacados” por una cuenta en redes sociales, replicados por una agencia de publicidad colombiana.
Ufanándose de “prensa libre”, aunque muy bien identificados con la oposición y el abdismo, varios periodistas le siguieron la corriente al exincendiario de la Casa de los Colorados, conocido persecutor a un sector del partido de Gobierno hoy devenido investigador del diario Abc Color Leonardo Gómez Berniga.
El nuevo relato diseminado con fuerza, en medio de una fuerte crisis que afrontan los dueños del diario Abc Color cuyo grupo empresarial está muy debilitado por los procesos judiciales de lavado de dinero que sacude al banco de la familia, busca convencer que, por sus críticas, “sufren” todo tipo de ataques junto con otros miembros de empresas periodísticas aliadas.
Abc Color y sus aliados calzan la frase de los muertos que se asustan de los degollados. Alineados al gobierno de Mario Abdo Benítez medios como Abc Color, Última Hora, etc., fueron cómplices y sus periodistas estuvieron muy involucrados en la campaña de persecución más grande y costosa contra un sector del Partido Colorado de los últimos tiempos, financiada con el convenio entre la desaparecida agencia corrupta Usaid y el gobierno de Mario Abdo Benítez de USD 58 millones y 5 % de aporte local.
Las redes estaban minadas de escraches selectivos. Se armó una coalición de grandes corporaciones de oenegés inyectadas con miles de millones de dólares articuladas por políticos opositores que usurparon la representación de la sociedad civil para perseguir a sus adversarios.
Campañas publicitarias que demandaron millonarios presupuestos sostenían esta guerra contra rivales muy bien seleccionados y los periodistas, influencers de estos grupos empresariales endulzados con diplomas de la transparencia y algunas contrataciones extras, hacían de voceros de oenegés que infundían rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, mientras ocultaban jugosas facturaciones mensuales.
Algunas facturas filtradas en su momento revelaron nombres de periodistas amigos de la red de oenegeros, que cobraron por las famosas charlas, cursos, investigaciones direccionadas a un sector específico. Sin embargo, en las planillas de gastos aparecen millonarios recursos destinados a agencias de publicidad, comunicadores, periodistas cuyos prestadores de servicios, hasta hoy día son verdadero misterio.
La rendición de cuentas de todos los gastos de campañas publicitarias sigue siendo un secreto muy bien guardado. Aunque vale subrayar que han saltado nombres de periodistas, influencers, activistas identificados con el abdismo abiertamente y que ahora se asustan de una supuesta campaña sucia.
El nombre de Leonardo Gómez Berniga aparece en uno de los contratos repartidos por el CIRD para una iniciativa de transparencia y control sobre reconocimiento facial por valor de G. 100 millones. Es un claro ejemplo de cómo operaron con la plata de Usaid, el devenido periodista investigador de Abc Color es el mismo ensañado contra un grupo del Partido Colorado, propulsor de campañas de odio como “ANR Nunca Más”, muy bien financiado en el paquete de lo que fue el convenio de la persecución más mediatizada de los últimos tiempos.
Cobraron millonarias sumas de dinero bajo conceptos prometedores que plantean la solución a todos los problemas de corrupción del país, pero en la práctica no existen resultados del trabajo que hicieron para fortalecer la transparencia, el acceso a la justicia, ni la disminución de la impunidad.
Ahora los medios abdistas y sus periodistas instrumentados tratan de instalar una campaña de persecución, mientras siguen manteniendo un severo silencio sobre los millonarios fondos repartidos vía oenegés financiadas en el gobierno anterior por la agencia declarada corrupta el año pasado por los Estados Unidos.
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Abdo Benítez dejó cuantiosos clavos en su desastrosa gestión
Abdo contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.
El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.
Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.
Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos. Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.
20 MIL MUERTOS EN PANDEMIA
La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.
En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SAE, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante la Contraloría. Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.
ELEVADAS DEUDAS
El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.
A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.
También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.
Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.
Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.