El presidente de la Cámara de Diputados Basilio “Bachi” Núñez aseguró que, desde el Partido Colorado, ni del movimiento Honor Colorado no van a propiciar algún proyecto de Ley que restrinja la labor de los periodistas. Recordó la lucha por la libertad de expresión y prensa y aseguró que este es un legado de la democracia que se debe mantener.

De esta forma respondió a los cuestionamientos que se están realizando al pedido de informes que ha solicitado la Comisión Permanente del Congreso a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), respecto al sobrevuelo de dron sobre la residencia del presidente Santiago Peña en San Bernardino.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara Alta, el legislador explicó que no está muy bien enterado sobre de cómo fue debatido y aprobado el pedido de informe; no obstante, señaló que es de la opinión de que la zona donde reside el presidente de la República debería contar con cierta seguridad. Explicó que de no tomar las medidas, personas particulares mal intencionadas podrían sobrevolar la zona donde reside el jefe de Estado y su familia.

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“Ya estuve mirando legislación comparada y en el caso de los jefes de Estado, o en el caso de parlamentarios, ministros de la Corte, creo que se tiende a tener la cautela respectiva. y en su momento, debatir si conviene o no legislar al respecto, como en otros países. Por el momento, no quisiera ahondar en el tema porque desconozco la parte jurídica de lo que pasó, lo mismo de lo que le compete al Regimiento Escolta Presidencial”, expresó.

Remarcó que como legislador está totalmente de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de trabajo de la prensa y que los medios comuniquen. Así también, la clase política debe tener la posibilidad de poder rebatir aquellas informaciones que no se ajusten a la verdad. Recordó que en la actualidad existen otros medios para dar a conocer la postura personal, como las redes sociales, que se pueden utilizar para expresar igualmente lo que se considere pertinente, aseguró.

Aclaró que las declaraciones que pudieran realizar los legisladores en estos momentos lo están haciendo a título personal, atendiendo a que el comando de Honor Colorado no se reunió aún este año, ni tampoco se debatió estos asuntos entre los miembros del movimiento oficialista.

“Son opiniones totalmente particulares, ya lo había dicho hace como dos meses, es que de ninguna manera nosotros vamos a propiciar desde el Partido Colorado un proyecto de Ley que restrinja la actividad de los trabajadores de prensa, de los medios de prensa, así como tampoco restringir la posibilidad de expresión de los ciudadanos”, enfatizó.

Ante la insistencia por las declaraciones en redes sociales del diputado colorado Rodrigo Gamarra, el legislador remarcó que son opiniones muy personales y se debería consultar a él para saber lo que específicamente plantea.

“Yo creo que no está en línea con lo que piensa la mayoría de los que somos integrantes del movimiento Honor Colorado. Se luchó para tener libertad de prensa, libertad de expresión, entonces, es un legado que la democracia nos deja y tenemos que mantener”, acotó.

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El pasado 12 de diciembre el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, firmó la resolución N° 2771 por la cual se reivindica el derecho de los beneficiarios de la reforma agraria, que se dedican a la actividad agropecuaria de forma directa y como actividad económica principal. Mediante este documento se establecen criterios y mecanismos para la adjudicación del inmueble a los beneficiarios.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Ruíz Díaz explicó que están en un proceso para restituir derechos de personas a quienes se les fue negada la posibilidad a ser propietario titular de las tierras en el marco de la reforma agraria, Debido a una mala interpretación de la legislación.

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Al respecto, señaló que observando la Ley 1863 del año 2002, en su artículo 16, inciso d; se establece quiénes pueden ser beneficiarios de la reforma agraria. Mencionó que en el criterio se menciona que “todas aquellas personas que se dediquen de manera directa a la agricultura y cuyo ingresos provengan de la mismas”. Ahora bien, explicó que este artículo no establece ninguna prohibición, solo señala que deben depender de la agricultura.

“En su momento, las diferentes administraciones entendieron que se debía reglamentar este aspecto. Entonces se establecieron algunos criterios que llegaron en algunos momentos a rayar la racionalidad. Poniendo un ejemplo, dijo que si alguien figura en el IPS, no se puede dedicar a la agricultura porque cuenta con una pensión. Entonces, al figurar en IPS ya no importaba si estuvo 30 años en la colonia cultivando, ya era beneficiario para recibir el título. Esto fue un error grave”, explicó.

De igual modo, señaló el caso de algunos docentes, enfermeros, que figuraban como funcionarios públicos con rubros de los respectivos ministerios, tampoco podían acceder a un inmueble porque se interpretaban que sus principales ingresos no provenían de la agricultura sino del rubro que recibía del Estado.

“Con estos criterios se les estaba negando, a docentes o personas que nacieron en una colonia, que vivieron con sus padres, abuelos; pero que lograron un estudio superior y conseguir algún rubro como docente por ejemplo, aunque ejercían su profesión en la colonia ya se les negaba el derecho a acceder al título de propiedad del inmueble”, explicó.

El titular del Indert lamentó que por muchos años se manejaron estos criterios, que claramente eran inconstitucionales, porque se les negaba el derecho de acceso a la tierra.

“Otro de los criterios que considero más aberrante incluso, es el que decía que si tenía RUC, no se le podía entregar un título de propiedad, porque el argumento era que su actividad e ingreso venía de un negocio. Entonces, con este criterio se decía que en la colonia no podía haber ningún comercio legal y que para abastecerse de alimentos, como galletas tenía que viajar 15 kilómetros”, cuestionó.

Al respeto, señaló la incoherencia en la interpretación de la legislación; ya que desde hace tiempo el gobierno de Paraguay estuvo impulsando fuertes campañas de formalización pidiendo a los negocios, comercios, que se formalicen. Mientras que por el lado del Indert, a partir de una resolución reglamentaria, le negaba el derecho a acceder al título de propiedad.

“Son injusticias que por años se tuvieron, que hoy justamente vinimos a la colonia Nueva Germania, para analizar dos casos en particular y observar el grado de injusticia que se cometieron encontramos a dos mujeres docentes, a quienes en reiteradas ocasiones se les negó el título de propiedad. Ellas llegaron a la colonia con 16 y 18 años, con sus familias, luego comenzaron a estudiar, hoy cuentan con dos postgrados y trabajan en la comunidad y aun así se les negó reiteradas veces el título de propiedad”, indicó.

Durante la visita corroboraron que una de las docente cuenta con 14 hectáreas y la otra con 16 hectáreas de tierra, en la que desarrollan no solo la parte de agricultura, sino además apiculutra, ganado menor, producen, queso, huevo. “Incluso hicimos el cálculo de sus ingresos y en uno de los casos, encontramos que una de las docentes el 60 % de sus ingresos mensuales proviene de su actividad agrícola. Lo que vemos es que anteriormente no se hacía estos cálculos, sino que directamente por tener rubro del MEC ya se les negaba el título”, precisó.

Resaltó además, que en estos dos casos, encontraron la característica de que además de ser docentes, agricultoras son madres solteras y cabeza de hogar. Indicó también que hicieron consultas a la comunidad, con varios testigos asegurando que las docentes aportan al desarrollo de la comunidad.

“Tomamos estos dos casos de manera experimental para ver si estábamos en lo correcto. Detrás de estos dos casos, tenemos muchísimos otros de derechos denegados. En el Indert tenemos aproximadamente unas 300 carpetas rechazadas por diversos motivos”, acotó.

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Alejandro Silva acaba de marcar un hito en la historia del país al convertirse en el primer trabajador social con síndrome de Williams en Paraguay. Su logro no solo representa un triunfo personal, sino también un mensaje inspirador de superación para otras personas con discapacidad y sus familias. Desde pequeño, Alejandro enfrentó desafíos que muchos creían insuperables.

El síndrome de Williams, una condición genética poco frecuente, suele estar asociado con dificultades en el desarrollo y el aprendizaje, pero también con una notable capacidad para la empatía y la conexión con los demás. Alejandro decidió transformar esos desafíos en fortalezas, forjando un camino donde pocos habían llegado antes.

Su determinación, el apoyo de su familia y su pasión por ayudar a otros lo llevaron a completar la carrera de Trabajo Social. Con su título en mano, Alejandro está listo para contribuir a la sociedad, demostrando que las personas con discapacidad pueden ser protagonistas del cambio.

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Si bien Alejandro es un ejemplo de superación y determinación, su historia también evidencia las barreras que aún persisten en el sistema educativo paraguayo para las personas con discapacidad. Aunque se han dado avances, queda mucho por hacer para garantizar un acceso equitativo a la educación superior.

En el caso de Alejandro, su padre, Pablino, decidió inscribirse junto a él en la universidad para acompañarlo en su travesía, un gesto admirable, pero que también refleja la necesidad urgente de ajustes y apoyos en el sistema para que las personas con discapacidad puedan cursar con independencia la carrera de su elección.

La preparación universitaria es clave, pues abre las puertas al empleo, y el empleo, a su vez, es fundamental para la vida independiente y la dignificación de las personas con discapacidad. La historia de Alejandro es un recordatorio de que la inclusión educativa y laboral son esenciales para construir una sociedad verdaderamente justa e inclusiva.

“Quiero demostrar que todos tenemos algo que aportar”, afirma Alejandro, quien se ha convertido en una fuente de inspiración y un símbolo de inclusión para Paraguay. Su historia nos recuerda que cada persona merece la oportunidad de alcanzar sus sueños y construir una sociedad más justa e inclusiva. El camino de Alejandro nos invita a reflexionar sobre el poder de la inclusión y a celebrar cada paso que nos acerca a un mundo donde nadie queda atrás.

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El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, resaltó que en este diciembre se tuvo la oportunidad de incluir a unos 7.300 personas a la lista del programa de Pensión Universal para Adultos Mayores, que podrán cobrar en ventanillas del Banco Nacional de Fomento a partir del 23 de diciembre. Esperan que para mediado de enero se estarían entregando las tarjetas de débitos.

El ministro mantuvo una conversación con radio 1020 Am, donde tuvo oportunidad de explicar sobre el procedimiento que deberán realizar para el cobro del beneficio y consultas que realizaba la audiencia. Indicó que con los nuevos ingresados están llegando hasta la edad de los 80 años, para los beneficiados.

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Rojas dijo además que tanto el ministerio, que cuenta con un equipo de funcionarios, que está cooperando con los trabajadores del BNF puede llegar hasta el hogar del adulto mayor en caso de problemas de movilidad del beneficiario. Resaltó que ambas instituciones no tienen ningún inconveniente de movilizarse y llegar hasta el beneficiario que está en cama.

“Tanto en el BNF, que agradezco la predisposición que tienen para cooperar con nosotros con este programa, como también nosotros en el MDS, estamos muy alertas para poder asistirlos”, enfatizó. Mencionó que siempre que los familiares lleguen a una de las dos instituciones, con los documentos que demuestren fehacientemente las condiciones de paciente encamado del beneficiario, podría realizar las gestiones para el cobro del subsidio.

Cuanto antes, puedan comenzar las gestiones los familiares, podrán acceder al pago de la pensión universal. Remarcó que es el BNF el que realiza los pagos y no el MDS, que solo se encarga del proceso de inclusión, que remite la planilla de pago al Ministerio de Economía y esta a su vez es la que transfiere los fondos al BNF que se encarga de realizar los pagos.

La ley incluye de manera prioritaria aquellas personas que sobrepasaron los 60 años con discapacidad, pero el principal requerimiento es que deben estar incluidas en la base de datos de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), figurando con discapacidad severa, que es la institución responsable de determinar el grado de la misma.

Asimismo, sostuvo que están seguros que en un 99 % de lo que figura en la lista son gente que aun viven, aunque no se descarta que exista aun algún nombre de fallecidos. “Estamos actualizando con un trabajo del Mitic, que está trabajando en un sistema informático, para que de forma automática se hagan los cruzamientos de datos. Siempre hay pequeñas inconsistencias por detalles de mala carga, debería haber un margen mínimo, que rápidamente se corrobora y se subsana, generando vacancias para nuevas inclusiones”, precisó.

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