La pobreza, en particular la precariedad laboral, triplica la posibilidad de sufrir de trastornos mentales, alerta el relator especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU en un informe en el que culpa al consumo material y la competitividad de “poner en jaque la salud mental”. En el reporte “La economía del ‘burnout’: pobreza y salud mental” que presenta este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas el relator especial, el belga Olivier De Schutter, subraya que los “trastornos mentales que genera la pobreza constituyen a su vez un obstáculo para salir de ella”.

“Las personas con rentas más bajas tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales comunes que aquellas con rentas más altas”, dice. Más de 970 millones de personas en todo el mundo -el 11 % de la población mundial- padecen algún trastorno mental, de ellos 280 millones sufren depresión y 301 millones, ansiedad, según el reporte, que recuerda que cada año se suicidan 700.000 personas, la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

La depresión es la principal causa de enfermedad. En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre un tercio y la mitad de las solicitudes de prestaciones por incapacidad se deben a motivos de salud mental, y entre los adultos jóvenes se calcula que superan el 70 %, agrega. Solo durante el primer año de la pandemia de covid-19, los trastornos mentales aumentaron un 25 %, según el informe.

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Con más de 1 billón de pérdidas anuales para la economía, “las consecuencias del aumento de los problemas de salud mental son colosales tanto para los individuos como para las sociedades en su conjunto”, alerta. Más que en el debate sobre “cómo aumentar el presupuesto” para los problemas de salud mental, De Schutter aconseja incidir en los “factores que subyacen a esta epidemia de depresión, ansiedad y agotamiento”.

En particular, la “precarización laboral”, aunque también el cambio climático, dijo a la AFP. “Se ha demostrado que el trabajo precario empeora aún más la salud mental, debido a la inseguridad, la falta de poder de negociación, los salarios injustos y los horarios de trabajo extremadamente impredecibles, que hacen imposible lograr un equilibrio saludable entre la vida laboral y la personal”, dice.

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Hace un llamado a los gobiernos a establecer “protecciones legales” que garanticen un “trabajo decente y un salario digno” y “refuercen la protección social proporcionando una renta básica incondicional, desestigmaticen los trastornos de salud mental y faciliten el acceso a espacios verdes que permitan volver a conectar con la naturaleza”.

“Nuestra obsesión por el crecimiento ha creado una economía del agotamiento: una carrera para aumentar los beneficios de una pequeña élite en la que millones de personas han quedado demasiado enfermas para correr”, dice el informe. Aumentar el PIB a toda costa está creando un “maremoto de mala salud mental” en las personas en situación de pobreza, concluye.

Fuente: AFP.

Luis Ortega, accionista del grupo Raízen S.A., calificó de “acertado y necesario” el decreto Nº 1.400 que prohíbe a partir de hoy y por 60 meses la construcción de estaciones de servicio en zonas urbanas. El empresario lamentó que el negocio de las estaciones de servicio se ha vuelto “un carnaval”, debido a que años atrás algunas empresas de estaciones de servicio habían presionado con una acción de inconstitucionalidad, primero sobre algunas ordenanzas de algunos municipios y luego contra el decreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

En comunicación con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, Ortega indicó que mediante las acciones de inconstitucionalidad impuestas, permitía que cualquiera con capital instale las estaciones de servicio donde quiera y no había ningún control.

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“Creo que esto ayuda y mejora un poco el negocio de las estaciones de servicio, un poco, así como se están abriendo estaciones de servicio a una cantidad inmensa; también se están cerrando muchas. Hay una depuración natural muy grande que tal vez en su momento no se aprecia tanto, como la apertura de nuevas estaciones. Pero sí hay muchas estaciones cerradas”, comentó.

Agregó que todo esto va a ayudar para que se dé la depuración natural y permitirá trabajar mejor con este negocio. “Aparte de esto, era necesario, porque no puede ser que se siga sin ningún tipo de ordenanza o decreto que regule la habilitación, siendo que es un aspecto fundamental en este negocio, la seguridad y el medio ambiente. Entonces, creo que este decreto va a ayudar y mucho en estos momentos”, acotó.

Igualmente, coincidió que esta decisión, además de brindar seguridad y cuidado del medio ambiente, valorizará mucho más a las estaciones de servicio que hoy están en funcionamiento. “Inclusive se puede hacer una inversión tranquila, el empresario se a va animar a renovar su estación, invertir en su propiedad, la va a mejorar, agrandar; cosa que antes no se podía, porque se instalaba a lado tuyo otra estación de servicio que tenía una acción de inconstitucionalidad y se valía de ella. Entonces, a partir de ahora va a mejorar todo esto, veremos mejores estaciones”, indicó.

Por otra parte, indicó que desde la firma Raízen S.A. no tenían prevista la expansión de la red de estaciones de servicio, pero sí están trabajando en la modernización y el cambio de emblemas de estaciones ya preexistentes. “Estamos cambiando emblemas de otras estaciones que ya están, ese es el objetivo trazado por nosotros con un plan bastante agresivo, con volúmenes trazados con marketing. Pero ya vamos detrás de estaciones existentes, no de estaciones nuevas”, acotó.

Finalmente, indicó que esta decisión de suspender la habilitación de nuevas estaciones de servicio era una determinación que ya se debía haber tomado antes en el gobierno anterior. “Pero no se hizo, ahora vamos a aplaudir lo que se hizo, si es a tiempo o destiempo, ya no importa. Lo fundamental me parece que esto va a ser la reglamentación y creo que hay que mirar muy bien la situación. Hoy el presente y el futuro y hacer con base a eso una buena reglamentación. Ojalá nos convoquen a todos para que nos escuchen”, mencionó.

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Los datos estadísticos sobre la rea­lidad de los trabajadores del país indican que solo una pequeña parte está debidamente protegida por los servicios del Instituto de Previsión Social (IPS). Esto porque muchas entida­des patronales no cumplen con las normas que obligan a inscribir a sus empleados a la institución previsional, prefieren eludir las leyes y operar en negro. Esto demues­tra también que hasta ahora las entidades estatales involucradas no han operado con la suficiente eficiencia para hacer cumplir la ley. Y revela al mismo tiempo que no han existido políticas efectivas para solucionar este grave inconveniente legal que tiene serias consecuencias sociales y económicas en la sociedad paraguaya.

Normalizar esta situación que tiene décadas de existencia es uno de los trabajos que el Gobierno que asumió en agosto pasado tiene por delante, tarea que requerirá la colabora­ción del sector privado involucrado.

De acuerdo con estudios realizados por entidades especializadas, de cada 100 tra­bajadores que operan en el país solo 25 aportan al IPS, lo que significa que los 75 restantes no lo hacen y están fuera del alcance de los beneficios de la institución. Son cifras que muestran el feo rostro de la realidad que atañe a la mayor parte de la sociedad paraguaya.

El Centro de Estudios Económicos (CEE) realizó un trabajo estadístico que indica que el 75 % de la población económica­mente activa no tiene el seguro social del IPS. Lo que indica que está operando en la informalidad, con todo lo que ello implica desde el punto de vista legal. La población económicamente activa representa el 51 % de la población total del país, que es de 6.109.644 personas, según el último censo. De acuerdo con el estudio, hasta diciem­bre último en IPS había 914.115 cotizantes titulares y 1.557.467 asegurados.

Estos números revelan con mucha preci­sión el gran porcentaje de entidades que no operan dentro de la legalidad y lo mucho que se tiene que hacer en ese campo, sea para incrementar la recaudación de la enti­dad previsional como para proporcionar la protección sanitaria y la posibilidad de jubilarse a tantos trabajadores.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social es el organismo estatal encar­gado de velar por la vigencia de los dere­chos de los trabajadores del país. Tiene la obligación de hacer que los empleadores cumplan con todas las normas relaciona­das con la protección de las personas que dependen laboralmente de ellos. Por lo que debe encarar una política de gran alcance para regularizar la situación de tantas empresas que hasta ahora no están cum­pliendo las leyes de protección laboral. Para esta tarea debe trabajar de manera conjunta y coordinada con otras institu­ciones, como el IPS, la Policía Nacional e instituciones privadas.

Por otro lado, las entidades gremiales que agrupan a las empresas, como la Feprinco, la UIP y otras de la misma índole, también deben involucrase haciendo que los patro­nes que no están observando las leyes den cumplimiento a sus obligaciones como corresponde. En el Congreso Nacional se deben proponer normas que obliguen a los que contratan trabajadores a actuar legal­mente, así como se exige el cumplimiento de las disposiciones impositivas.

El IPS no tiene que quedar pasivo ante esta situación, porque aparte de ser el principal perjudicado monetariamente, le corres­ponde el compromiso de hacer que la pro­tección previsional alcance a todos los que trabajan.

Desde el punto de vista legal, es una ver­güenza para todo el país que de cada cua­tro personas que laboran solo una esté aportando al IPS. Mirando desde el lado humano, es casi criminal que se esté jugando de ese modo con la mayoría de los trabajadores, privándoles de la protección que legalmente les corresponde. Conside­rando la situación desde cualquier posi­ción, es un hecho inaceptable que requiere de una pronta corrección mediante la acción de los organismos estatales compe­tentes y la colaboración de los gremios de trabajadores y patronales que están invo­lucrados en el tema.

La esclavitud está fuera de las leyes para­guayas y de las normas internacionales. No hay por qué aceptar pasivamente que la mayoría de los trabajadores sigan en un régimen de semiesclavitud por la debilidad de algunas instituciones estatales y la falta de compromiso social de los que no quie­ren cumplir con las leyes.

Directivos de la Cámara Paraguaya de Proce­sadores de Oleagi­nosas y Cereales (Cappro) y el presidente de la República, Santiago Peña, tuvieron un encuentro donde socializaron acerca de las políticas nece­sarias para consolidar creci­miento del sector industrial. Destacaron iniciativas del Gobierno, además de la impor­tancia de la Unión Europea para toda la cadena de valor de la soja paraguaya.

Ayer, el presidente de la Cappro, Antonio Iati, acom­pañado del director, Enrique Ohaco, y la gerente general, Sandra Noguera, fueron reci­bidos en audiencia por el jefe de Estado, Santiago Peña, en Mburuvicha Róga, para con­versar sobre temas de gran relevancia para la agroindus­tria.

Primeramente, las autorida­des de la cámara agradecie­ron la iniciativa que tuvo el Gobierno, del año anterior, de elevar el porcentaje mínimo de mezcla de biodiésel hasta el 5 %, lo que significará un incre­mento de la demanda interna de los aceites vegetales. Ade­más, permitirá seguir agre­gando valor a las materias pri­mas agrícolas nacionales, con un gran beneficio para el país.

En un comunicado publicado al mediodía del lunes, men­cionaron que conversaron sobre las políticas públicas que el sector agroindustrial necesita para consolidarse en el país y seguir creciendo. Entre las primeras, citaron la necesidad de un esquema de equiparación tributaria para la industria aceitera con relación al resto de las indus­trias que exportan dado que actualmente es la única que no tiene derecho a la devolución del IVA al exportar productos industrializados.

Por otro lado, se refirieron a la lucha frontal y permanente contra el contrabando, siendo esta una de las políticas públi­cas fundamentales para seguir potenciando el crecimiento. El tercer eje fundamental, indi­caron, es el establecimiento por ley del régimen de admi­sión temporaria para impor­tar materias primas agrícolas y, por último, seguir trabajando para asegurar la producción sustentable, de modo de que el país se adapte a las exigen­cias de los consumidores.

Sobre este último punto, con­siderando los últimos traba­jos para que la soja y sus pro­ductos derivados puedan contar con un sistema de tra­zabilidad, al igual que la carne y otros productos, aclararon sobre la importancia que tiene la Unión Europea para toda la cadena de valor de la soja paraguaya, así como la economía nacional. “En con­diciones normales respecto al clima, la producción de soja ronda los 10 millones de tone­ladas por año y, conforme a las estadísticas del año pasado, se exportaron 7,1 millones de toneladas a países que están directa o indirectamente alcanzados por el reglamento 1115 de la UE”, añadieron. Desde el gremio destacaron que el presidente de la Repú­blica escuchó las observacio­nes y resaltó la importancia de trabajar en herramientas que permitan que la produc­ción paraguaya mantenga y acceda a más mercados.