Seguimos atravesando por una de las crisis económica y social más complejas de los últimos años, afectando al normal desenvolvimiento y evolución de nuestra macro y microeconomía.
Resulta preocupante la situación de pobreza y pobreza extrema por la que pasan miles de compatriotas, además de los elevados niveles de desocupación, agravados por la última pandemia sanitaria, en un mercado estrecho como el nuestro, donde la evolución de la gestión económico-financiera de las empresas no han podido aún despegar a los niveles deseados, viéndose muchas de ellas obligadas a tener que reducir su plantilla de personal y otras a “bajar sus persianas” estimándose que recién para este 2023 las cosas podrían ser diferentes.
Nuestra actividad agrícola en el 2022, que ha sido históricamente el principal componente del PIB a nivel país, también se vio afectada, con una sensible disminución en la cosecha de granos vs. el 2021, impactando en forma directa en el nivel de ingresos de divisas y por ende en nuestra balanza comercial que ha sido negativa al cierre del último ejercicio, luego de varios años.
A todo ello, se agregan los niveles de inflación acumulado, siendo la del 2022 la más elevada de los últimos años, restando capacidad de compra a nuestra gente, aun considerando el último ajuste del salario mínimo en 11,3%, pero que no ha sido suficiente para la cobertura de los incrementos en los precios de artículos de consumo de primera necesidad.
Nuestra industria procesadora de granos también se ha visto afectada, pues ante la menor cosecha de soja en grano (aproximadamente un 70% menos vs. la zafra 2021), pudieron trabajar a no más del 57% de su capacidad instalada de producción, quedando ocioso más del 40%, cifra elevada impactando negativamente en su estructura de costos y gastos operacionales.
Estamos en un período preelectoral donde, si bien las coordenadas a esta altura ya están casi definidas a favor de la ANR con vistas a la elección del próximo 30 de abril, nuestras autoridades en gran parte del año pasado les han venido dando mayor relevancia a los temas políticos antes que a los domésticos, que atañen a nuestras instituciones, esperando que este 2023 sea positivo desde el punto de vista macro y micro como se los proyecta preliminarmente, que nos permitirían de nuevo cerrar el año con un crecimiento económico positivo.
Esperábamos del actual gobierno un protagonismo mucho más dinámico, ya que como administradores de la cosa pública que los son, tienen la obligación de concentrarse día a día en la problemática económica y social que nos aqueja, orientando sus esfuerzos a revertir por lo menos parcialmente la situación deficitaria del 2022.
En los últimos 4 años, los niveles globales de endeudamiento público se incrementaron en un 84%, y el déficit fiscal del 1,5%/PIB ha trepado al 3,6% del PIB, a lo que se agregan importantes montos de gastos corrientes que engrosan el PGN, equivalente a más del 70% de los ingresos tributarios que nos debe llevar a realizar cuanto antes la necesaria reestructuración del Estado en los 3 poderes, a través de una reingeniería global, de tal forma que la ciudadanía pueda ser acreedora de una mejor calidad de servicio, dada la alta burocracia y una superpoblación de funcionarios públicos en plena era de la tecnología y procesos digitales.
Nuestros legisladores deben involucrarse más en la problemática económica actual de nuestro país, puesto que hasta ahora al menos la gran mayoría de las plenarias están orientadas a tratar temas políticos y electoralistas y precisamos reavivar a nuestra maltrecha economía, ya que muchísima gente vive con los bolsillos vacíos.
Miles de compatriotas están pasando mal por falta de fuente de trabajo y otros sin poder superar su situación de pobreza, un sistema de salud pública deficiente al igual que la calidad educativa en un país como el nuestro donde la inversión no llega tan siquiera al 3%/PIB, cuando que lo recomendable es que no sea inferior al 7%/PIB.
El deficiente desempeño observado en los últimos años difícilmente podría ser revertido por esta administración a la que ya le queda nada más que 6 meses, por lo que la pesada mochila recaerá en el próximo gobierno.
La política y la economía no son compartimientos estancos. Están íntimamente ligadas. La política es la organización de la sociedad que requiere de recursos para destinarlos a actividades regladas por la Constitución y las leyes.
La economía, por su parte, es la acción humana mediante la cooperación social de la libertad y la propiedad privada. De ella surgen los recursos para que la política asigne las partidas presupuestarias al Estado para que este cumpla con sus funciones.
El Estado como organización jurídica y política debe garantizar la seguridad y la predecibilidad mediante legislaciones que no molesten la creatividad e innovación del sector privado. Fue lamentablemente el socialismo el que desvinculó la política de la economía porque consideró desde sus inicios como teoría social que la economía debía regirse por medidas estatales apelando a la fuerza de la revolución, un error que costó muertes y hambre.
La razón por la que insisto sobre la teoría económica de la libertad relacionada con la Escuela Austríaca de Economía está en que la misma permite comprender mejor la realidad. La economía y la política merecen ser analizadas desde una perspectiva correcta.
En tal sentido, la función empresarial es la fuente de creación y distribución de riqueza, de mejores salarios, empleos y oportunidades para todos, mediante el ahorro, las inversiones, la creatividad y la innovación. La función empresarial provee satisfacción a los consumidores.
Son los consumidores los que deciden qué, cuándo y cuántos bienes y servicios se producirán y se comercializarán. Y los gobiernos mediante su intervención en los mercados deben bajar el costo del intercambio privado, no afectando la competitividad.
Y si la competitividad es la capacidad de una empresa para crear e implementar estrategias para aumentar su cuota de productos y servicios, entonces, esa tarea únicamente lo pueden hacer los individuos y las empresas privadas en el marco del libre mercado.
La economía, sin embargo, está expuesta a los “ruidos” ocasionados por los escenarios políticos nacionales como internacionales.
Los gobiernos deben hacerse a un lado en la economía y hacer lo que deben realizar, esto es, facilitar a las personas su seguridad personal como jurídica. Más allá de estas funciones sobrevienen tormentos para la gente. Las empresas como unidades de capital y trabajo requieren para su formación y sostenibilidad en el tiempo de un Estado garante del orden y la ley, entendido como la preservación de la libertad y la propiedad privada. No hoy otro modo.
Ello no significa dejar de lado la influencia del Estado. El gasto público y el mal gasto afecta a la competitividad empresarial puesto que desvía recursos hacia sectores ineficientes impidiendo a su vez la formación del ahorro y la inversión.
Cuando se interviene la función empresarial mediante más impuestos, deudas, trámites y burocracias asfixiantes se afecta al desarrollo de la nación. El Estado intervencionista es un enemigo para las personas de bien.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.
La discusión que enfrenta a Milei con el fútbol argentino: ¿clubes o empresas?
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Argentina juega un importante partido entre el gobierno que impulsa el ingreso de capitales privados al fútbol local y los clubes deportivos, que rechazan esta idea argumentando que amenaza su rol social comunitario. Pero este modelo es una realidad en Brasil, México y Uruguay. El presidente argentino, Javier Milei, promulgó dos decretos que buscan que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acepte convertir los clubes en sociedades anónimas deportivas (SAD), pero ambos fueron detenidos en la justicia.
Los impulsores dicen que los clubes se verán beneficiados por el ingreso de capital privado, pero los detractores argumentan que los inversores se llevarán el dinero del fútbol desfinanciando a otras actividades de la institución que dependen de esos ingresos. Mientras Milei afirma que ello permitiría que Argentina tenga una liga local “de muchísima mejor calidad”, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, asegura que este “no es el modelo” de fútbol que llevó al país a ganar recientemente dos copas América, en 2021 y 2024, y el Mundial de Catar-2022.
¿Y los rivales?
En el eterno rival de Argentina, Brasil, está permitido este modelo de club. Se llama Sociedades Anónimas del Fútbol (SAF) y fue aprobado por el Congreso en 2021 para facilitar el rescate de instituciones con problemas financieros o impulsar aquellas con las cuentas en orden. Pero en el país del ‘jogo bonito’ los clubes no tienen un vínculo estrecho con los barrios donde surgieron u operan, como sí pasa en la tierra de Lionel Messi y Diego Maradona.
La mayoría de los socios no tienen derechos políticos, reservados para quienes pueden pagar una costosa cuota y acceder a un “título” que, eventualmente, les da derecho a votar. Tras convertirse en SAF, algunos de los equipos siguen en aprietos económicos y no han tenido mejoras deportivas. Pero otros sí, como el Botafogo que, en noviembre de 2024, lidera la liga brasileña y es finalista de la Copa Libertadores, tras años de poco protagonismo y varias visitas a la segunda división.
En su vecino Uruguay, desde 2001 se puede competir en la liga nacional como sociedad anónima. Deportivo Maldonado, con sede muy cerca del famoso balneario Punta del Este, se convirtió en 2009 en la primera SAD registrada en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El centenario club de la ciudad de Maldonado, a unos 130 km de Montevideo, ascendió en 2019 a primera división y en 2023 clasificó a la segunda fase de la Copa Libertadores. En la vecina San Carlos está el club Atenas, que fue adquirido por una sociedad anónima que llegó a poner al exdelantero de la selección uruguaya y exManchester United Diego Forlán como director técnico.
Pero Forlán duró un semestre y dejó a Atenas envuelto en una pelea con el grupo inversor. Tras dos años de intentos fallidos por ascender de categoría, la sociedad abandonó el club que ahora busca inversores para poder permanecer en el fútbol uruguayo, donde la mitad de los equipos son SAD. Al norte, en México, la mayoría de los equipos son propiedad de empresarios particulares o de grupos de inversores. Desde 2024, el América y el Estadio Azteca cotizan en la Bolsa de Valores mexicana como cualquier otra empresa.
Socios en el buffet de la sede Boedo del club argentino San Lorenzo en Buenos Aires, el 24 de octubre de 2024. Foto: AFP
Valores sociales
El argentino Gabriel Nicosia recuerda que hace 40 años paseaba con su madre frente al club San Lorenzo, que aún frecuenta para ejercitarse y charlar con los del barrio. Ahora teme que si la institución se vende a una empresa como lo promueve el presidente del país, Javier Milei, esa vida comunitaria desaparezca. El debate sobre la incorporación de las sociedades anónimas deportivas (SAD) al fútbol argentino saca chispas entre el gobierno y la mayoría de los clubes, cuyos dirigentes y socios suelen oponerse a la idea.
“Me acuerdo de ir de la mano con mi vieja (madre) y pasar por el club, de caminar por abajo de las tribunas, todas de madera”, rememoró Nicosia, fanático de San Lorenzo “desde siempre”. En la sala de musculación, el contador de 50 años saluda a otros socios que, como él, juegan fútbol, básquet o planifican una kermese mientras los niños practican danza, natación o artes marciales. Muchos padres esperan en la cafetería, decorada con banderas que evocan títulos internacionales y jugadores de la selección de fútbol.
Pero si este club, del que también el papa Francisco es hincha, se convierte en empresa, “podrían cambiar muchas cosas y perderse los valores sociales”, cuenta a la AFP Nicosia, en la sede del barrio de Boedo, en Buenos Aires. En Argentina, los equipos que compiten en fútbol profesional son asociaciones civiles sin fines de lucro controladas por los socios, que pagan una cuota mensual y tienen derechos políticos. Brindan “contención y posibilidades” sociales, como las 300 becas para que jóvenes del barrio marginal vecino disfruten de la piscina, explicó a AFP Martín Cigna, director de San Lorenzo.
Los becados se preparan a un paso de donde entrenan los jugadores del equipo de fútbol profesional, varios de ellos millonarios. A diferencia de otros países de la región, como Brasil, donde los clubes están menos vinculados a las comunidades, en Argentina estas pequeñas entidades, como el humilde Parque en Buenos Aires, proveen de juveniles que luego serán grandes futbolistas a equipos de primera categoría. Este club barrial trabajó con Argentinos Juniors, donde debutó Diego Maradona, y formó a otros campeones del mundo como Sergio Batista y Alexis Mac Allister, o internacionales como el ex Manchester United y Manchester City Carlos Tévez.
Un profesor de natación enseña a los niños en la piscina del estadio Boedo del club argentino San Lorenzo en Buenos Aires, el 24 de octubre de 2024. Foto: AFP
Vieja discusión
En su estatuto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no permite que un club deportivo con otra forma jurídica, como las SAD, compita en sus ligas. Las SAD pondrían en riesgo actividades que no sean fútbol profesional, ya que “aquello que no da ganancia se va a cerrar, esa es la lógica comercial”, explicó a la AFP Verónica Moreira, especialista en estudios sociales del deporte. La discusión ganó espacio antes de las elecciones que consagraron presidente de Argentina a Milei el año pasado.
“¿A quién carajo le importa quién es el dueño si ganás (...) cinco a cero y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos, cada vez, de fútbol de peor calidad?”, había dicho el entonces candidato semanas antes de ser electo en noviembre. En dos decretos, su gobierno intentó forzar a la AFA a aceptar la posibilidad de que los clubes sean manejados por SAD, lo cual fue repudiado por la comunidad futbolística y detenido en la justicia. “No es para nuestro modelo de fútbol”, replicó en agosto el presidente de la AFA, Claudio Tapia, bajo cuya gestión Argentina obtuvo el Mundial de Catar-2022 y dos veces la Copa América, en 2021 y 2024.
Según Moreira, “en las asociaciones civiles lo que se gana se reinvierte en el club”, mientras que un privado “que invierte el dinero, después se quiere llevar esa ganancia”. Pero quienes defienden las SAD no lo ven así. “Esto es a favor de los clubes. Estamos convencidos de que puede ser el camino”, dijo al canal local TN el secretario de Turismo y Deporte, Daniel Scioli. “¿No estaría bueno que se puedan mejorar las instalaciones?”. Antes de Milei hubo intentos de permitirlas: a fines de la década de 1990 y durante el gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-2019).
Deficitarios
Algunos dirigentes de clubes son favorables al ingreso de capitales privados, como el presidente del centenario Estudiantes de la Plata, el exManchester United Juan Sebastián Verón, quien afirmó que se prepara “para otro tipo de apertura”. Pero la mayoría se opone, como Cigna, quien explicó que San Lorenzo además de lo deportivo, también facilita asistencia social para la compra de anteojos o plantillas para pies. “Este año vamos a terminar con un déficit de cerca de un millón de dólares y eso se solventa con el resto de los ingresos que tiene el club, mayoritariamente del fútbol profesional. Con las cuotas sociales no alcanza”, señaló el dirigente.
Al otro lado del río Matanza-Riachuelo que divide Buenos Aires de la provincia homónima está el competitivo club Lanús, que cobija más de 30 disciplinas entre deportivas y artísticas, escuelas primaria y secundaria. Sus más de 25.000 socios practican actividades que “serían deficitarias” sin el dinero del fútbol, explicó a la AFP su presidente, Luis Chebel. El directivo también está en contra de la incorporación de las SAD porque los fondos necesarios para mantener esa dinámica “se los llevarían los que ponen el dinero”.
El concejal Sergio Melgarejo indicó que Nueva Italia, lo que más necesita su gente son fuente de trabajo y para eso están buscando las opciones que permita contar con una fábrica que pueda dar mano de obra a la gente. Foto: Gentileza
Dirigente de Nueva Italia entrega 500 nuevas afiliaciones a la ANR
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El concejal municipal y presidente de Seccional de la ciudad de Nueva Italia, Sergio Melgarejo, entregó esta semana en la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) una carpeta con 500 nuevas afiliaciones al Partido Colorado.
En su visita a la radio ANR on line, el dirigente destacó que están trabajando con la comunidad, visitando a la gente y conociendo de cerca sus necesidades, entendiendo que la política es servicio permanente a la comunidad.
Destacó que lo que más necesitan los ciudadanos de Nueva Italia, son fuente de trabajo y para eso están buscando las opciones que permitan contar con una fábrica para dar mano de obra a la gente. Resaltó que en el mes de noviembre, con los miembros de la Seccional realizarán una visita barrio por barrio para lograr más afiliaciones. Dijo que en la Seccional cuanta con 24 miembros, de los cuales 18 son de Honor Colorado.
Sergio Melgarejo, ex policía y ex árbitro internacional, así como su esposa, también es árbitra, y juntos están trabajando para que Nueva Italia sea cada vez mejor, entendiendo que ese es el fin de la política.
Agregó que Nueva Italia está a 10 minutos de todos los puertos en Villeta, lo que hace más fácil pensar en la posibilidad de instalar fábricas que pueda dar mano de obra digna a la gente y en eso está enfocado todo su equipo.
Melgarejo sostuvo que gracias al trabajo conjunto que realizaron con el SNPP, unos 900 jóvenes ya culminaron varios cursos de mandos medios y se recibieron en varias profesiones.
La Justicia Electoral llevó adelante una mesa redonda con jóvenes líderes que fueron convocados para participar en un espacio de diálogo y aprendizaje. Foto: Gentileza
Justicia Electoral impulsa la participación de jóvenes en el ámbito político
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La dirección de Participación Ciudadana de la Justicia Electoral llevó adelante este martes, una mesa redonda con jóvenes bajo el lema: “Avances y retos para la participación política de las juventudes”. El evento contó con la presencia del ministro Jorge Enrique Bogarín González, miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
La actividad convocó a jóvenes líderes a participar en un espacio de diálogo y aprendizaje, con el objetivo de abordar temas como el rol de las juventudes, para fortalecer la democracia en el país a través de la participación política.
Al respecto, el ministro Bogarín sostuvo que los jóvenes son y serán los protagonistas a la hora de hablar de participación porque cuando se haba de juventud, se habla de democracia. “Esa democracia que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de elegir y controlar a sus gobernantes”, indicó.
En otro momento, opinó que siempre los jóvenes son llamados el futuro del país, “pero en realidad ratifico que son nuestro presente, sin ustedes no podemos ni debemos hablar de democracia, los necesitamos para seguir construyendo y fortaleciendo la democracia en nuestro país”, culminó el ministro del TSJE.
De acuerdo al informe oficial, el panel debate estuvo integrado por Pedro José Gómez Silva, diputado nacional; María Mercedes Roca Caballero, concejal departamental de Central; César Escobar, presidente de la Junta Municipal de Asunción y Tatiana Espínola, presidenta de la Asociación de Parcialidades Indígenas del Paraguay.
Señalan además, que del evento participaron María Verónica Ygarza, directora de la carrera de Derecho de la Universidad Americana y Silvia Morimoto, representante residente del PNUD en Paraguay.
Asimismo, indicaron que la Mesa redonda con juventudes de la Justicia Electoral se realiza con el apoyo de la Universidad Americana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fue transmitida en vivo a través de las cuentas oficiales de redes sociales en YouTube y Facebook.