Esta semana, las autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) sorprendieron con el anuncio de que a partir del próximo año pondrán a la venta para el mercado interno 1.000 MW de la potencia que tiene disponible para su uso nuestro país. Si bien se aclaró que la propuesta es aún incipiente, se informó que las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones serán publicadas en breve y se maneja la posibilidad de que con esta iniciativa se podrían atraer inversiones. Además, al comercializar nuestros excedentes energéticos, a través de la Ande, el Estado contaría con mayores recursos como para aplicarlos en lo que más beneficie a la sociedad.
Sin embargo, hay que ser realistas y también las autoridades de la empresa estatal deberían sincerarse con la ciudadanía, puesto que, una cosa es “poner a disposición” y otra muy diferente es “disponer” de la potencia que se está ofreciendo. En ese sentido es necesario aclarar que los contratos de potencia son acordados generalmente con mucha anticipación y además implicaría una erogación importante para la Ande, por lo que la concreción del proyecto podría demorar entre uno a dos años como mínimo; es decir, los resultados no verán de inmediato y, además, si aplicáramos la tarifa vigente en Itaipú actualmente, estaríamos hablando de unos 540 millones de dólares adicionales que debería erogar la empresa eléctrica sumado a lo que actualmente está contratando de la hidroeléctrica.
Todo esto nada menos que en las puertas del 2023 donde se debería iniciar la revisión del Anexo C del Tratado con el Brasil y en medio de una dura negociación precisamente para definir el precio de la energía generada en la usina binacional.
Esta nueva improvisación bajo el actual gobierno denota la falta de un rumbo en el sector energético nacional pese a contar con una política energética definida hasta el 2040. Pero, poco o nada se ha hecho para establecer una posición sólida que nos permita enfrentar la actual coyuntura. Por eso, estimo que no debe resultar nada fácil para la Ande defender la “posición intransigente” de la Cancillería que se ha plantado y busca mantener la tarifa actual de Itaipú, pese a que el propio tratado indica que debería bajar.
Acá lo único que resta es quizás seguir peleando y acordar una tarifa intermedia y que sea a la vez razonable para ambos países. Considero que sería mucho más fácil lograr un acuerdo en este escenario puesto que, se podrán ejecutar los proyectos de infraestructura considerados estratégicos por la Ande y además, se tendrán asegurados los recursos para los gastos de responsabilidad social que también cumplen un rol importante para la economía nacional por todo el movimiento que generan.
Aunque es indisociable de decisiones políticas internas, para que la sociedad perciba los beneficios que podrían proporcionar las binacionales, los objetivos primordiales para cualquier entendimiento deberían ser: el logro de una tarifa lo más baja posible, la comercialización directa de nuestros excedentes energéticos en los países vecinos y el establecimiento de mecanismos que garanticen el cobro de las acreencias tanto por compensación de cesión de energía como por la utilización de los recursos naturales, más conocidos como royalties, de modo a incrementar los beneficios para la Ande, el Gobierno Central, las gobernaciones y municipios.
Pero, para lograr todo esto, lo que debemos tener en claro son las posibilidades que poseemos en esta negociación y lo que queremos lograr, además de elegir a las personas adecuadas para poder concretarlas. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.