En Paraguay, pocos temas son abordados con tanta hipocresía como la situación penitenciaria. No genera popularidad ni mucho menos votos. Sectores de la sociedad asumen (en voz baja, como corresponde) que los reclusos deben estar “nomás ahí”, mucho ya es con que sigan existiendo.
Lo que se vio esta semana en Tacumbú es apenas una muestra de lo que en realidad pasa todos los días dentro de los lugares de reclusión. En el alcoholismo o la drogadicción dicen que la rehabilitación es un día a la vez, en las penitenciarías, mantenerse con vida es una hora a la vez. Cada hora que se sigue vivo o sin sufrir una lesión se festeja.
Y si a los elementos hartamente conocidos como el hacinamiento, la falta de inversión, los problemas de salud, se le suma nuestra vieja amiga, la politiquería, el rostro menos favorecido de la política; estamos ante la peor de las mezclas. La política penitenciaria precisa un enfoque de proceso, asumiendo que llevará tiempo, pero para eso precisa iniciarse y es en la ruta en la que se está desde el gobierno anterior y la administración actual liderada por Cecilia Pérez, con una interrupción en el medio por la que hasta ahora se están pagando facturas.
Sobre este motín en particular, el traslado a otro lugar de reclusión de quien aparentemente era un elemento importante en el esquema interno de distribución de drogas es real. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ahora bien, es imposible no tener en cuenta que se da justo en medio de una guerra subterránea que se está dando por controlar el poder de todo lo que hace al Ministerio de Justicia. Es más, raramente esto se hace público; sin embargo, en este caso actores protagónicos no tuvieron problemas en admitir que a pesar de ser una cartera que genera muchos problemas y en la que se precisa extrema creatividad, es codiciada por un par de sectores. Queda en cada uno imaginar por qué y sobre todo para qué.
La forma en que se resolvió la crisis o, al menos, se contuvo una que podría haber sido mucho peor, posiciona fuertemente el liderazgo actual al frente del Ministerio de Justicia. Lo que fue pensado para amedrentar y medrar, terminó siendo un elemento de fortalecimiento.
Sin embargo, nuestra vieja amiga la politiquería sigue rondando a la cartera de Justicia cual yryvu hambriento. La mejor manera de espantarlo definitivamente es que se imponga esa mala palabra que empieza con p y termina con a, la política. La de verdad.
El día en que la violencia se convirtió en horror en el penal de San Pedro
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Por Sara Valenzuela
Todo hacía suponer que esa tarde del 16 de junio de 2019, hace seis años, sería tan apacible como las anteriores, pero el destino tenía reservada una espantosa sorpresa. El sol rojo del ocaso se hizo eco de la sangrienta noticia: un violento enfrentamiento se había desatado entre clanes rivales en el interior de la penitanciaria de San Pedro. La sorpresa paralizó a los paraguayos, que en muchos casos accedieron a través de redes sociales y WhatsApp a imágenes que eran difundidas por los mismos reos de lo que era una terrible matanza a puertas cerradas.
Un enfrentamiento entre internos pertenecientes al grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela era la primera información que surgía al mediodía de aquel domingo, pero minutos después fotografías y videos confirmaban que el motín había escalado de manera mortal.
El infierno se instaló en el penal de San Pedro; las primeras imágenes mostraban peleas cuerpo a cuerpo con armas blancas de fabricación casera, hombres ensangrentados, cuerpos apilados y un macabro juego con cabezas, esto seguido de incendios: fuego provocado en el interior de las celdas para quemar a otros reos.
El contenido de aquellas imágenes se logró confirmar más de tres horas después de que el enfrentamiento hubiera iniciado y convirtiera el penal de San Pedro en tierra de nadie, ya que los custodios se vieron sobrepasados y solo podían aguardar a la respuesta conjunta de los equipos tácticos policiales y militares que buscaban la manera de ingresar con la menor cantidad de bajas posible.
Aquel día, 10 personas privadas de su libertad fallecieron, y 11 resultaron gravemente heridas. De aquellas 10 personas, 5 fueron decapitadas con armas blancas tipo machetes, 3 fueron quemadas vivas en sus celdas, una recibió un disparo y la última falleció camino al hospital debido a las múltiples heridas que tenía.
Estos homicidios fueron parte del terrible acto de venganza del grupo criminal brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC), afincado en las cárceles paraguayas en aquel momento con fuerte poderío económico y apoyo logístico, contra el clan enemigo, buscando así dejar un mensaje claro de poderío.
El comunicador Mario Luiz Ledezma. Foto: Gentileza
El comunicador Mario Luiz Ledezma, quien en aquel momento se desempeñaba como camarógrafo de un medio local, recordó en conversación con La Nación/Nación Media que aquel 16 se preparaba para compartir con su familia la celebración del Día del Padre cuando recibió la llamada, debiendo abandonar a sus seres queridos para acudir a informar.
“Cuando llegamos ya había efectivos policiales que custodiaban el lugar, y también ya estaban familiares de las personas privadas de libertad que llegaron hasta el lugar para solicitar información sobre sus familiares porque muchos se enteraron de lo que estaba pasando adentro y la magnitud de los hechos. Estaban desesperados por saber si sus familiares estaban bien”, comentó Ledezma.
El mismo reconoció que cuanto más pasaban los minutos y luego horas, la preocupación de los familiares crecía, pero también la de los pobladores de todo San Pedro, ya que los mismos temían que los reos lograsen escapar o que la situación saliera de control y que aumente el número de víctimas.
“Muchas personas estaban con miedo y no solo por los reos, sino porque aquel día había muchas personas que fueron hasta el penal en día de visita por el Día del Padre y se temía que no pudieran salir. Entre esas personas estaban personas que nosotros conocíamos, que eran de la zona, porque es una penitenciaria en la que hay muchos sanpedranos también y, lógicamente, toda la comunidad estaba pendiente”, relató Mario Luis.
En vilo
De esta forma, una ciudad considerada como tranquila y sin mayores episodios de violencia se vio completamente consternada ante las diversas posibilidades críticas que se podían dar, en medio de una ola de información macabra y lamentable que solo tardó minutos en llegar prácticamente a todos.
“Hubo una conmoción total cuando empezaron a llegar las primeras informaciones, porque si bien la penitenciaria se había construido alejada del casco urbano, ya para aquel entonces había nuevos asentamientos que rodeaban la zona”, recalcó Mario Ledezma.
El comunicador destacó además que tras este impactante suceso, la propia comunidad sanpedrana se manifestó en varias ocasiones exigiendo que la seguridad del lugar sea reforzada y que los controles se vuelvan más estrictos para garantizar no solo la seguridad de los reos, sino la de todos los ciudadanos.
En total fueron 24 los acusados por las decapitaciones ocurridas en el penal de San Pedro. Foto: Lorenzo Agüero.
Tras la tragedia, las investigaciones iniciaron inmediatamente, de manera que las destituciones, sumarios administrativos y juicios llegaron por añadidura. Desde el Ministerio de Justicia también se trabajó en un protocolo de respuesta para esta situación, lo que originó planes de seguridad más estrictos y un modelo de descongestión carcelaria.
En total fueron 24 los acusados por las decapitaciones ocurridas en el penal de San Pedro. Del total de acusados, 14 participaron presencialmente del juicio, mientras que otros 10 lo hicieron vía telemática desde el Centro de Rehabilitación Social de Encarnación y desde la Penitenciaría Regional de Concepción.
El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño se refirió a su postura frente a los pedidos de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, que fueron tratados el pasado miércoles en la Cámara Baja.
Mientras que votó a favor de la intervención en Asunción, optó por la abstención en el caso de Ciudad del Este, marcando así una diferencia dentro de la posición adoptada por la multibancada opositora.
“Es una posibilidad de controlar. La comisión tiene muy poco tiempo para llegar a una convicción o documentar hacia dónde está la razón. Por eso, para mí la tendencia es ir por la intervención porque entiendo que es un procedimiento de control y transparencia, y esa siempre ha sido mi fundamentación”.
Avalos Mariño defendió la constitucionalidad del proceso iniciado por la Contraloría General de la República y sostuvo que, a su entender, ambos pedidos de intervención, tanto el de Asunción como el de Ciudad del Este, se ajustan a los parámetros legales.
“La abstención de ayer fue más que nada porque en la multibancada se resolvió votar en contra de la intervención. Les expliqué a los compañeros que, por una posición que vengo sosteniendo desde siempre, se me iba a hacer muy difícil votar en contra. Entonces, un término medio fue la abstención”.
El 8 de abril del 2008 se hacía pública la denuncia por filiación de Viviana Carrillo contra el entonces presidente de la República, Fernando Lugo. Foto: Archivo
Hace 16 años, una joven reclamaba la paternidad de un presidente y exobispo
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El 8 de abril del 2009 saltaba uno de los mayores escándalos en la investidura presidencial, que involucraba a una joven mujer y un presidente de la República. El nombre de Viviana Carrillo, una mujer de 26 años, aparecía en los medios causando revuelo con una demanda de filiación contra el entonces mandatario Fernando Lugo (2008-2013), un exobispo que llegó al poder con la alianza encabezada por la concertación de Frente Guasu.
La sorpresa en ese momento no se dio justamente por tratarse de la máxima autoridad nacional, sino porque Lugo fue un sacerdote y la relación se habría dado en medio de su voto de castidad. El 8 de abril del 2009, abogados de la joven impusieron una demanda por filiación en favor de su hijo, que en ese entonces tenía tan solo 2 años, ante el juzgado de la Niñez y Adolescencia de Encarnación.
Posteriormente, Carrillo había retirado la demanda argumentando que no autorizó a sus abogados a realizar tal acción, y tomó conocimiento de ello a través de los medios de comunicación. “Fui sorprendida en mi buena fe cuando el miércoles 8 de abril del corriente año he tomado conocimiento, a través de los medios de prensa, que los abogados Walter Acosta y Claudio Kostinchok, en forma unilateral, resolvieron iniciar la presente acción sin mi expreso consentimiento”, declaró a la prensa.
En pleno lunes santo, un 13 de abril, Lugo confirmaba su parternidad. Foto: Captura del video de la conferencia de prensa
Lugo admite paternidad
El revuelo se dio días antes de que Fernando Lugo cumpliera un año como inquilino del Palacio de López y, pese a que la joven retiró la demanda días después, el escándalo ya se había instalado y el mandatario no tuvo otra opción que admitir públicamente que mantuvo una relación con esta joven y que sí compartían un hijo.
En una conferencia habitual desde la Presidencia, un lunes de pascua, el 13 de abril del 2009, Lugo admitía la relación ante todo el pueblo paraguayo y la atención internacional. “Aquí y ahora, ante mi pueblo, ante mi conciencia y en homenaje ante toda la gente que ha depositado su confianza en mí persona, manifiesto con la más absoluta honestidad, transparencia y sentido del deber. Es cierto que hubo una relación con Viviana Carrillo”, fueron sus palabras.
“Ante ello, asumo todas las responsabilidades que pudieran derribar de tal hecho, reconociendo la paternidad del niño y atendiendo al interés superior a la privacidad del niño, que las altas responsabilidades que al mismo tiempo me impone el ejercicio de la presidencia, no formularé más declaraciones sobre el tema”, expresaba.
El 20 de abril de 2009, desde Ciudad del Este, Benigna Leguizamón denunció que Lugo era el supuesto padre de su hijo de 6 años. Foto: Captura de video
Aparecen otros hijos
La aparición de Carrillo fue la antesala de otras demandas de paternidad contra el jefe de Estado. Con el mismo reclamo, aparecía Benigna Leguizamón, quien aseguraba que Fernando Lugo era el padre uno de sus hijos. Sin embargo, al no lograr que el presidente asumiera la paternidad impuso una demanda de filiación, se realizó una prueba de ADN por orden de un juzgado, que tuvo el resultado negativo. Pese a este resultado, Leguizamón por mucho tiempo insistió en su versión.
Luego, apareció Hortensia Morán, una docente que afirmaba que mantuvo una relación con Lugo durante la campaña electoral presidencial en el año 2008. Como una historia repetida, la misma también recurrió a la justicia, y realizada una prueba de ADN, el resultado también fue que Lugo no era el padre.
La penitenciaría de Minga Guazú está bajo intervención luego de la fuga de 8 internos, registrada el miércoles 26 de marzo por la noche. Foto: Gustavo Galeano
Fuga de presos: tras renuncia de interventor se reestructurará equipo de investigación
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El interventor designado por el Ministerio de Justicia para la investigación de las circunstancias que facilitaron la fuga de 8 presos de la penitenciaría de Minga Guazú, Alto Paraná, presentó renuncia a sus funciones. En su nota de dimisión, Blas Martínez alega que se trata de una decisión personal, por lo que se conformó un nuevo equipo que estará al frente de la intervención.
“Agradeciendo la confianza depositada en mi persona para desempeñar tan delicado cargo, tengo a bien manifestar y dejar constancia de mi no aceptación de dicha designación, argumentando motivos estrictamente personales que a la fecha me impiden aceptar el desafío propuesto”, señala la carta entregada este viernes al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.
El licenciado Blas Martínez actualmente se desempeña como jefe del departamento de ejecución de capacitaciones del Centro de Estudios Penitenciarios, dependiente del Viceministerio de Política Criminal de la citada institución. El funcionario se mostró predispuesto a seguir colaborando desde su cargo, aunque no aceptó la designación de interventor que le asignó la institución.
Medidas correctivas
Ante esta situación, desde el Ministerio de Justicia se comunicó que la salida de Martínez obligó a reformular la decisión de Nicora, quien se encuentra conformando un equipo interventor estratega, a fin de continuar con las pericias que lleven a determinar los responsables de la fuga de los 8 internos.
Se menciona que Nicora dispuso una intensa investigación y “se tomarán las medidas correctivas”, como descontrataciones de los funcionarios implicados, entre otros. Uno de los motivos que habría precipitado la renuncia del interventor es su aparición en fotografías con internos en el marco de un almuerzo, en el año 2019 que fueron publicadas por la prensa.
Paralelamente siguen los operativos de rastrillaje en el Este del país, en un intento por recapturar a los siete presos fugados que siguen sueltos. Solo se logró devolver al penal de Minga Guazú al interno Fredy González Delvalle, en tanto continúan sin ser localizados Blas Pablo Melgarejo Benítez, alias Chopalé, Wilson Dario Rotela Coronel, Marcio Quadra Caetano, Derlis Ramón Giménez, Fernando Aquino, Anderson Quero y Juan Insfrán.