La diputada Kattya González del Partido Encuentro Nacional (PEN) mencionó que la postura adoptada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de vetar totalmente el proyecto que despenaliza las declaraciones juradas falsas, fue una “señal política clara”.
“En realidad la opción del presidente de la República, efectivamente, se debatía entre un veto total y parcial. El veto parcial hacía que quede vigente la versión del Senado, que contenía el tema de la publicidad de las declaraciones juradas; no obstante, para ser absolutamente objetiva en el análisis de la argumentación del veto creemos que el Presidente se jugó por una señal política clara, eso fue su cálculo”, sostuvo.
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La Cámara de Diputados modificó la ley de declaración jurada y estableció que la misma solo podrá ser pública con una orden judicial. Además, agregaron en un apartado que el contenido falso de la misma no derivará en ningún proceso penal, al no ser considerado como un testimonio, lo que representaría solo una falta administrativa que tendría multas.
“Tampoco queda mal porque queda automáticamente en vigencia la ley anterior, que es la 5033 del año 2013 que con la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, de días pasados, hace que las declaraciones juradas sean públicas”, las declaraciones de la parlamentaria se dieron en comunicación con la radio 1000 AM.
Tratamiento legislativo ante el veto
El artículo 209 de la Constitución Nacional establece que si un proyecto de ley fuese rechazado totalmente por el Poder Ejecutivo, volverá a la cámara de origen (en este caso el Senado), que deberá discutirlo nuevamente y si esta confirmara la sanción inicial por mayoría absoluta, pasará a la cámara revisora (Diputados), si aprueban por igual mayoría, el Ejecutivo tendrá que promulgar y publicar la ley. Si las cámaras disintieran sobre el rechazo total, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de ese año.