La ministra de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, mencionó que no se optaron desde el inicio por las empresas nacionales para la adquisición de los insumos y equipos médicos para hacer frente al COVID-19, porque en definitiva no existían firmas que lo produzcan.
“No habían. Ahora varios sitios ya están habilitados por Dinavisa y solo faltan los productos por ser habilitados. Lo bueno es que las industrias nacionales se están adecuando a las necesidades específicas para proveer en Paraguay”, comentó tras acompañar al jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, a un recorrido por las instalaciones industriales del área Central, que forman parte del acuerdo nacional para las compras públicas en la cartera sanitaria en el marco de la lucha contra el coronavirus.
Detalló también que en el ámbito textil ya está claro de que se aplicará el acuerdo nacional, mientras que en otros sectores como el metalúrgico aún se está evaluando, como por ejemplo el contrato abierto.
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Por su parte, el jefe de Estado mencionó que el lado positivo del conflicto sanitario se centra en el desarrollo de las industrias nacionales, teniendo en cuenta que anteriormente tal vez se consideraba que la fabricación de los equipos médicos no eran atractivos económicamente.
“No había como industrias nacionales empresas que produzcan con lo que requiere el Ministerio de Salud, esto parte del lado positivo de la crisis. Es una gran oportunidad para desarrollar estos insumos que tal vez antes no eran atractivos porque no tenían mucho mercado o no se tenía una visión sobre la importancia que podría generar a nuestra economía”, dijo.
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Diputados analizará pedido de ampliación para Dimabel para compra de explosivos
Este martes, la Cámara de Diputados tiene previsto analizar un proyecto de ampliación presupuestaria para el Ministerio de Defensa Nacional, destinada a la adquisición de materias primas para explosivos.
El general Melanio Servín, titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) explicó que este pedido es para responder a la alta demanda comercial de explosivos, en el ámbito de la construcción.
En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que el año pasado tuvieron un recorte a la propuesta de presupuesto para este año, y eso está obligando ahora a solicitar de vuelta una ampliación, debido a la alta demanda comercial. Tienen recursos para aguantar un tiempo más pero no para llegar a fin de año.
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La propuesta que ahora es impulsada por el Poder Ejecutivo propone una ampliación presupuestaria de G. 36.989.084.573, con Recursos Institucionales (Fuente 30), para el Ministerio de Defensa Nacional.
Estos recursos serán destinados a la adquisición de materias primas para la producción y comercialización de explosivos, accesorios y productos afines, en cumplimiento con la Ley N° 7411/2024 sobre armas de fuego, municiones, explosivos y artículos pirotécnicos. Este proyecto está en su primer trámite constitucional.
Recursos insuficientes
El general Servín explicó que el año pasado recibieron un presupuesto total de G. 72 mil millones, de los cuales un poco más de G. 50 mil millones fue destinado a explosivos, pero ya entonces habían quedado cortos o insuficientes, en razón al aumento de la demanda por uso comercial de explosivos en el Paraguay.
“Ya el año pasado recurrimos a ampliaciones con transferencia de créditos, todos de fuente 30, para poder tener los explosivos de uso comercial, para todas las canteras del país. Hay un crecimiento aproximado del 15 % anual. Por eso, para este año se había pedido aproximadamente un presupuesto de 130 millones de guaraníes”, explicó.
Indicó que, si no se logra esta ampliación, en unos 30 a 60 días comenzarán a tener problemas para el flujo en la reserva y eso puede repercutir en el ámbito de la construcción/economía del país.
“Por eso, ya habíamos solicitado este presupuesto de G. 130 mil millones, pero lastimosamente se nos dio un presupuesto de un poco más de G. 70 mil millones este año, lo cual es totalmente insuficiente. En este momento, estamos cumpliendo gracias a las transferencias de fuente 30 de las Fuerzas Armadas para cumplir con la demanda. Es por eso, que solicitamos ahora esta ampliación de vuelta”, explicó.
Remarcó que ahora, nuevamente están presentando en el anteproyecto del Presupuesto General para el 2026, de vuelta el presupuesto de G. 135.000 millones, para no tener que volver a recurrir a ampliaciones el próximo año.
Llegando al tope
Respecto al stock con el que cuentan para este año, señaló que ya hay materiales que están llegando al tope, por ello ya están recurriendo a la transferencia de créditos de las Fuerzas Armadas, siempre en lo que hace a fuente 30 y con ello están cubriendo mínimamente las necesidades.
“Acá lo ideal es tener materiales en guarda por lo menos para abastecer entre 6 a 8 meses, para poder garantizar los materiales que son primordiales para todo lo que son la construcción tanto para el Estado, como para el sector privado. Hay que recordar que toda la fabricación de cemento, cal, concreto, que se producen en las canteras, el 98 % utiliza explosivos”, acotó.
Finalmente, dijo que el proyecto de ampliación ya estaría contando con dictamen favorables de las respectivas comisiones asesoras de la Cámara Baja, por lo que espera que este martes logre la media sanción correspondiente.
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Abre plazo para protestas de los oferentes de máquinas de votación
El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, comunicó que desde este jueves corre el plazo de 7 días hábiles para que las dos empresas cuyas ofertas fueron rechazadas presenten sus protestas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en el proceso licitatorio de 28.000 máquinas de votación electrónica.
“Desde hoy corre el plazo que vencerá el próximo viernes (8 de agosto). Las protestas deben ser presentadas ante la DNCP, que luego nos notificará dentro del plazo de 3 días. A partir de la notificación, el TSJE tendrá un periodo de 5 días para contestar las protestas. A partir de ahí quedará de vuelta en campo de la DNCP, que tendrá 35 días para resolver”, comentó en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
De las tres empresas oferentes, el Consorcio Paraguay Democrático, compuesto por SmartMatic, Excelsis y Celex, superó el análisis técnico. En tanto, las ofertas de las firmas Consorcio Comitia - Msa y Miru Systems Co. Ltd fueron rechazadas por incumplimientos documentales y técnicos en las pruebas de funcionalidad exigidas.
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Si ninguna de las descalificadas presenta protesta, la apertura del sobre dos está prevista para el sábado 30 de agosto. Las citadas firmas han sido rechazadas por el TSJE por cuestiones sustanciales, formales y técnicas, señaló Ruiz Díaz. Una de las exigencias establecidas en la licitación para la provisión de las máquinas de votación es que tenga una pantalla LCD táctil que no necesite calibración. Sin embargo, Comitia S. A. presentó un dispositivo que requiere calibración.
Otra de las fallas es que los boletines de voto podían volver a imprimirse, es decir, la máquina carecía de elementos de seguridad para que un boletín usado vuelva a ser utilizado. Respecto a la firma coreana Miru System, tuvo ciertas dificultades con la exposición al calor.
“A todas le sometimos a pruebas de calor, teniendo en cuenta el clima en Paraguay, tenemos un cuarto acondicionado por el INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología), ahí introducimos una máquina de votación, la coreana no resistió el calor, lo que implicó que salgan borrosos los boletines”, mencionó Ruiz Díaz.
Calendario electoral
El pasado 15 de julio, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmó oficialmente el calendario electoral rumbo a las elecciones municipales de 2026. Según lo resuelto, las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se llevarán a cabo el domingo 7 de junio de 2026, mientras que las elecciones municipales se realizarán el domingo 4 de octubre del mismo año.
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“Oposición se debilita con silencio cómplice sobre Abdo”, opina analista
La investigación de la prensa argentina sobre presuntos fondos ocultos en islas Seychelles por valor de 21 millones de dólares que tendrían como supuesto beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez fue analizada por el abogado Ezequiel Santagada y el periodista y analista Ignacio Martínez en la última emisión de “La Caja Negra” por Unicanal. Ambos coincidieron en la credibilidad periodística del informe y el desacierto de la oposición en intentar silenciar la gravedad de la acusación.
“No damos idea cuánto daño le hace a un país que tengamos a expresidentes investigados o condenados, eventualmente, por corrupción”, comentó Santagada, quien destacó que el periodista argentino Luis Gasulla, fundador del portal PeriodismoyPunto, “no es un ignoto periodista, es un reconocido periodista, que llevó adelante varias investigaciones relevantes y escribe para La Nación de Argentina”.
El abogado indicó que “es importante que haya comunicaciones e información institucional sobre todas las causas de corrupción”.
A su turno, Martínez puso en balanza al mensajero y el mensaje: “Vos analizás al mensajero y tiene crédito por el nivel de trabajo que está haciendo. Y el mensaje es una preocupación nacional porque acá el tema no es un depósito con un banco X, sino la posibilidad de que un funcionario público, un expresidente de la república, tenga una cantidad enorme de plata que no está declarada. O sea, se supone que esto sería un tema de interés nacional, tanto para la prensa, tanto también para la gente que está en la política”.
CUENTAS EN SEYCHELLES
“Desafía el discernimiento, poné en la balanza el mensajero y el mensaje, y yo creo que en este tema el mensaje es muy fuerte: estamos hablando de la presunción de 21 millones de dólares que no están declarados”, agregó el periodista. “Entonces debería preocupar porque si con el silencio nomás la oposición piensa crecer y fortalecerse, me parece que, al contrario, se está debilitando porque podría convertirse en cómplice en el hipotético caso que mañana se confirme que efectivamente es cierto lo que está diciendo el periodista argentino”.
“Escándalo en Paraguay: el expresidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” se titula la investigación firmada por Luis Gasulla, que publicó el pasado 20 de julio en PeriodismoyPunto, tras acceder, mediante una filtración de una fuente confidencial, a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con fondos millonarios a nombre de las empresas Star Capital Financial Services Limited y Exchange Contracts International Finance Limited, siendo que supuestamente “sus únicos autorizados eran Silvana López Moreira y el mismo Mario Abdo Benítez”.
“Sumados los dos saldos offshore supera siete veces el patrimonio neto que Abdo declaró al dejar el cargo. Ni las utilidades ‘reservadas’ en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración, abriendo paso a posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión”, describe Gasulla en su artículo, con datos e imágenes de las pruebas a las cuales accedió.
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Oposición se debilita con silencio cómplice sobre Abdo, opina analista
La investigación de la prensa argentina sobre presuntos fondos ocultos en islas Seychelles por valor de 21 millones de dólares que tendrían como supuesto beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez fue analizada por el abogado Ezequiel Santagada y el periodista y analista Ignacio Martínez en la última emisión de “Cara o cruz” por Unicanal. Ambos coincidieron en la credibilidad periodística del informe y el desacierto de la oposición en intentar silenciar la gravedad de la acusación.
“No damos idea cuanto daño le hace a un país que tengamos a expresidentes investigados o condenados, eventualmente, por corrupción”, comentó Santagada, quien destacó que el periodista argentino Luis Gasulla, fundador del portal PeriodismoyPunto, “no es un ignoto periodista, es un reconocido periodista, que llevó adelante varias investigaciones relevantes y escribe para La Nación de Argentina”. El abogado indicó que “es importante que haya comunicaciones e información institucional sobre todas las causas de corrupción”.
A su turno, Martínez puso en balanza al mensajero y el mensaje: “Vos analizás al mensajero y tiene crédito por el nivel de trabajo que está haciendo. Y el mensaje es una preocupación nacional porque acá el tema no es un depósito con un banco X, sino la posibilidad de que un funcionario público, un expresidente de la República, tenga una cantidad enorme de plata que no está declarada. O sea, se supone que esto sería un tema de interés nacional, tanto para la prensa, tanto también para la gente que está en la política”.
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Cuentas en Seychelles
“Desafía el discernimiento, poné en la balanza el mensajero y el mensaje, y yo creo que en este tema el mensaje es muy fuerte: estamos hablando de la presunción de 21 millones de dólares que no están declarados”, agregó el periodista. “Entonces debería preocupar porque si con el silencio nomás la oposición piensa crecer y fortalecerse, me parece que, al contrario, se está debilitando porque podría convertirse en cómplice en el hipotético caso que mañana se confirme que efectivamente es cierto lo que está diciendo el periodista argentino”.
“Escándalo en Paraguay: El ex Presidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” se titula la investigación firmada por Luis Gasulla, que publicó el pasado 20 de julio en PeriodismoyPunto, tras acceder, mediante una filtración de una fuente confidencial, a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con fondos millonarios a nombre de las empresas Star Capital Financial Services Limited y Exchange Contracts International Finance Limited, siendo supuestamente “sus únicos autorizados eran Silvana López Moreira y el mismo Mario Abdo Benítez”.
“Sumados los dos saldos offshore supera siete veces el patrimonio neto que Abdo declaró al dejar el cargo. Ni las utilidades ‘reservadas’ en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración, abriendo paso a posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión”, describe Gasulla en su artículo, con datos e imágenes de las pruebas a las cuales accedió.
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