La ministra de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, mencionó que no se optaron desde el inicio por las empresas nacionales para la adquisición de los insumos y equipos médicos para hacer frente al COVID-19, porque en definitiva no existían firmas que lo produzcan.
“No habían. Ahora varios sitios ya están habilitados por Dinavisa y solo faltan los productos por ser habilitados. Lo bueno es que las industrias nacionales se están adecuando a las necesidades específicas para proveer en Paraguay”, comentó tras acompañar al jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, a un recorrido por las instalaciones industriales del área Central, que forman parte del acuerdo nacional para las compras públicas en la cartera sanitaria en el marco de la lucha contra el coronavirus.
Detalló también que en el ámbito textil ya está claro de que se aplicará el acuerdo nacional, mientras que en otros sectores como el metalúrgico aún se está evaluando, como por ejemplo el contrato abierto.
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Por su parte, el jefe de Estado mencionó que el lado positivo del conflicto sanitario se centra en el desarrollo de las industrias nacionales, teniendo en cuenta que anteriormente tal vez se consideraba que la fabricación de los equipos médicos no eran atractivos económicamente.
“No había como industrias nacionales empresas que produzcan con lo que requiere el Ministerio de Salud, esto parte del lado positivo de la crisis. Es una gran oportunidad para desarrollar estos insumos que tal vez antes no eran atractivos porque no tenían mucho mercado o no se tenía una visión sobre la importancia que podría generar a nuestra economía”, dijo.
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Adjudicación para máquinas de votación podría concretarse en julio próximo
La licitación pública internacional para la compra de 28.000 máquinas de votación podría culminar a mediados del mes de julio con la adjudicación a una de las tres empresas oferentes, según estimaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sobre el proceso licitatorio. Ayer jueves se procedió a la apertura de sobres, con la entrega de artefactos de muestra.
Las empresas que presentaron ofertas son: el Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Selex (Marco Domaniczky), Excelsis (Daniel Sauca) y SmartMatic (Andrés Rombola); el Consorcio Comitia MSA, conformado por la firma paraguaya Comitia y la argentina MSA; y Miru Systems, de procedencia coreana.
El director de recursos financieros del TSJE, Christian Ruiz Díaz, explicó para La Nación/Nación Media, cuáles son los procesos que se realizarán a partir de ahora. La modalidad de presentación es en doble sobre, con la presentación general del oferente y con la oferta económica. En el primer sobre se presentan todos los documentos referentes a la constitución de la empresa y otros requerimientos que exige el pliego de bases y condiciones. El segundo sobre se abrirá solo de los oferentes que superen la etapa técnica.
“A partir de ahora se va a comenzar a trabajar en la verificación cualitativa, del sobre uno, eso significa que, se van a verificar uno a uno los documentos que presentaron, y si es que falta algún documento de carácter subsanable, se le va a requerir a las empresas que completen esos documentos”, indicó Ruiz Díaz. Esta revisión se realizará por el plazo de 15 días.
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Verificación técnica
Así también, fueron presentadas cinco máquinas como muestra por cada empresa ofertantes, que quedaron en manos de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Justicia Electoral, porque serán evaluadas en la etapa de verificación técnica, lo que tendrá una duración de una semana.
“Esa prueba de funcionalidad se realiza en un equipo por día. Nos tomamos todo un día para hacer las pruebas de funcionalidad en las que son controladas, por ejemplo, la batería, que dure 12 horas, mediciones de gramajes del papel que presentan con ayuda del INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología), pruebas de votación, prueba de escrutinio, verificación de la pantalla, mecanismos de seguridad de las máquinas”, explicó.
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Una vez que se haya concluido esa verificación documental, y la verificación técnica de los equipos, si las empresas cumplen con el pliego de bases y condiciones, se remite un informe al comité evaluador, que definirá cuáles de las tres empresas pasan a la siguiente etapa. “Luego se abre el sobre 2, que contiene la oferta económica. El sobre de la empresa que fue descalificada permanece lacrada, ya no se abre”, detalló el director electoral.
Posteriormente, el comité evaluador vuelve a analizar el sobre 2, y emite una recomendación al TSJE de cuál es la mejor tecnología en todos los aspectos, y por resolución del TSJE se debe adjudicar, y “si es que no hay protestas, un mes y medio, como mínimo”, de acuerdo a las explicaciones del alto funcionario electoral.
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Fallido tren de molienda: “Hay que apuntar a las cabezas del gobierno anterior”
El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, manifestó que el gobierno de Santiago Peña se encuentra avanzando sin inconvenientes en la elaboración del proyecto para la construcción de un nuevo tren de molienda en la localidad de Mauricio José Troche, departamento de Guairá.
“Es un proyecto bastante interesante y cumplirá con las expectativas que ellos quieren y el gobierno puede“, mencionó. La iniciativa deberá ser presentada y socializada con los cañeros en junio.
Por otra parte, el titular de la petrolera estatal se refirió sobre la fallida obra encarada por el gobierno de Mario Abdo Benítez, que debió estar operativa en el 2023 y que tenía como finalidad aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias.
“Acá hay culpables, se debe apuntar a las cabezas del gobierno anterior, contra el uno y el dos directamente. Yo no apunto tanto a la gente que estuvo en Petropar, se le prometió a los cañicultores cosas de cumplimiento imposible“, lamentó en una entrevista con el programa “Cara o Cruz” de Unicanal.
El requerimiento de Jara surge teniendo en cuenta que su institución presentó el 7 de mayo pasado una una denuncia ante el Ministerio Público por lesión de confianza y otros hechos punibles en torno a la paralización de las obras durante el gobierno de Abdo Benítez.
“Los proveedores de la fallida obra también se encuentran desesperados. Los cañeros son gente laburadora y estaban pasando mal, por eso hicimos lo todo lo posible para llegar a un acuerdo con el sector", remarcó Jara.
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De acuerdo con las denuncias, el tren de molienda impulsado por Abdo Benítez fue paralizado debido a la existencia de una sobrefacturación gigantesca. La obra también presentó problemas de diseño y no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos.
La obra empezó con la firma Eisa (propiedad del empresario Alberto Palumbo) y luego fue otorgada a la empresa Ocho A (propiedad del senador Luis Alberto Pettengill). La planificación inicial fue con la primera empresa y la segunda terminó de ejecutar la obra.
“Es importante ver de dónde viene este problema de la obra fallida, esto fue del período anterior, en la época del presidente Abdo, en la que trabajaron sin ninguna planificación”, sostuvo el gobernador del Guairá, César Sosa, quien apoyó el requerimiento de Jara, consistente en que el caso no quede impune.
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Llegaron 400.000 dosis de vacunas y refuerzan campaña en los hospitales
El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, confirmó que se recibieron 400.000 dosis de vacunas anticoronavirus y este martes están siendo distribuidas a los vacunatorios del país para su inoculación a la población.
“Llegó al país el lote que faltaba, más de 400.000 dosis que ya fueron distribuidas a las demás regiones sanitarias para el abastecimiento de estas dosis. Hoy estamos haciendo ese proceso de entrega para que llegue a cada uno de los vacunatorios”, mencionó a La Nación/Nación Media.
Igualmente el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitó hoy el sistema autovac en Hospital 12 de Junio, en Lambaré para facilitar la inmunización de los asegurados.
La vacunación se inició a las 6:00 y se extenderá hasta las 20:00, señaló la doctora Sandra Boggino, directora del citado hospital. Resaltó la buena receptividad de parte de los asegurados.
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El servicio incluye la aplicación de las dosis antigripales y contra el coronavirus, así como otros biológicos contemplados en el programa regular de vacunación.
“Hoy habilitamos el autovac, el año pasado ya lo hicimos y este año volvimos a hacer. Tuvimos muy buena afluencia de pacientes ya. Unos 80 pacientes vacunamos en cuatro horas. Tenemos vacunas contra la influenza, el covid y el esquema regular”, dijo a LN.
Aclaró que durante el feriado el vacunatorio no estará operativo considerando la disminución de la afluencia de pacientes al citado hospital.
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Nueva fecha de audiencia preliminar para Miguel Prieto por perjuicio patrimonial
El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.
El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
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