El diputado Ramón Romero Roa anunció que presentará mañana una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a fin de que se deje sin efecto la resolución de la Cámara de Diputados que lo excluyó del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El parlamentario adelantó que presentará la acción mañana a las 8:00 ante la máxima instancia judicial.
En una sesión extraordinaria del pasado miércoles 3 de junio, el pleno de la Cámara Baja, en el marco de la renovación de sus autoridades, designó como nuevo representante de la institución ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al diputado colorado David Rivas.
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Durante la sesión, Romero Roa ya cuestionó esta decisión y señaló que se trata de un procedimiento irregular. Además, lamentó que no le hayan informado sobre el “acuerdo político” para evitar que la cámara incumpla con la ley.
En su alocución, el parlamentario mencionó que “en esta oportunidad lo que se hará es un abuso, en el sentido de plantear el cambio en cuanto a una representación, que la ley establece claramente que es por el período de mandato a quien representa la institución, es decir de 5 años. También lo digo por los precedentes que existen en el Congreso Nacional, con relación a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, el caso concreto que yo puedo mencionar es del colega Eusebio Alvarenga".
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Urgen sanción del proyecto por María Fernanda: “Esto ya fue debatido ampliamente”
El diputado Rodrigo Blanco urgió a las cámaras del Congreso la sanción inmediata del proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Sistema de Alerta Mafe, en homenaje a la adolescente asesinada en Coronel Oviedo, María Fernanda Benítez.
El legislador liberal detalló que una iniciativa similar ya fue impulsada en el 2023 y logró su aprobación en Diputados en el 2024, pero no contó con el respaldo del Senado. “Espero que cuanto antes tengamos esta ley para que el Estado pueda brindar protección, contención y certeza a las familias sobre esta problemática que les toca vivir”, dijo Blanco a la 1140 AM.
Asimismo, el legislador argumentó: “Este proyecto ya había sido debatido ampliamente en audiencias públicas, fueran audiencias fuertes, emotivas, por las historias y el sufrimiento de cada familia. Hay familias que están con este drama hace 10 o 15 años, incluso más, esperando que el Estado les brinde respuestas”.
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Detalló que, en aquella ocasión, el proyecto fue debatido con autoridades del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensoría Pública. “Es por eso que creemos que ahora ante la presentación que hemos hecho con el acompañamiento de los colegas de las distintas bancadas, que será aprobada de manera rápida”, indicó.
Añadió que las citadas instituciones habían coincidido sobre la necesidad de contar con un marco legal que garantice un sistema de alarma de acción rápida para la búsqueda de personas desaparecidas. “Esto ya es una problemática del día a día, lastimosamente, por eso necesitamos que se establezca un protocolo concreto para que sea de cumplimiento obligatorio, que las familias sepan qué tienen que hacer, que sepan que habrá una ley que les indica el camino a seguir y ante qué instituciones recurrir”, mencionó.
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Indagación a Prieto: “Tenemos una decisión tomada y la vamos a defender”
El diputado Arturo Urbieta, miembro de la comisión especial de intervención del municipio de Ciudad del Este, afirmó que existen causales suficientes para aprobar la solicitud de indagación a la administración del intendente Miguel Prieto. Agregó que el principal argumento radica en la falta de documentos respaldatorios sobre erogaciones superiores a los G. 42.000 millones.
“Tenemos una decisión tomada y la vamos a defender”, indicó el legislador, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La citada irregularidad señalada por la Contraloría General de la República (CGR) guarda relación con los gastos de capital correspondiente al período 2019-2022. Desde el órgano extrapoder habían indicado que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran.
“Nosotros hemos evaluado de manera tranquila el pedido de la Contraloría que presentó documentos respaldatorios de lo que encontraron mediante los trabajos que realizaron en la Municipalidad de Ciudad del Este. A la vez escuchamos el descargo de Miguel Prieto. Nadie nos da órdenes como mencionan desde la oposición”, puntualizó.
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Ayer lunes, la comisión especial emitió dos dictámenes, a favor y en contra del pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo por solicitud de la Contraloría. El titular del bloque, Alejandro Aguilera, había mencionado que el dictamen a favor fue el que tuvo mayoría.
Ya dependerá de la mesa directiva de la Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre, incorporar los dictámenes en el orden del día de las próximas sesiones ordinarias para su estudio en el pleno. Otra de las alternativas para el tratamiento podría ser la convocatoria a una sesión extraordinaria, que deberá ser planteada por un total de 15 diputados.
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Intervención de CDE: “Hay 239 indicios de hechos punibles”, afirma diputado
Este lunes a las 11:00, la comisión especial de intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por el diputado Alejandro Aguilera, se reunirá con la finalidad de emitir dictámenes sobre el pedido de investigación de la gestión del intendente Miguel Prieto. “Hay 239 indicios de hechos punibles”, dijo el legislador.
“Existe un festival de hipocresía en la oposición. ¿Tenemos que darle impunidad por el solo hecho de que es un crítico del gobierno?”, expresó Aguilera, en referencia a la persistencia de sus colegas que ejercen una defensa férrea al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, pese a las graves irregularidades en su administración detectadas por la Contraloría General de la República (CGR).
"Prieto hizo una defensa política antes que una defensa técnica sobe los hechos que se lo acusa, nunca negaba, pero cuando lo hacía, mentía”, sostuvo el diputado, respecto a la audiencia del intendente esteño; en una entrevista, este lunes, con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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El pasado 16 de mayo, la Contraloría, a cargo de Camilo Benítez, anunciaba que el pedido de intervención del municipio de Ciudad del Este, debido a las dificultades para acceder a documentos respaldatorios de gastos públicos. Benítez había alegado que existían graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales, que fueron detectados a través de los exámenes y controles impulsados por el órgano extrapoder.
“La comisión especial de intervención no es la encargada de investigar ni de dictar sentencias sobre si Prieto es inocente o culpable. Nosotros los único que tenemos que ver y evaluar es si hay indicios que ameriten una intervención. Al final de cuentas es la Cámara de Diputados la que decidirá y no el cartismo”, refirió el diputado Aguilera ante el discurso de persecución política que esgrime Prieto y sus correligionarios de la oposición.
El parlamentario siguió sosteniendo que “esto no es una cuestión antojadiza. Esto no se trata de decretar la absolución de uno por ser opositor y la sentencia de otro por ser oficialista”.
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Diputado propone la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad
El diputado Federico Franco presentó un proyecto que propone la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad (DNCI), que estará bajo el control del Ministerio de Defensa Nacional.
Según la exposición de motivos, la propuesta surge para enfrentar las crecientes amenazas cibernéticas que afectan al país. Esta nueva institución tendrá la responsabilidad de elaborar la política nacional de ciberseguridad y coordinar las acciones de diferentes organismos estatales.
Como complemento de esta entidad se prevé también la creación del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (CERT-PY), que funcionará como la unidad operativa encargada de recibir, analizar y responder incidentes cibernéticos que afecten a instituciones públicas y privadas estratégicas.
“Las instituciones públicas, por su rol fundamental en la prestación de servicios esenciales, se convierten en objetivos prioritarios para actores maliciosos”, indica el proyecto.
El proyecto establece la formación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, un órgano consultivo de alto nivel que incluirá representantes del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Secretaría Nacional de Inteligencia, presidentes de comisiones parlamentarias especializadas, el Ministerio Público y organismos de inteligencia militar y policial.
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Prevención y respuesta
El documento refiere que ciberespacio incluye no solo la infraestructura tecnológica terrestre y web, sino también los sistemas de información y comunicaciones que operan o afectan el espacio aéreo paraguayo, reconociendo la importancia creciente de la aviación digital y los sistemas aeronáuticos.
La propuesta impulsada por el legislador liberal establece un enfoque integral que incluye 4 ejes fundamentales: la prevención y detección mediante sistemas de inteligencia de amenazas, evaluaciones de vulnerabilidades y sistemas de alerta temprana.
Otro punto se centra en la respuesta y recuperación mediante un Plan Nacional de Respuesta a Incidentes y protocolos de cooperación nacional e internacional.
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Igualmente habla sobre un proceso de investigación y persecución a través del fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público y fuerzas de seguridad para investigar ciberdelitos.
También como eje figura la educación y concienciación mediante el desarrollo de programas educativos desde el nivel básico hasta la formación especializada de profesionales.
El proyecto de ley incluye un régimen sancionatorio que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde apercibimientos hasta multas económicas, suspensión o revocación de licencias, garantizando el debido proceso y derecho de defensa.