El titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el senador colorado Enrique Bacchetta, comentó que la agente fiscal Teresa Sosa pidió una reunión con los miembros del organismo para explicar su actuación en el marco de la causa del empresario Karim Salum. El empresario fue acusado de ser beneficiado por parte de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para guardar cuarentena en su vivienda tras retornar el pasado miércoles de Estados Unidos al Paraguay.
“Con respecto a la fiscala Teresa Sosa, lo que yo hice en mi carácter de presidente es solicitarle un informe de qué es lo que ocurrió en esa fecha, ella también envió una nota al Jurado pidiendo una reunión con el pleno para dar explicaciones, me informó mi secretaria Gabriela Irún”, afirmó el parlamentario.
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Ante un enjuiciamiento
En cuanto a las acusaciones contra Quiñónez, dijo que la bancada oficialista en el Senado aún no se expidió sobre cuál sería la actuación en el caso de impulsarse el juicio político contra la titular del Ministerio Público.
“Sobre el caso de la fiscala general del Estado, nosotros como bancada no tenemos ninguna posición con respecto al juicio político, no tenemos un conocimiento exhaustivo de todo lo que ocurrió y dónde está el mal desempeño realizado por la fiscala general del Estado. Vamos a intentar este miércoles reunirnos de forma virtual en bancada y tratar todos los puntos como siempre lo estamos haciendo”, dijo.
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En relación de hechos, suplente del CM dará pormenores sobre denuncia en su contra
El abogado Ricardo Sasiain, miembro suplente del Consejo de la Magistratura, invita a la relación de hechos vinculados a los procesos que lo involucran tanto a él como a su esposa María Antonella Galli. La convocatoria está prevista para las 10:00 de este lunes 7 de octubre en salón de eventos Vanité, ubicado en Paseo Carmelitas sobre la calle Teniente Héctor Vera en Asunción.
“Estoy bajo un tipo de amedrentamiento mediático por así decirlo y una acusación totalmente infundada y descabellada, por lo que voy a demostrar con documentos, primero que no correspondía la acusación y segundo voy a anunciar la posible acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el fiscal Alcides Corvalán”, expresó el abogado Sasiain.
En conversación con La Nación/Nación Media el profesional del derecho indicó que también evalúa presentar una denuncia ante el Ministerio Público por persecución de inocentes. Sasiain aseguró que la denuncia en su contra carece de fundamentos y que este hecho ya data desde hace más de dos años y persiste hasta la fecha.
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El suplente del CM había obtenido el sobreseimiento provisional y el Ministerio Público había establecido la realización de 15 a 18 puntos para la realización de las diligencias respectivas. “Cuando no hay mérito para acusar, pero nuestro sistema es tan perverso que no basta con ser inocente sino tenés que demostrar que sos súper inocente”, relató.
De acuerdo a lo expuesto por el abogado a La Nación, desde el inicio de la causa solicitó que se notifique a las personas que tenían los cheques con su nombre, de modo que quede constancia de que se había devuelto el dinero que se había sustraído supuestamente. “Pude realizar una diligencia en la cual vino un señor que dijo ‘el cheque que tengo yo me lo entregó María Eugenia Acosta’ con esa única diligencia tuvo que haberse extinguido la causa porque se demuestra la devolución del dinero”, indicó.
Para el abogado, este hecho fue suficiente para demostrar que la denuncia en su contra fue “falsa y temeraria”, sin embargo, de todas formas se procedió a la imputación en su contra. “Este fiscal Alcides Corvalán acusa de algo totalmente descabellado y digno de nuestro sistema judicial de apriete”, refirió.
Antecedentes
Este hecho se trata de la denuncia realizada en marzo del 2021 por María Eugenia Acosta Vallejos, gerente general de la firma Bioténica S.R.L. contra Sasiain y su esposa María Antonella Galli, quien se desempañaba como gerente financiera y administrativa de la mencionada empresa. Galli es acusada, entre otras cosas, de haber desviado fondos provenientes de 11 cheques a una cuenta bancaria que pertenecía a su marido.
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JEM abre investigación a juez y a fiscales que allanaron casa de Gomes
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dirigido por la doctora Alicia Pucheta, resolvió ayer en mayoría de sus miembros la apertura de una investigación preliminar al juez penal de Garantías, Osmar Legal, y a los fiscales Osmar Alberto Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla, en el marco de las averiguaciones del allanamiento que se realizó en la casa donde resultó muerto el diputado Eulalio “Lalo” Gomes, en Pedro Juan Caballero.
De los 8 miembros del JEM, siete votaron a favor para remitir los antecedentes del caso para la apertura de la investigación preliminar. El voto en contra fue el del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia.
Al momento de argumentar su voto en contra, Ramírez Candia dijo que si bien se trató de un hecho grave, no se puede evidenciar responsabilidad del juez ni de los fiscales. Indicó que a su criterio, los operadores de la Justicia actuaron conforme a lo que establece la ley.
Mientras que se ratificaron a favor de la investigación los otros miembros: Orlando Arévalo, Alicia Pucheta, Enrique Berni, César Garay Zuccolillo, Mario Varela, Derlis Maidana y Alejandro Aguilera.
El diputado Arévalo indicó que “llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido, tiene que ser investigado. Los funcionarios públicos, los actores de la Justicia, tenemos que estar acostumbrados al control”.
ANTECEDENTE
La casa del diputado Lalo Gomes fue allanada el pasado 19 de agosto, con una orden del juez Osmar Legal, dentro del Operativo Pavo Real II, que investiga el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La orden judicial habilitaba a los fiscales actuar incluso en horas nocturnas. El operativo de allanamiento se realizó en horas de la madrugada cuando el diputado estaba en su dormitorio con su esposa, y al percatarse de la presencia de extraños en su residencia se resistió abrir la puerta y procedió a disparar contra los intervinientes. Estos a su vez respondieron y dieron a la humanidad del diputado.
Según relatos de los agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) y efectivos de de la FOPE.
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Caso Lalo Gomes: JEM aprueba investigar actuación de juez y fiscales
En el transcurso de este jueves, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), aprobaron impulsar una investigación preliminar sobre las actuaciones del juez penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal y los fiscales Osmar Alberto Segovia Jara, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor y Elva Agustina Cáceres Samudio.
La apertura de pesquisa guarda relación con el caso del diputado y dirigente del departamento de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien falleció en la madrugada del pasado 19 de agosto durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II.
La información fue dada a conocer por los medios oficiales del JEM a propuesta del diputado Orlando Arévalo, quien puso en conocimiento las publicaciones periodísticas sobre la muerte de su colega ante la institución extrapoder encargada de juzgar el desempeño de los magistrados judiciales.
Arévalo manifestó que se encuentran reunidos los presupuestos para el inicio de una investigación preliminar. “Esto llevando en cuenta la magnitud de lo ocurrido. Nosotros, todos los funcionarios públicos y actores de justicia tenemos que estar acostumbrados al control”.
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Señaló además que el JEM se encuentra facultado para hacer “uso de las atribuciones oficiosas, motivo por el cual solicito a los miembros el acompañamiento para el inicio de una investigación preliminar previa a todos los agentes fiscales intervinientes, también al juez que firmó el mandamiento”.
Su petición fue acompañada por su colega Alejandro Aguilera, los senadores Derlis Maidana y Mario Varela, el ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Garay Zuccolillo y los representantes del Consejo de la Magistratura, Alicia Pucheta y Enrique Berni. Mientras que el también ministro de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, fue el único quien expresó su rechazo.
Antecedentes
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope) y fiscales. El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.
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JEM pide ampliación presupuestaria para fortalecer la institución
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó un aumento presupuestario de un poco más de G. 218 millones correspondiente al ejercicio fiscal 2024, para el fortalecimiento de la institución. La presidenta del Jurado, Alicia Pucheta, compareció en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria de la Cámara de Diputados.
Pucheta argumentó el pedido de aumento presupuestario para el presente año ante la comisión asesora, señalando que este presupuesto será destinado a otorgar el rango de dirección general a tres áreas del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
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“Es para que puedan tener el rango de dirección general, tres son esas direcciones que van a potenciar, van a fortalecer al Jurado de Enjuiciamiento por su propia atribución de competencia, que es la parte misional, por ejemplo, lo que hace a los fiscales acusadores”, explicó al término de la reunión.
Una de estas áreas tiene que ver con los fiscales acusadores, estos intervienen en las situaciones en las que el Jurado interviene de oficio en algunas circunstancias. “Cuando no existe un acusador que hace esa denuncia al Jurado o representante de la Cámara de Diputados, senadores, fiscal general del Estado, defensor del pueblo, entonces ante esa situación, una vez cumplido con los plazos que establece la ley, interviene de oficio”, indicó.
Agregó que elevar al rango de dirección general esta área tiene que ver con el aspecto misional que es una función que debe ser autónoma, independiente, por lo que el objetivo es fortalecer la institución.
La dirección de planificación y desarrollo, también es otra de las áreas que se pretende elevar al rango de dirección general. “En todas las instituciones, esa dirección es importante, porque se elaboran proyectos que se hacen realidad a corto, mediano y largo plazo, y hay continuidad”, mencionó Pucheta.
También citó al área de la impunidad y también al control, y la atención a la ciudadanía. “Esa dirección general que sería el de trasparencia y anticorrupción, es la que hace el monitoreo del desempeño de todos los funcionarios y funcionarias de la institución, y también en lo que refiere a la recepción de las denuncias de la ciudadanía que se hacen todos los días, y ahora a la fecha tenemos 470 llamadas que se han hecho de toda la República con relación a esa oficina de denuncias”, sentenció.