El senador colorado Derlis Maidana señaló que no está de acuerdo en acompañar la propuesta de Ley de devolución premiada, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Indicó que ya está trabajando en conjunto con su colega senador Basilio Núñez, con quien estarán presentando un dictamen por el rechazo de la propuesta legislativa, en la comisión de Legislación.
El legislador explicó que tanto él como su colega, que es líder de la bancada de Honor Colorado, ya habían manifestado anteriormente, que no estaban de acuerdo con este proyecto, en comunicación con radio 1020AM.
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Al respecto, explicó que esta iniciativa ignora el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional que habla sobre el principio de igualdad ante la ley, y que con solamente por ser funcionario público ya reduce la condena al 50% con la devolución de lo sustraído al patrimonio.
Explicó que esta propuesta deberá ser tratada ahora en el mes de mayo, antes de que tenga sanción automática. Indicó además que ya están contempladas tanto en el Código Penal, como en el Procesal Penal, la posibilidad de la devolución de lo sustraído.
“Por estos argumentos estamos absolutamente en contra de este proyecto y vamos, seguramente, en los próximos días sacar un dictamen en contra de la Comisión de Legislación, para que luego sea tratado en el plenario el rechazo del proyecto”, indicó.
Mencionó además, que ya estuvieron analizando, y haciendo las consultas pertinentes, ya que la legislación podría incluso ser vetado por el Ejecutivo por inconstitucional.
“Analizamos todas estas situaciones y vemos que ya está legislado en el Código Penal y Procesal Penal. Además no podemos hacer ningún tipo de discriminación a favor de funcionarios para que sean ciudadanos de primera. No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor. No consideramos que sea beneficioso”, expuso.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la Cámara de Senadores y la sanción ficta se prevé para el 31 de mayo. En caso de no ser tratada en la fecha, su aprobación será automática.
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Senadores buscan retomar proyecto de ley de protección a periodistas
La senadora Esperanza Martínez, junto con su colega Yolanda Paredes, participaron de la audiencia pública desarrollada este viernes en el Congreso, donde se socializó el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de los Derechos Humanos.
“Los periodistas tienen que transmitir la información y eso a veces pone nerviosa a mucha gente. En Paraguay ya ha habido asesinatos de periodistas, por lo cual creímos oportuno retomar esta propuesta planteada en el periodo legislativo anterior”, explicó Martínez ante los medios de prensa en el Senado.
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Remarcó que la idea central es debatir el proyecto, el cual busca tipificar las agresiones, hechos de violencia, amenazas, extorsiones, entre otro tipo de afecciones, hacia los trabajadores de prensa y defensores sociales, para así crear un mecanismo de defensa para los mismos.
“Se creará una instancia que se encargará de revisar los casos mencionados, para actuar sobre las situaciones de amenaza, intervenir en las diferentes situaciones y sobre todo preservar el ejercicio de la profesión de los periodistas y trabajadores sociales”, expresó la parlamentaria.
En casos concretos en los cuales se expongan hechos graves de violencia o actos que atenten contra la dignidad y la propia persona de los trabajadores mencionados, la senadora manifestó que se buscará garantizar la protección de los afectados y así también el libre ejercicio de su profesión.
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Sobre el proyecto de ley
Martínez anunció que solicitará que la próxima semana las Comisiones del Senado analicen el proyecto y que en 15 días la Cámara Alta estudie en una sesión, a fin de que tenga media sanción. Esto para dar un marco de seguridad y prevención ante cualquier tipo de situación y amenaza.
“Hay una nueva entidad que se crea, autárquica e independiente de los poderes del Estado, la cual cuenta con un nuevo sistema de organización para ocuparse de esta tarea. Buscaremos que cuente con la legítima autoridad para intervenir y proteger a las personas”, indicó Martínez.
El proyecto de ley ya había sido presentado por el Sindicato de Periodistas del Paraguay a partir del trabajo conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Senado; se conformó una mesa técnica de la que formaron parte varias organizaciones civiles.
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Senadores buscan establecer el horario de verano para todo el año
Los senadores Basilio Núñez y Lizarella Valiente presentó oficialmente ante el Legislativo la iniciativa que pretende establecer el horario de verano como el oficial en el Paraguay. El documento, que cuenta con la firma de varios senadores, será remitido a las comisiones asesoras del Senado. En el 2023, el Congreso se opuso a la modificación del horario oficial y estableció por ley la modalidad actual de dos horarios.
La iniciativa fue presentada de acuerdo al informe emitido por la Administración Nacional de Electricidad (Ande) en el año 2019, en que sugiere mantener el horario de verano durante los doce meses del año. “Se considera más viable y conveniente esta opción en atención al tamaño de nuestro territorio y su situación geográfica”, refiere el documento.
Asimismo, en la exposición de motivos afirma que “el citado informe de la Ande tiene en cuenta que durante el horario de verano existe un mayor consumo de energía por el uso intensivo de equipos de refrigeración y de alto consumo, además del hecho que el sistema eléctrico paraguayo es extremadamente dependiente de la temperatura ambiente y se buscó no prolongar en demasía la superposición del horario comercial con el horario de punta de carga de la noche, considerando también los horarios de entrada y salida del sol”.
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El proyecto refiere que es importante destacar que “la decisión de fijación del horario es efectuada con cierta discrecionalidad en el ámbito político de los países, pudiendo realizarse las adaptaciones pertinentes según lo consideren conveniente en términos socioeconómicos, políticos, energéticos, comerciales o según lo establezca la coyuntura regional, como es el caso de China, cuyo territorio se encuentra distribuido en 5 husos horarios; sin embargo, adopta una misma zona horaria para todo su territorio, o la Unión Europea que se encuentra distribuida en tres husos horarios y también adopta un mismo horario que rige desde España a un extremo de Polonia en el otro extremo”.
“Cabe destacar que atendiendo los impactos en las personas y en todos los ámbitos de la sociedad, así como sus efectos en el cansancio y los estados de sueño, ha hecho que muchos países estén llevando a cambio iniciativas legislativas similares a las que presentamos para fijar un solo horario en sus respectivos países evitando así el cambio de hora”, expresa otro pasaje.
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Polémico proyecto: pretenden privatizar playas en Brasil
Una propuesta de enmienda constitucional que podría hacer que las famosas playas de Brasil caigan en manos privadas suscitó rechazó entre ambientalistas y la opinión pública, en un país que se enorgullece de tener acceso abierto a sus vastas costas.
Brasil tiene una de las franjas litorales más largas del mundo, con alrededor de 7.500 kilómetros, que son de propiedad estatal y gestionadas por el gobierno. Pero en el Congreso avanza un proyecto impulsado por el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que nunca ocultó su sueño de crear un “Cancún brasileño”, en referencia al conocido destino turístico mexicano con grandes complejos hoteleros.
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La propuesta de enmienda constitucional busca transferir la propiedad de tierras costeras a estados, municipios y privados. Sus detractores afirman que ello repercutiría negativamente en la protección del paisaje y el medioambiente, además de impedir que la población acceda libremente a las playas.
Una audiencia pública en el Senado el lunes provocó indignación en las redes sociales. “Presionemos a los senadores para que voten en contra” de esta propuesta, dijo la actriz y activista ambiental brasileña Laila Zaid en un video de Instagram, visto casi un millón de veces.
Leticia Camargo, que coordina un grupo de trabajo sobre conservación marina en el Congreso, dijo a la AFP que la propuesta podría dejar el camino libre a una “fuerte presión de intereses inmobiliarios”. Además, podría conducir a “una mayor ocupación de tierras marinas, en un momento en que el cambio climático hará cada vez más frecuentes las tormentas y la erosión costera”.
Las preocupaciones van más allá de lo ambiental: “Meterse con algo tan importante de la cultura brasileña, como es nuestro acceso y nuestro uso de la playa, es un asunto serio”. La ley brasileña, que declara las playas bienes públicos, impide los masivos resorts, casinos y playas privadas que existen en otros países.
La propuesta ya obtuvo luz verde en la Cámara de Diputados y Camargo estima que podría ser aprobada por la comisión de constitución y justicia del Senado, donde la oposición de derecha tiene mayoría. Luego pasará al pleno del Senado para su votación.
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Camargo confía en que la presión ciudadana pueda detener la enmienda. Según medios locales, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, no planea por el momento incluir el asunto en la agenda para votación. Flavio Bolsonaro calificó en la red social X de “noticia falsa” la información según la cual la enmienda busca “privatizar las playas”. Según él, concierne solo a “zonas ya ocupadas”.
Para Daniel Capecchi, profesor de derecho constitucional en la Universidad Federal de Río de Janeiro, el proyecto tiene una “posibilidad considerable” de ser aprobado si es sometido a votación. Sin embargo, dijo que si los estudios demuestran que el cambio tendrá un “impacto ambiental severo”, podría ser impugnado ante los tribunales como una violación de “los principios fundamentales de la Constitución” sobre la conservación del medioambiente.
Fuente: AFP
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Senado modificó proyecto de ley del agente penitenciario, que vuelve a Diputados
En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley del agente penitenciario. El documento vuelve a la Cámara de Diputados para su análisis. El objetivo principal es definir la política penitenciaria, la infraestructura y la tecnología de control de las cárceles.
La senadora Lilian Samaniego, en su carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que la situación de los agentes penitenciarios es precaria y de ahí la importancia de aprobar el proyecto. Resaltó, además, que esta instancia legislativa dictaminó por la aprobación con modificaciones.
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“Esta ley va a definir la carrera del agente penitenciario, las políticas de ascenso y, sobre todo, los años de servicio que deberán prestar los nuevos incorporados. Es necesario humanizar esta carrera, respetando la institucionalidad”, expresó la legisladora.
El senador Derlis Maidana, miembro de la Comisión de Legislación, recalcó que el proyecto tiene por objetivo establecer los procedimientos para la implementación de la carrera profesional y técnica del agente penitenciario.
Asimismo, se busca establecer el procedimiento de reclutamiento, selección, incorporación, evaluación de desempeño, capacitación, promoción, movilidad y retiro.
No serán fuerzas públicas
El senador Maidana dejó en claro que el proyecto contempla que el agente penitenciario tendrá derechos, deberes y prohibiciones. Acotó que el texto del Senado establece que el servicio general penitenciario será un organismo de régimen penitenciario que no va a integrar las fuerzas públicas, como reza en el artículo 172 de la Constitución Nacional.
Igualmente, el parlamentario Maidana destacó que la comisión se basó en dos informes de dos constitucionalistas, entendiendo que los agentes penitenciarios no pueden integrar las fuerzas públicas conforme al artículo mencionado de la Carta Magna.
Entre otros aspectos que contempla el proyecto, el senador manifestó que es necesario formalizar el ingreso a la promoción, permanencia y retiro de los funcionarios que cumplen estas labores.
Resaltó, además, que también incorporaron al proyecto las sugerencias relativas a las vacaciones, se establece el régimen disciplinario y sanciones.
Remuneraciones
El senador Derlis Osorio, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, argumentó el dictamen de aprobación con modificaciones de acuerdo a las sugerencias realizadas por el Ministerio Economía y Finanzas (MEF), en concordancia con el Ministerio de Justicia.
Entre las modificaciones planteadas, el parlamentario mencionó que los derechos y obligaciones de los agentes penitenciarios serán similares al régimen de la Policía Nacional, respecto a: salario, las jornadas laborales, las horas extraordinarias de trabajo, percibir bonificaciones por exposición al peligro, inseguridad y otros complementos.
El salario del agente penitenciario estará conformado por el sueldo mensual asignado en el Presupuesto General de la Nación igual a la matriz salarial de la Policía Nacional. Las bonificaciones, viáticos y otros beneficios de acuerdo a la estructura funcional del Servicio General Penitenciario.
Otro dato importante que mencionó el senador Osorio hace referencia al informe recibido de los representantes del MEF, sobre el impacto presupuestario adicional que tendrá el proyecto que sería de aproximadamente G. 2.000 millones por año.
Por su parte, el senador Mario Varela, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que es fundamental que estas personas puedan “tener una dignificación, especialmente en todo lo que tenga que ver con la exposición en materia de seguridad”, expresó el legislador.
Modificaciones
En el estudio en particular se plantearon varias modificaciones al texto que tenía media sanción de Diputados. En el acápite, el Senado aprobó mantener “Del agente penitenciario”, así como originalmente fue remitido.
En el artículo 3 se aprobó testar lo concerniente a que “los agentes penitenciarios no podrán tomar parte en actividades político-partidario, de proselitismo ni de sindicalización”. La propuesta fue presentada por el senador Derlis Maidana.
Por su parte, el parlamentario Gustavo Leite propuso incluir en el artículo 8 que los agentes penitenciarios puedan someterse obligatoriamente a las pruebas de confiabilidad o polígrafo y cualquier otra tecnología que pueda surgir para medir la integridad de sus miembros.