El juez penal de Garantías Raúl Florentín otorgó el arresto domiciliario al abogado Rodolfo Melgarejo, imputado por hurto agravado en grado de instigador en el marco del homicidio del presunto narcotraficante Ederson Salinas, alias Ryguasu, ocurrido en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Asunción.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas llevada a cabo en el Palacio de Justicia. Igualmente, el juez Florentín decretó la captura nacional e internacional de Mílner Eustaquio Ruiz, imputado por homicidio doloso y hurto, tras el asesinato a tiros de Salinas Benítez, alias Ryguasu.
El magistrado fijó una fianza real de G. 1.900 millones, valor de un inmueble, así como se trabó embargo contra dos inmuebles y tres vehículos que fueron ofrecidos como garantía para que el profesional del derecho imputado en el presente proceso penal pueda abandonar la cárcel de Tacumbú. Ederson Salinas, alias Ryguasu, fue acribillado en el estacionamiento de un supermercado ubicado en Asunción. Los testigos manifestaron que los desconocidos se acercaron hasta Ederson, quien estaba esperando a su esposa que se encontraba en la peluquería y lo acribillaron.
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Abogado de la Conmebol refuta defensa de banco Atlas: “Tergiversa información”
“Me llama la atención que una entidad de intermediación financiera se comunique con medias verdades respecto a sus clientes, esto es muy peligroso”, dijo Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), sobre el comunicado emitido este jueves por el banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, en el que sostiene que la entidad enfrenta una persecución penal absolutamente injustificada.
Lovera se refirió a los puntos que fueron citados como defensa por el banco representado por el abogado Rodrigo Yódice, en los que requieren al Ministerio Público desestimar la denuncia por el presunto caso de lavado de dinero que involucra al extinto expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz y al banco Atlas.
Inicialmente, el banco indica que nunca recibió fondos provenientes de las cuentas de la Conmebol. El informe de la auditoría forense expone el movimiento financiero de la Conmebol en el sistema bancario paraguayo que totalizó la suma de USD 1.117 millones en el periodo 2011 al 2015 y en sus 43 páginas no hace mención al banco Atlas.
“El comunicado tiene varios aspectos irónicos y contradictorios. En el punto uno hace referencia a que en el informe de la auditoría forense el banco no fue citado. En realidad el informe de auditoría forense trabaja con la información primero que se obtuvo en el ámbito de la Conmebol, segundo que se obtuvo en el contexto de cuentas de la Conmebol. Es irónico, porque vimos comunicados anteriores en los cuales el banco Atlas explicó su postura que motivó a que el banco no colabore con información para la auditoría forense”, dijo a la 1020 AM.
Asimismo acotó: “El comunicado ya empieza tergiversando la información y olvidando que anteriormente informaron que con sus motivaciones se niegan a aportar información a la auditoría forense, pero hoy en día se jactan de no figurar en el informe. No figuran porque se negaron a proporcionar información”.
El abogado siguió argumentando que “si el banco Atlas se negó a proporcionar información cómo esperan que figuren en la auditoría forense. Lo que afirmó de forma categórica es que si hubiera colaborado en esa oportunidad, pongo la firma de que el banco hubiese figurado en el informe de auditoría forense”.
Respecto al punto donde el banco sostiene que Leoz celebró 7 contratos de fidecomisos en el sistema financiero, de los cuales 2 fidecomisos se constituyeron en el banco Atlas con certificados de depósito de ahorro (CDA), con fondos absolutamente trazables de su actividad comercial en el Paraguay, y que involucró la suma de USD 6 millones, Lovera afirmó: “¿cuáles eran las actividades comerciales de Leoz que le permitían generar esos millones de dólares en 4 meses? Cómo el banco teniendo documentos que no sustenta el volumen de depósito puede tan livianamente señalar que es fruto de la actividad comercial de Leoz. Él no tenía una actividad comercial generadora de esos fondos”.
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Sobre el punto en el cual el banco refiere que la acción penal promovida contra la Conmebol fue contra personas innominadas, y de manera pública e infundada se pretende el inicio de un proceso exclusivamente contra el banco Atlas, lo que revela claramente una persecución penal absolutamente injustificada. Al respecto, Lovera argumentó que “la titularidad de la persecución es del Ministerio Público, no se puede compeler a la víctima de que sea responsable mediante una querella de que el caso avance”.
El abogado añadió también que “dentro de un caso penal pueden intervenir varias personas, pero es labor de la investigación poder determinar qué persona física intervino cumpliendo los presupuestos de un hecho punible en concreto. Dentro de todo este proceso de CDA y fidecomiso pudieron haber intervenido muchas personas al interior del banco Atlas, pero la investigación puede determinar que no todas puedan tener responsabilidad penal. Esta es una labor que debe llevar adelante el Ministerio Público”.
No se sustenta un pedido de desestimación
El cajoneo de la causa judicial obligó recientemente a la Conmebol a presentar un segundo urgimiento ante el Ministerio Público para avanzar en el caso. “Como víctimas lo único que solicitamos es que la Fiscalía lleve adelante el caso conforme a los elementos que tienen e implemente sus decisiones porque hay un riesgo grande que un caso tan relevante se resuelva por el mero transcurso del tiempo”, puntualizó.
El abogado agregó que “los puntos que están relacionados en el comunicado no sustentan un requerimiento de desestimación. Nosotros como institución nos comportamos correctamente en un proceso penal, aportamos la información que nos requiere el Ministerio Público y obviamente cuando transcurre semejante cantidad de tiempo expresamos nuestras preocupaciones”, dijo.
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Desconocidos asesinan a hombre que estaría ligado al narcotráfico de PJC
En un supuesto hecho de sicariato, un hombre que estaría ligado al narcotráfico fue ultimado a balazos por dos desconocidos, en una vivienda de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Según el reporte, la víctima fue seguida hasta su casa en donde intentó ocultarse, pero fue alcanzado y ultimado.
El hecho se registró en la casa de la víctima ubicada sobre Isabel Rodríguez y 12 de Junio de la Fracción Amambay de la capital departamental. Se presume que el hombre fue asesinado por sicarios que lo siguieron hasta su vivienda luego de ser interceptado en la vía pública.
El fallecido fue identificado como Luis Montanía Martínez, de 53 años, que sería hermano de un abogado de la zona. Datos preliminares indican que el fallecido se encontraba en la vía pública cuando fue interceptado por sus atacantes que aparentemente lo amenazaron antes de ultimarlo.
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Al darse cuenta de sus intenciones, Montanía se zafó y decidió huir de ellos; en un momento dado llegó hasta su vivienda e intentó esconderse en el lugar. Sin embargo, los sicarios ingresaron a la propiedad donde acabaron con su vida a balazos.
Los antecedentes señalan que en el 2014 el fallecido fue detenido por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), por lo que no se descarta su vinculación con el narcotráfico. Hasta el lugar llegaron agentes de Investigaciones y Criminalística de la Policía Nacional. Posteriormente, se dio aviso al Ministerio Público que convocó al médico forense.
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Villarrica: abogado denuncia que sede de la Fiscalía está en deplorable estado
La sede del Ministerio Público en Villarrica se encuentra en deplorable estado, según denunció un abogado de esta ciudad. El edificio acumula una gran cantidad de basura y algunos muebles en desuso están tirados en el patio de la oficina departamental.
El abogado José David Bogado, miembro del Colegio de Abogados de Villarrica, describió las condiciones en que opera esta filial de la Fiscalía. “Es verdaderamente vergonzoso. Es una situación donde no puede desarrollarse bajo ningún punto de vista la labor tan importante y delicada del órgano investigador”, lamentó.
Explicó que el gremio hace mucho tiempo que viene reclamando e inclusive se ha entregado la inquietud al propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
“El pedido que nos hacía él era que tengamos un poco de paciencia que las cosas se irían poniendo en orden y se irían resolviendo. Pero pasaron aproximadamente siete meses y las soluciones no se avizoran. Al contrario, el estado del edificio es cada vez peor”, afirmó el profesional.
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Aseguró que los funcionarios ni siquiera cuentan con insumos de oficina para ejercer sus labores. Tampoco cuentan con elementos de limpieza y entre ellos deben organizarse en pequeños grupos para asear las dependencias. Aparentemente, ni el sanitario funciona, según imágenes socializadas por un medio digital.
“Ellos tienen que comprar sus hojas y sus tintas para tratar de paliar un poco toda la situación para poder dar respuestas a las incesantes requisitorias que a diario recaen ante el Ministerio Público de Villarrica”, remarcó.
Según el denunciante, la información que se maneja en la zona es que el edificio se encuentra en ese estado porque el Ministerio de Economía y Finanzas supuestamente no transfiere los recursos presupuestarios a esta institución.
“Yo no sé si esa puede ser la razón de la ausencia de recursos, pero no existen cupos para combustible, no existen rubros para viáticos. Uno necesita un perito porque debe trasladarse, pero no cuentan con el rubro para el traslado”, se quejó.
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Miguel Prieto y sus denuncias: “Pusimos un zorro para cuidar al gallinero”, lamentan
“Pusimos un zorro para cuidar al gallinero”, lamentó el representante legal de la Contraloría Ciudadana, el abogado Víctor Enriquez, tras la presentación de una nueva denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El dirigente opositor ya suma 39 acusaciones en su contra por supuestos hechos de corrupción en su administración.
El abogado y afiliado del Partido Patria Querida (PPQ) en comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, recordó que formó parte del equipo político de Prieto cuando el intendente aún se desempeñaba como concejal. Agregó que fungió como su apoderado general en las elecciones municipales de 2019 tras concretarse la destitución de la entonces jefa comunal Sandra McLeod.
Señaló que la Contraloría Ciudadana fue el sector que encabezó la redacción de la solicitud de intervención a la gestión de McLeod. “Nosotros estuvimos a lado de Prieto en las elecciones. Se terminó la cuarenta por la pandemia del covid-19 y nos dimos cuenta que pusimos a un zorro y empezamos las investigaciones y procedimos con las denuncias”, indicó.
Sostuvo que Prieto y su entorno valiéndose del poder político que posee en la zona del Este realizan de manera constante “ataques furibundos” en contra de la Contraloría Ciudadana con la finalidad de desprestigiarla. “Él se burla de la gente. En su administración hubo una burda apropiación del dinero público”, sentenció.
Enriquez cuestionó la falta de avances en las investigaciones por parte del Ministerio Público. A la vez dijo que del total de las acusaciones que posee el líder del movimiento Yo Creo, la Contraloría Ciudadana impulsó 15. Las 39 denuncias contra Prieto también involucran al actual edil de la capital de Alto Paraná Sebastián Martínez, por los supuestos hechos de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Según la acusación, ambos habrían creado subcomisiones vecinales ficticias en diciembre de 2020 con la finalidad de desviar fondos municipales destinados a la financiación de las ollas populares. “En total se logró desviar del municipio la suma de G. 311.580.000 con falsas documentaciones. Mediante los datos al que accedimos por la vía de acceso a la información pública nos demuestra que esta plata se retiró a los efectos de apropiarse de ella”, sostuvo.
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