La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UC) emitió un comunicado dirigido al presidente de la República, Santiago Peña, en el que expresa su preocupación por la postura que han asumido algunos representantes del país en algunas sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU).

“Acudimos a su persona para exigir que el Paraguay, mediante sus representantes, valiéndose del principio de autodeterminación de los pueblos, se mantengan firmes en la protección de la dignidad humana razonablemente amparada en nuestro ordenamiento jurídico. Esta postura no permite que, una agenda ideológica y autoritaria; contraria a las verdades jurídicas y humanas, carcoma y destruya los derechos del noble y valiente pueblo paraguayo”, reza el comunicado.

Las autoridades de la universidad afirman que el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone una visión errada de la libertad religiosa y aseguran que este hecho implica una distorsión y posterga este derecho “al punto de someterla a principios no convencionales ni legales”.

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“La reciente posición de nuestro país en el proceso de negociación previo al 54º período de sesiones de la asamblea general de la OEA. Los documentos preparados contienen términos que amenazan directamente nuestro sistema jurídico, la cultura y los valores del pueblo paraguayo protegidos y amparados por la Constitución de 1992; tales términos, menoscaban derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la dignidad femenina, el valor de la persona humana, el derecho a la vida y la libertad religiosa, entre otros”, sostienen.

En este mismo sentido, manifiestan que existen discursos y argumentos que amenazan y criminalizan las posiciones religiosas, que promueven políticas de penalización a quienes profesan su fe o emiten juicios religiosos. “Implica condenar a priori a todos los que profesamos una fe”, señalan. Igualmente aseguran que dadas estas consideraciones, Paraguay no está en condiciones de cumplir con las exigencias de los documentos preparativos de la asamblea general de la OEA.

“Hacemos propicia la ocasión para recordar que, el Estado paraguayo de por sí, posee suficiente legislación que protege al ser humano, contra todo daño y violencia, conforme al estado de derecho y nuestras disposiciones constitucionales”, expresan y a esto añaden. “Las decisiones que pudieran darse, amenazan a nuestra población pues, al socavar la vida de los no nacidos, a quienes se los puede condenar a muerte en el vientre de sus madres, se priva a la sociedad de la riqueza humana y de humanidad”.

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El Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA), la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), emitieron un comunicado en conjunto, en el que expresan su postura respecto a los precios establecidos para la exportación de cárnica y piden al gobierno trabajar de forma conjunta.

“En el marco del inicio de las exportaciones al mercado canadiense, un acontecimiento que todos los eslabones de la cadena cárnica (producción, industria, gobierno y servicios) podríamos estar celebrando por el esfuerzo conjunto y el éxito obtenido; el productor primario, que genera el 93% del empleo en la cadena y representa el 96 % de las inversiones, alza su voz para expresar su molestia, descontento y descreimiento respecto a nuestra capacidad de avanzar juntos”, expresa el escrito.

El comunicado fue dado a conocer este viernes 14 de junio y en el mismo menciona que a inicios de este año, el precio del ganado estaba fijado en USD 3,50 y a un valor de USD 4,700 por tonelada para la exportación. Actualmente, los precios de referencia están fijados en USD 3,00 y el valor para la exportación es de USD 4,920 por tonelada.

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“La alarmante concentración de la industria frigorífica donde una gran parte de la faena está controlada por un pequeño número de actores, penaliza de manera injusta al productor. Esta situación es motivo de seria preocupación y es absolutamente importante erradicar todas las condiciones que favorezcan los abusos de posición dominante”, aseveran.

Los gremios reafirmaron que el mercado debe operar bajo condiciones de libre competencia, de modo a garantizar el crecimiento sostenido y el desarrollo integral de todo el complejo agropecuario, al mismo tiempo que se produce un efecto positivo para el país.

En este contexto, hicieron un llamado de atención a toda industria y manifestaron sus intenciones de trabajar de forma conjunta con el gobierno. “Instamos a toda la industria a revisar su conducta con una visión de país, a largo plazo, y sentarnos a la mesa, juntamente con el gobierno para discutir los temas que permitan el crecimiento conjunto de todo el sector”, concluyen.

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El primer embarque de carne bovina paraguaya con destino a Canadá partió este viernes por la mañana, con una carga de 26 toneladas, desde la de la planta industrial de un frigorífico de Loma Plata (Boquerón). Se estima para el primer año la salida de 3.000 y 4.000 toneladas para este mercado.

“Me llama la atención que una entidad de intermediación financiera se comunique con medias verdades respecto a sus clientes, esto es muy peligroso”, dijo Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fút­bol (Conmebol), sobre el comunicado emitido este jueves por el banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, en el que sostiene que la entidad enfrenta una persecución penal absolutamente injustificada.

Lovera se refirió a los puntos que fueron citados como defensa por el banco representado por el abogado Rodrigo Yódice, en los que requieren al Ministerio Público desestimar la denuncia por el presunto caso de lavado de dinero que involucra al extinto expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz y al banco Atlas.

Inicialmente, el banco indica que nunca recibió fondos provenientes de las cuentas de la Conmebol. El informe de la auditoría forense expone el movimiento financiero de la Conmebol en el sistema bancario paraguayo que totalizó la suma de USD 1.117 millones en el periodo 2011 al 2015 y en sus 43 páginas no hace mención al banco Atlas.

“El comunicado tiene varios aspectos irónicos y contradictorios. En el punto uno hace referencia a que en el informe de la auditoría forense el banco no fue citado. En realidad el informe de auditoría forense trabaja con la información primero que se obtuvo en el ámbito de la Conmebol, segundo que se obtuvo en el contexto de cuentas de la Conmebol. Es irónico, porque vimos comunicados anteriores en los cuales el banco Atlas explicó su postura que motivó a que el banco no colabore con información para la auditoría forense”, dijo a la 1020 AM.

Asimismo acotó: “El comunicado ya empieza tergiversando la información y olvidando que anteriormente informaron que con sus motivaciones se niegan a aportar información a la auditoría forense, pero hoy en día se jactan de no figurar en el informe. No figuran porque se negaron a proporcionar información”.

El abogado siguió argumentando que “si el banco Atlas se negó a proporcionar información cómo esperan que figuren en la auditoría forense. Lo que afirmó de forma categórica es que si hubiera colaborado en esa oportunidad, pongo la firma de que el banco hubiese figurado en el informe de auditoría forense”.

Respecto al punto donde el banco sostiene que Leoz celebró 7 contratos de fidecomisos en el sistema financiero, de los cuales 2 fidecomisos se constituyeron en el banco Atlas con certificados de depósito de ahorro (CDA), con fondos absolutamente trazables de su actividad comercial en el Paraguay, y que involucró la suma de USD 6 millones, Lovera afirmó: “¿cuáles eran las actividades comerciales de Leoz que le permitían generar esos millones de dólares en 4 meses? Cómo el banco teniendo documentos que no sustenta el volumen de depósito puede tan livianamente señalar que es fruto de la actividad comercial de Leoz. Él no tenía una actividad comercial generadora de esos fondos”.

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Sobre el punto en el cual el banco refiere que la acción penal promovida contra la Conmebol fue contra personas innominadas, y de manera pública e infundada se pretende el inicio de un proceso exclusivamente contra el banco Atlas, lo que revela claramente una persecución penal absolutamente injustificada. Al respecto, Lovera argumentó que “la titularidad de la persecución es del Ministerio Público, no se puede compeler a la víctima de que sea responsable mediante una querella de que el caso avance”.

El abogado añadió también que “dentro de un caso penal pueden intervenir varias personas, pero es labor de la investigación poder determinar qué persona física intervino cumpliendo los presupuestos de un hecho punible en concreto. Dentro de todo este proceso de CDA y fidecomiso pudieron haber intervenido muchas personas al interior del banco Atlas, pero la investigación puede determinar que no todas puedan tener responsabilidad penal. Esta es una labor que debe llevar adelante el Ministerio Público”.

El cajoneo de la causa judicial obligó recientemente a la Conmebol a presentar un segundo urgimiento ante el Ministerio Público para avanzar en el caso. “Como víctimas lo único que solicitamos es que la Fiscalía lleve adelante el caso conforme a los elementos que tienen e implemente sus decisiones porque hay un riesgo grande que un caso tan relevante se resuelva por el mero transcurso del tiempo”, puntualizó.

El abogado agregó que “los puntos que están relacionados en el comunicado no sustentan un requerimiento de desestimación. Nosotros como institución nos comportamos correctamente en un proceso penal, aportamos la información que nos requiere el Ministerio Público y obviamente cuando transcurre semejante cantidad de tiempo expresamos nuestras preocupaciones”, dijo.

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El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas emitió un comunicado por el que rechaza de manera categórica tener alguna propiedad en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú. Esto a raíz de insistentes rumores de que supuestamente la propiedad donde días atrás fue hallada una importante infraestructura para una granja de criptominería, sería de su dominio.

A través de sus redes sociales, el secretario de Estado manifestó que en honor a su familia, al gobierno encabezado por Santiago Peña y sobre todo como titular de una institución tan importante como el Ministerio de Desarrollo Social, desmiente categóricamente la difamación y calumnia que se le está atribuyendo, al señalarlo como dueño de una tierra que es objeto de una actividad ilegal como la criptominería.

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En el comunicado, el ministro rechaza las insinuaciones que pretenden vincularlo con una propiedad ubicada en la ciudad de Salto del Guairá, donde la Ande intervino y halló instalaciones que se dedican a esta actividad ilegal.

“Al tiempo de desmentir dichas insinuaciones, el ministro Rojas asegura que se reserva el derecho de accionar judicialmente contra quienes eventualmente sean responsables de los hechos de difamación, calumnia e injuria”, concluye el comunicado.

Ante estos rumores, que circulan en redes sociales y en medios de prensa, sobre la supuesta identidad del propietario del inmueble intervenido recientemente en la ciudad de Salto de Guairá, desde la Ande señalan que la institución no celebró contrato, ni registra solicitud de abastecimiento de energía eléctrica emanada de persona física ni jurídica en el lugar.

“La Ande desconoce quién o quiénes son los propietarios del inmueble y de los equipos incautados por orden judicial, a raíz de la denuncia por sustracción de energía eléctrica contra personas innominadas realizada ante el Ministerio Público de Saltos del Guairá”, expresa el comunicado.

Igualmente, señala que la causa se tramita ante la Unidad Fiscal a cargo del Abog. Oscar Paredes, quien, en el marco de la investigación se libró oficios dirigidos a la Dirección General de los Registros Públicos, al Servicio Nacional de Catastro y a la Municipalidad de Saltos del Guairá, respectivamente, para que informen sobre la titularidad y condiciones de dominio del inmueble allanado.

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