Stiben Patrón apeló la ratificación de su prisión preventiva en el penal de Emboscada, por lo que pide que se le otorgue el arresto domiciliario.
Uno de sus abogados, Guillermo Ferreiro, solicitó al Tribunal de Apelación que anule esa resolución. Ferreiro argumenta en un documento que no existen elementos que sirvan como fundamento al juzgado para esta medida.
Agregó que la conducta atribuida a Patrón por la Fiscalía es atípica respecto al hecho punible imputado, ya que la Ley de Armas, en el artículo 97, que hace referencia a elementos explosivos.
El dirigente liberal se encuentra imputado por fabricación de armas explosivas. De acuerdo a la defensa no existen argumentos para sostener su caso.
Portación
Ferreiro afirma que la imputación se basa en una supuesta fabricación de armas explosivas. Sin embargo, los materiales audivisuales que presentó el Ministerio Público prueban la portación.
El otro fundamento del rechazo de la revisión fue que en esta causa los demás procesados viajaron a Uruguay donde solicitaron refugio. Por tanto, Patrón podría hacer lo mismo.
En la causa también están procesados Luis Osvaldo Sánchez, Brian Esteban Martínez Jara, Rubén Moisés Galeano y Osvaldo Daniel Aquino, quienes se encuentran en Uruguay en carácter de refugiados.
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Detienen a un hombre por tentativa de hurto domiciliario
Un hombre de 33 años de edad fue aprehendido por la Policía Nacional por un supuesto hecho de tentativa de hurto domiciliario. El mismo ya posee antecedentes por robo agravado y varias prohibiciones dictadas en otras causas penales por el juzgado competente, que evidentemente fueron violadas. El procedimiento fue realizado en Asunción por el personal de la Comisaría 19°, lugar donde se encuentra el detenido a disposición del Ministerio Público.
Ahora la Fiscalía deberá convocar al detenido para la audiencia indagatoria, donde tendrá el derecho a declarar y contar lo sucedido. Una vez que declare, el Ministerio Público podrá presentar la imputación correspondiente y a su vez, deberá pedir las medidas cautelares correspondiente. Para este tipo de hechos punibles, se podría solicitar la prisión preventiva, debido a que el aprehendido violó sus reglas de conducta y a su vez, por la gravedad del hecho indagado.
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Una vez presentada la imputación, el detenido tendrá que ser trasladado hasta la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial, donde un juez de turno tendrá que realizar la audiencia de imposición de medidas cautelar. En la referida diligencia judicial se definirá si el imputado será trasladado hasta una penitenciaría de nuestro país o será beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
En caso que se decrete la prisión del imputado, la defensa del mismo podría presentar la apelación correspondiente y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que estudiará si corresponde ratificar la prisión o revocarla y ordenar una medida menos gravosa que podría ser el arresto domiciliario o la libertad ambulatoria.
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Alumnos realizan medida de fuerza
Alumnos del Colegio Profesor Atanasio Riera, ubicado en el Área 1 de Ciudad del Este, decidieron impulsar una medida de fuerza en la institución, que se inició ayer y continuará hasta que sus reclamos sean escuchados por las autoridades educativas.
Se trata de una sentata simbólica, cuya finalidad es manifestar de manera pública una serie de exigencias y reivindicaciones ante las autoridades educativas.
Según el informe de Radio Concierto, uno de los planteamientos de los estudiantes tiene que ver con la continuidad del Bachillerato Técnico en Electricidad (BTE), pues hasta el momento no fue habilitado.
Así también, reclaman la falta de una rendición de cuentas por parte de la actual directora, Ramona Gauto, a quien tildaron de “poco transparente” por no presentar los balances.
Los estudiantes en protesta afirman que continuarán con esta medida de fuerza hasta tanto reciban alguna respuesta por parte de representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
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Alto Paraná: imputan a funcionario infiel que fingió asalto y se quedó con dinero de su patrón
Este viernes, la fiscal Diana Gómez imputó a un hombre que fingió un asalto para quedarse con el dinero de la empresa donde prestaba servicio, en el departamento de Alto Paraná. El trabajador se habría llevado cerca de 9 millones de guaraníes y solo lograron recuperar la mitad de lo sustraído.
Se trata de Nelson David Genes Sotelo, quien fue imputado por simulación de un hecho punible. El supuesto asalto ocurrió en horas de la mañana del pasado 9 de abril en zona de Ciudad del Este y la víctima se presentó en el puesto policial situado en el kilómetro 12 Acaray, donde formuló una denuncia por supuesto robo agravado.
El hombre relató a los intervinientes que fue víctima de un asalto por parte de dos personas que lo despojaron de una motocicleta de la marca Maruti, de color rojo, un celular y la suma de 8.254.000 guaraníes, recaudación del día de su trabajo y que pertenecía a la empresa donde él prestaba servicio.
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Todo iba bien, hasta que los agentes comenzaron a hacerle preguntas y este cayó en contradicciones, a todo esto, se sumó que los vecinos donde aparentemente ocurrió el asalto confirmaron que no vieron nada. Entonces decidieron catear al hombre y encontraron entre sus pertenencias la suma de 4.650.000 guaraníes.
Finalmente, el hombre aceptó que no ocurrió el asalto y que el celular lo había abandonado en el baño de una estación de servicios donde posteriormente fue incautado y ubicaron la motocicleta en el sitio donde denunció que se registró el atraco. El trabajador fue detenido e imputado quedando a disposición del Juzgado de Garantías.
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Suspensión de habilitación de estaciones de servicios mejorará regulación y ordenamiento, dice Dicapar
Desde las Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar) expresaron su apoyo y reconocimiento a la medida del Gobierno de Paraguay, de suspender por 60 meses nuevas habilitaciones para estaciones de servicios en zonas urbanas del país.
Afirman que se trata de un paso importante para mejorar la regulación y el ordenamiento del sector. Mediante un comunicado divulgado en la tarde de este lunes, el gremio que aglutina a las distribuidoras de estaciones de servicios se expresó respecto a la medida anunciada el 19 de marzo pasado.
“Las Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar) expresamos nuestro apoyo y reconocimiento a la medida, como un paso importante para mejorar la regulación y ordenamiento del sector”, mencionaron. Mediante el decreto 1.400 del Poder Ejecutivo se procedió a la suspensión de la habilitación a los efectos de proteger y preservar el medio ambiente, siendo esta una decisión histórica en el país.
Entre los principales puntos positivos, indicaron que consideran que este decreto permitirá una planificación más efectiva en la distribución de recursos disponibles, especialmente en zonas urbanas donde existe un significativo número de gasolineras. Además de la importancia en el cuidado del medio ambiente, señalan que el sector también requiere de otras políticas públicas que ayuden a reducir la creciente informalidad.
En ese sentido, instan a las autoridades competentes como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) a fortalecer labores de inspección y verificación de la calidad de los combustibles; así como también el cumplimiento de la carga de octanaje prometido al usuario.
A su vez, reiteraron su compromiso con el desarrollo del sector de manera sostenible en el país al igual que con las necesidades e intereses de los consumidores. “Estamos abiertos a colaborar estrechamente con las autoridades para plantear soluciones eficientes que beneficien en transparencia, calidad y seguridad para el mercado”, añadieron.
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