El Gobierno Nacional no reconocerá el resultado de las elecciones anticipa­das que el régimen de Nicolás Maduro convocó para el 22 de abril en Vene­zuela con toda suerte de artilugios para perpe­tuarse en el poder. Así dio a entender el canciller nacional, quien calificó al régimen chavista de ser una dictadura totalmente consolidada que está sometiendo a un trato cruelmente inhu­mano a su pueblo.

La reiteración de la posición paraguaya coincide con el duro cuestionamiento hecho por la Comi­sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que denunció el alarmante deterioro de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. El máximo organismo continen­tal de derechos humanos sostiene que el "debili­tamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela" se observa desde el 2002, pero en los últimos dos años, y especialmente en el 2017, "ha tenido una profundización e intensificación alar­mantes".

"Es urgente que el Estado de Venezuela asuma y reconozca la gravedad de la situación, atienda las recomendaciones realizadas en este informe, y acepte los ofrecimientos de cooperación interna­cional que buscan el bienestar de sus habitantes", propone la CIDH.

Paralelamente, el mundo está asistiendo al lamen­table espectáculo protagonizado por miles de ciu­dadanos venezolanos que, despavoridos, huyen de su país en busca de mejores días. Es que en la deno­minada República Bolivariana ya no hay suficien­tes alimentos ni medicinas y menos oportunida­des para seguir sobreviviendo con esperanzas, por lo que la única alternativa es fugarse a otros países limítrofes, especialmente Colombia y Brasil, en procura del esquivo pan de cada día.

Los informes revelan que el éxodo de los venezola­nos no ha parado de crecer ante la inhumana situa­ción de escasez de alimentos y medicinas, falta de empleo, hiperinflación y que cada vez va empeo­rando más. Un estudioso del tema señaló que para mediados de este año, el 15% de la población del país, de 31,5 millones, habrá huido, lo que repre­sentaría 4.250.000 venezolanos fugados.

Para colmo, la situación de ese país no promete mejorar, sino empeorar este año. Así, ante la infla­ción récord mundial que tuvo en el 2017, que fue de 2.616%, organismos internacionales conside­ran que el deterioro de precios podría estar este año entre 10.000% y 13.000%. Porque el déficit que tiene el régimen lo financia con impresión de dinero, sin importar las consecuencias en la situa­ción de la gente.

La fuga de venezolanos, la inflación récord mun­dial, el hambre de la gente, la violencia contra la población civil que ya dejó 120 muertos por las protestas callejeras en el 2017 y la farsa electoral en preparación certifican la terrible debacle de la Revolución Bolivariana en el país con las mayores reservas petroleras del mundo.

El Gobierno Nacional ha tenido claro desde el principio el drama de esa nación y ha sido desde el comienzo de su administración el único que se ha opuesto a la dictadura chavista. Eso lo ha demos­trado en su postura por la exclusión de Venezuela del Mercosur, en la condena a los abusos del régi­men, en la solidaridad hacia los presos políticos y sus familias, en la propuesta por rechazar la eter­nización del dictador Maduro a través de cuestio­nadas elecciones y en su actitud dentro del Grupo de Lima.

Como un SOS al pueblo venezolano, el Grupo de Lima debe hacer suyas las peticiones de la CIDH y exigir a Venezuela el restablecimiento del orden constitucional, garantizar la independencia entre los poderes del Estado, la participación política sin discriminación de toda la población, el control ciu­dadano de la actuación de los poderes. Debe pre­sionar a Maduro para dejar sin efectos las medidas que obstaculicen el derecho de las personas a salir del territorio venezolano o solicitar asilo y propo­ner ayuda para su población.

Esta alianza de países debe ayudar para que tanto Colombia como Brasil, que están recibiendo a miles de desesperados venezolanos, tomen medi­das humanitarias especiales hacia los mismos para garantizar su vida y seguridad. También debería recurrir a entidades mundiales especia­lizadas, como el ACNUR, organismo de la ONU dedicado a la atención de refugiados, para pedir­les que den la protección y asistencia que requie­ren tantos latinoamericanos que deben huir de su patria para asegurar su existencia.