Con varios fallos adversos, la Corte Suprema de Justicia ha terminado de dar un golpe decisivo a las posibilidades de alza de ingresos del fisco para hacer frente a los mayores gastos que se incluyeron en el presupuesto estatal para este año. De ese modo, deja a las arcas del Estado en peores condiciones de hacer frente a las nuevas erogaciones que cuando solo había un agujero por los aumentos salariales desmesurados aprobados en medio del clima político preelectoral.

Primero, el Congreso aprobó y validó un Presupuesto General de la Nación para el 2018 con alzas que se destinarán a sueldos de funcionarios de diversas reparticiones, por encima de lo previsto inicialmente y más allá de las posibilidades de ingreso que tiene el aparato estatal. Un golpe bajo que se debe a los intereses electoralistas de los inquilinos del Congreso a quienes no les importan las consecuencias de sus acciones.

El segundo golpazo vino prácticamente al mismo tiempo: la Corte falló a favor de un fuerte sector de las cooperativas que interpusieron un recurso judicial contra el pago del IVA en sus operaciones financieras, cuyo impacto negativo Hacienda calcula entre 40 o 50 millones de dólares menos para sus arcas. Por esos días se conoció otro fallo de la máxima instancia judicial que favorece a 11 grandes firmas exportadoras, que deberán recibir la devolución del 50% del IVA que estaban pagando por operaciones al exportar productos derivados de la soja con bajo proceso industrial. El impacto aquí se calcula que será el equivalente a varios millones de dólares

Según Hacienda, desde el 2014 y hasta el cierre del 2016, estas empresas recibieron 661 mil millones de guaraníes (125 millones de dólares) en concepto de devolución de créditos fiscales. Si a este monto se suma lo devuelto en el 2017, el total superaría los 140 millones de dólares de devolución, o sea, dinero recaudado por el fisco que sale de las arcas estatales para esas empresas.

De este modo, simultáneamente, se produjeron los hechos que desbalancean totalmente el presupuesto estatal, porque le impide al fisco recaudar más, o igual que antes, justamente en un momento en que se le impone erogar más plata para las alzas de salarios. Una perversa contradicción que consiste en pedirle más al Estado cuando se le impide recaudar mejor.

La situación planteada es más grave de lo que parece, porque al fin de cuentas golpeará muy duro a los sectores más frágiles del país, cuyos proyectos quedarán sin suficientes fondos. Por eso el Ministerio de Hacienda salió a decir que la aplicación de ambos fallos impactará fuertemente en la recaudación, lo que planteará una enorme dificultad para el financiamiento del presupuesto fiscal, ya que restará importantes ingresos tributarios, lo que afectará duramente la continuidad de los programas sociales del Estado.

No está de más recordar que actualmente son 1.200.000 personas pobres de todo el país las que están recibiendo subsidios y ayudas estatales para sobrevivir e intentar salir de su postración económica y social. Y, como ha dicho el Gobierno, los planes sociales con que se les asiste están amenazados, porque el dinero que era para estos proyectos, en gran porcentaje tendrá que ser derivado para pagar las alzas de salario alentadas por los legisladores.

Por eso hay que entender que las quejas del Ministerio de Hacienda contra los fallos de la Justicia y la discrecionalidad de los legisladores es en defensa de los miles de personas que viven en la miseria y necesitan seguir siendo ayudadas por el Estado como ha acontecido durante esta administración. Y el reclamo por el equilibrio presupuestario no es por el prurito técnico de los funcionarios, sino por la necesidad de aplicar la justicia social, dando oportunidades a los más necesitados, y poder seguir atendiendo a los olvidados de siempre, que de nuevo han sido dejados de lado ahora por las decisiones cuestionables de la Justicia y la incomprensión de los legisladores.