Dos hechos trascendentes se dieron esta semana; por un lado, tras eficientes y duras negociaciones con representantes de Brasil, Paraguay logró un acuerdo en el precio de la tarifa de Itaipú, además de royalties, compensación de energía y hasta utilidades de capital; segundo, nos enteramos que el Consejo de Administración del IPS aprobó un anteproyecto de ley que modifica su carta orgánica.

En el primer caso hasta el sector industrial felicitó al Gobierno por el resultado obtenido. Esto significa que con el dinero que entrará se podrán realizar las tan necesarias y retrasadas infraestructuras que –según estiman– en tres años podrían posicionar al Paraguay en el camino de la industrialización, generando mejores fuentes de empleo para los ciudadanos y mayores ganancias para los empresarios. Pero la gente festeja lo que considera importante: que Ande no aumentará de precio y que los “cortes de luz” ya no serán frecuentes.

En el segundo caso, en el de IPS proponen sumar los últimos 120 meses del salario del trabajador para jubilarlo con ese porcentaje, no como era hasta ahora con el porcentaje de los últimos 36 meses.

Este cambio se debe a que supuestamente un trabajador que durante toda la vida ganó, por ejemplo, el salario mínimo, en los últimos tres años antes de jubilarse comienza a aportar como si fuera un gerente. Por lo tanto, se jubila como gerente, pero solo aportó el monto mínimo y se genera un déficit.

Buscar soluciones justas para los trabajadores debería ser un deber para el IPS; sin embargo, todas las soluciones van en contra de los demás honestos aportantes que durante años se sacrificaron.

Tomando el salario mínimo de los últimos diez años podríamos hacer un cálculo para darnos cuenta de que siempre el empleado es el que pierde. Primera pregunta: si Juan, que gana sueldo mínimo, se jubilara hoy, ¿por qué debe cobrar menos de lo que gana en este momento si ese es el nivel de vida que lleva? Segunda pregunta: ¿cuánto cobraría haciendo el porcentaje de los últimos diez años?

Teniendo en cuenta los salarios mínimos de los últimos diez años 1.824.055 (2014), 1.824 055 (2015), 1.964.507 (2016), 2.041.123 (2017), 2.112.562 (2018), 2.192.839 (2019), 2.192.839 (2020), 2.289.324 (2021), 2.550.307 (2022) y 2.680.373 (2023). El total es 21.671.984, que dividido entre 10 sería 2.167.198. Es decir, de estar ganando 2.680.373 pasará a cobrar 2.167.198, o sea 513.175 guaraníes menos de lo que gana hoy. ¿Por qué?.

Si el cálculo se hiciera sobre los tres últimos años, veríamos que la suma alcanza 7.520.004, y dividiendo entre tres años, el mismo jubilado tendría que cobrar 2.506.668. Es decir, cobraría 339.470 más que haciendo el cálculo de los diez años.

El problema no son los trabajadores ni los empresarios, el error viene del mismo IPS, que no actúa como policía administrativo. Los controles que realiza son completamente ineficientes y por esa falta deben pagar los que no pueden defenderse, o sea, los empleados a quienes por ley se les obliga a aportar, pero a la hora de jubilarse les cambian las reglas para pagarles menos y que vivan como mendigos.

Conozco casos en los que las empresas descontaban el aporte a sus colaboradores, pero que no llegaban al IPS. Y si el empleado cuestionaba, era despedido. ¿Qué hace el IPS para proteger a estos ciudadanos? Miles de empleados quedaron sin posibilidad de jubilarse por esta razón y deberán trabajar hasta morir sin opción de la jubilación. Y siguen aportando, pero llegarán al final –si llegan– cuando sea tarde y no podrán disfrutar de su derecho.

El Consejo de IPS debe cambiar de mentalidad, ejercer el control como deben y defender los intereses de los aportantes.