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NUEVA YORK.

Sin importar quién gane, lo más probable es que los californianos salgan perdiendo.

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Gracias a que su clientela es predecible y sus dividendos estables, los servicios públicos locales se han ganado el apodo de “acciones de viudas”. Sin embargo, en California sus ingresos no son tan seguros.

La empresa más grande de electricidad, Pacific Gas & Electric Company (PG&E), se declaró en quiebra en enero y calculó que tendría unos 30.000 millones de dólares en pasivos debido a su participación en una serie de incendios forestales mortales.

El precio de sus acciones ha bajado casi un 90 por ciento desde el 2017. Hace poco cortó los servicios de millones de californianos para evitar que sus instalaciones encendieran nuevas chispas. Clientes y políticos por igual expresaron su enojo. Para colmo, también se libra una batalla desenfrenada por el control de la empresa.

RESPALDO FINANCIERO

El órgano de administración de PG&E cuenta con el respaldo financiero de grandes fondos (en especial Abrams, Redwood y Knighthead) que son tenedores de un poco más de la mitad de sus acciones.

Su plan de reestructuración, que favorece a los accionistas actuales, propone emitir nueva deuda y ampliar su capital. Un plan rival de los tenedores de bonos y obligaciones (entre ellos grandes gestoras de activos como Elliott, Apollo y Pimco) podría eliminar casi por completo el capital actual. Este esquema es atractivo para las víctimas de los incendios, pues ofrece una compensación más elevada que la ofrecida en el plan de la administración.

Los obligacionistas parecían tener cierta ventaja. Pero entonces, los políticos metieron su cuchara. El 4 de noviembre, los alcaldes de Oakland, San José y otros municipios expresaron su interés en comprar PG&E para convertirla en una cooperativa.

Han comenzado a ejercer presión sobre Gavin Newsom, gobernador de California, y algunos reguladores estatales para que apoyen su propuesta. De ser aprobada, permitirá que PG&E aproveche normas que exentan del pago de impuestos federales a los servicios públicos municipales de California, como los de Los Ángeles y Sacramento, además de permitirles establecer sus propias tarifas y tener acceso a capital más barato que el que pueden obtener las empresas privadas de servicios públicos. Newsom, quien ha expresado opiniones en contra del órgano de administración de PG&E, amenazó con que el estado se apropiará de la empresa si para el 30 de junio esta no se ha reestructurado.

PG&E SIGUE EN LA TABLITA

Tras años de falta de inversión, su red necesita una actualización masiva. Stephen Byrd, del banco Morgan Stanley, calcula que poner bajo tierra sus líneas de transmisión y distribución en las áreas más vulnerables con el propósito de reducir el riesgo de causar incendios costará 100.000 millones de dólares.

Lawrence Makovich, de la consultora IHS Markit, hace notar que la empresa debe cubrir otro costo más. Una ley estatal aprobada el año pasado establece el requisito de que la mitad de la electricidad de California se produzca a partir de fuentes renovables para el 2025, un aumento con respecto a alrededor de un tercio de esa cantidad en el 2017.

Por lo tanto, al igual que otras empresas de servicios públicos, PG&E ha suscrito algunos contratos caros para producir energía limpia. Descartar aquellos organismos que cobran una prima por energía menos limpia podría representar un ahorro de 1.400 millones de dólares al año para la empresa como parte de la reestructuración, según cálculos de la calificadora Moody’s.

Por desgracia, lo más probable es que los activistas y políticos de California, que apoyan con determinación las tecnologías respetuosas del medioambiente, se opongan a un cambio así.

Por si fuera poco, también está la “indemnización por expropiación forzosa” de California, una ley estatal idiosincrática que responsabiliza a los servicios públicos por cualquier daño ocasionado por su equipo durante algún incendio, aunque hayan cumplido todas las normas de seguridad y no hayan actuado con negligencia.

EXPANSIÓN IMPRUDENTE

La imprudente expansión de viviendas en áreas susceptibles de sufrir incendios ha puesto en grave riesgo casi 110.000 millones de dólares en bienes inmuebles en California. El cambio climático agrava cada vez más el clima seco, por lo que los incendios son más feroces. Puesto que esa ley crea increíbles responsabilidades potenciales, ahora es prácticamente imposible que las empresas de servicios públicos puedan adquirir un seguro.

En julio pasado se creó un fondo estatal de seguro contra incendios con 21.000 millones de dólares, que recibirá financiamiento en la misma proporción de las empresas privadas y de los clientes. Es muy conveniente que el esquema distribuya el riesgo.

Por desgracia, es demasiado pequeño. Restringe la distribución a California, según subraya Joseph Scalise, de la consultora Bain. Los estados en que las empresas de servicios públicos tienen acceso a las aseguradoras y a reaseguradoras pueden distribuir el riesgo globalmente.

ENORMES GASTOS POR INCENDIOS

La desventurada empresa de servicios públicos todavía podría ser víctima del embate de enormes gastos relacionados con incendios en esta temporada seca, que termina en diciembre. En tal caso, podría perder el capital de inversión restante.

En tales circunstancias, los obligacionistas podrían negarse a entregar las inyecciones de capital prometidas. El gobierno podría quedar enganchado con el problema. Independientemente de quién gane la batalla por el control de PG&E, los ciudadanos comunes y corrientes de California terminarán pagando, ya sea en impuestos o en cuentas de electricidad más altas.

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