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Ciudad de Guatemala

Una de sus primeras tareas será enfrentar al presidente Donald Trump. “Tenemos dos opciones muy malas. Hay que elegir la menos mala”. Eso opinó Heydee Berrascout, una fisioterapeuta que llevaba lentes para sol de diseñador y se encontraba fuera de la casilla de votación en un suburbio elegante de Ciudad de Guatemala.

“Tenemos que elegir a alguien, pero a mí no me convence ninguno de los dos”, dijo Óscar Marroquín, trabajador de una fábrica de zapatos al otro lado de la ciudad en la zona más pobre de Bethania.

Ricos o pobres, a muchos capitalinos no les gustaban los candidatos de la contienda presidencial de Guatemala en las elecciones que se efectuaron el 11 de agosto. Tanto Heydee como Óscar eligieron a Alejandro Giammattei, al igual que el 84% de la ciudad.

Giammattei, un conservador que contendía por cuarta vez a la presidencia, obtuvo el 58% de los votos. Su oponente, Sandra Torres, quien fungió como primera dama de 2008 a 2012, obtuvo el 42%. La participación, del 40%, fue la más baja de este siglo.

El país debe esperar ahora cuatro meses hasta que el presidente actual, Jimmy Morales, termine su mandato en enero. Pero ya se conoce la falta de bienestar que heredará Giammattei. En su recorrido, el presidente electo les dijo a los votantes que no quiere que lo recuerden como un “desgraciado más”. Ese sería un logro original en un país donde la confianza en los políticos se esfumó desde hace mucho tiempo.

Morales, un antiguo cómico, por un momento había inspirado esperanza, al vociferar contra la corrupción. No obstante, ha pasado gran parte de su mandato obsesionado con destruir a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo anticorrupción respaldado por Naciones Unidas que no solo ha investigado a Morales sino a Giammattei y a Torres (quien podría acabar en la cárcel cuando termine su periodo de inmunidad como candidata presidencial). La misión del organismo expira este mes, luego de que Morales se rehusó a ampliarla.

Sus detractores dicen que Giammattei representa la continuación de una coalición tenebrosa de empresarios, capos del crimen organizado y militares que desde hace mucho tiempo han gobernado a Guatemala. En su campaña, Giammattei viajó en un helicóptero cuyas placas están registradas a nombre de una empresa cuyo copropietario es Luis Francisco Ortega Menaldo, un general en retiro.

Nadie envidia su bandeja de asuntos pendientes. El campo está plagado de desnutrición y crecimiento lento. Una encuesta de 2011 realizada con mujeres de 54 países pobres arrojó que las guatemaltecas son las de más baja estatura. Unas 200.000 personas se suman a la fuerza laboral cada año, pero el año pasado el sector privado integró solo 3.000 empleos formales.

En Latinoamérica, solo las dictaduras de Nicaragua y Venezuela tuvieron peor calificación en el índice de Transparencia Internacional en cuanto a las percepciones de corrupción gubernamental. Un cuarto de millón de guatemaltecos ha sido arrestado en la frontera sur de Estados Unidos desde octubre. Las pandillas aterrorizan a quienes permanecen en el país.

No teman, dice Giammattei. Su gobierno tendrá “los niveles de testosterona suficientes” para enfrentar al crimen organizado. Su método de “mano dura” incluye la prohibición de visitas conyugales para los prisioneros (tendrán que “arreglarse entre ellos”, señala). Para impulsar el crecimiento, Giammattei promete colocar un “muro de inversión”. Tiene planeado construir un tren de alta velocidad del interior del país hacia las ciudades y los puertos. Ha prometido más programas sociales para las mujeres en las zonas rurales, una promesa antes impensable por parte de un guatemalteco de derecha. Entre los planes que proponen sus asesores expertos están la reforma fiscal y la creación de zonas económicas especiales.

Sin embargo, el problema más inmediato que Giammattei tiene que enfrentar es cómo manejar el acuerdo de “tercer país seguro” firmado hace dos meses por Morales y el presidente Donald Trump, el cual obligará a los solicitantes de asilo que pasen por Guatemala a refugiarse ahí en vez de hacerlo en Estados Unidos.

Es algo impopular y tal vez inconstitucional. Giammattei ha insinuado que quiere modificar el acuerdo. Para aceptarlo, quizás necesite una cobertura política por parte de Estados Unidos en forma de una asistencia reestructurada (Trump la recortó este año) o garantías de que los guatemaltecos obtendrán más permisos para trabajar en el campo en Estados Unidos.

Un dolor de cabeza menos será la salida de la CICIG y sus abogados de alto nivel este mes, lo que permitiría que Giammattei se quede tranquilo. El presidente electo insiste en que continuará la lucha contra la corrupción. Si la CICIG ha hecho bien su trabajo preparando a las instituciones, dice un miembro del futuro Gabinete, entonces Guatemala debe estar bien posicionada para combatir la corrupción sola. Si lo hará o no, depende de que Giammattei tenga los cojones para ello.