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Los países deben equilibrar las demandas de justicia con la necesidad de paz y reconciliación. Algunos son ancianos y frágiles. Otros apenas pintan canas. Otros más pensaron que nadie daría con ellos, tras haberse inventado nuevas identidades en otros países. Algunos eran generales, otros subalternos. En el transcurso de los últimos años, los verdugos y los torturadores de las dictaduras de América Latina de las décadas de 1970 y 1980, por fin han sido llevados a rendir cuentas, a pesar de las leyes de amnistía que fueron el precio de la democracia. Y esto está produciendo una respuesta negativa.

Pensemos en El Salvador, donde la guerra civil entre los guerrilleros marxistas y el Ejército cobró 75.000 vidas entre 1980 y 1992. En uno de los crímenes más atroces de la Guerra Fría en América Latina, una unidad del Ejército entrenada por Estados Unidos asesinó a miles de civiles desarmados, en su mayoría mujeres y niños, en el poblado de El Mozote en 1981. Los autores fueron protegidos por una amnistía general decretada en 1993 como parte de un acuerdo de paz.

Desde entonces, el derecho internacional ha cambiado; se ha movido hacia el principio de que los delitos de lesa humanidad no pueden someterse a amnistía. En 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador adoptó esa doctrina. Un puñado de funcionarios jubilados, incluyendo al ex ministro de Defensa, ahora enfrentan un juicio por la masacre. Eso ha motivado un intento de promulgar una ley para reimponer la amnistía, respaldado por los dos principales partidos políticos, cuyas raíces se remontan a los bandos opositores de la guerra; les preocupa que reabrir el pasado agrave el conflicto político.

Lo más probable es que la ley fracase. El nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien nació meses antes de la masacre, ha prometido vetarla. Sin embargo, hasta que el último criminal de guerra muera, es poco probable que desaparezca el problema de qué hacer con los crímenes de las dictaduras del pasado y las insurgencias guerrilleras en Latinoamérica.

Toda sociedad civilizada debe tratar de castigar esos horrores. Pero en la resolución de conflictos internos, la paz, la reconciliación y la verdad son tan importantes como la justicia. A veces se da un intercambio. Los rebeldes y los dictadores suelen negarse a rendirse salvo que se les prometa amnistía. El imperativo moral se ve atemperado por la factibilidad política. Además, la política no se está haciendo más sencilla.

Lo más imperioso es que los autores de los crímenes digan la verdad, lo cual permite a los familiares de las víctimas tener un pequeño consuelo. En esto, América Latina fue pionera, con comisiones de la verdad en Argentina y El Salvador. El acuerdo de paz de Colombia en 2016 entre los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y un gobierno democrático también fue pionero en la aplicación del actual derecho internacional, pero mediante la justicia restaurativa. Los comandantes guerrilleros no irían a la cárcel siempre y cuando confesaran sus delitos y ofrecieran al menos una reparación simbólica (aunque para muchos colombianos eso fue muy poco).

Los intentos de alcanzar la justicia en casos más antiguos han sido desiguales. Las amnistías autoconferidas por regímenes militares fueron repelidas en Argentina y revocadas en los tribunales chilenos, pero no así en Brasil. Los uruguayos votaron en dos ocasiones a favor de la amnistía en referendos. Argentina y Chile han encarcelado a algunos asesinos del Ejército. Lo mismo que Guatemala, aunque ahora los conservadores están tratando de liberarlos extendiendo la que era una amnistía parcial.

Retroceder poco más de 30 años requiere que los jueces revoquen las leyes de amnistía y un cambio en las condiciones políticas, observa José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, un grupo de defensoría. “Si estos tipos todavía están vivos deberían enfrentar la justicia y decir la verdad”, dice.

La justicia retroactiva es más problemática si parece unilateral. Con gobiernos de izquierda, el Poder Judicial de Argentina sentenció a líderes militares, pero no sometió a revisión los delitos de los guerrilleros. Con menos fundamentos, los que proponen la amnistía en Guatemala invocan el sesgo político.

Hay otras razones por las cuales deshacer las amnistías puede ser malo. Aunque el proceso de paz de El Salvador fue exitoso, el país no lo ha sido. Como buena parte de América Central, sufre por la violencia delictiva. Algunos ciudadanos pueden argumentar que la prioridad debería ser establecer el Estado de derecho en el presente.

El que algunos países hayan acabado con las amnistías puede dificultar alcanzar la paz o la democracia en otros. En Venezuela, la oposición ha ofrecido amnistía a los generales que se rebelen contra la dictadura de Nicolás Maduro. Pero “la mayoría de los funcionarios de alto nivel… no creen en la amnistía”, según la sección Caracas Chronicles del boletín Political Risk Report.

Con mucha frecuencia, el debate político en América Latina suele centrarse en el pasado. Una región que se ha rezagado económica y tecnológicamente en comparación con el resto del mundo no puede darse ese lujo. Nada de esto es un argumento en contra de la aplicación de la justicia cuando sea posible, sino en aras de reconocer que hacerlo tiene sus riesgos.