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Ciudad de Guatemala.

Prometen poco progreso para un país que envía más migrantes a Estados Unidos que cualquier otro país del mundo. Muchos guatemaltecos que buscan un cambio prefieren la frontera a los comicios. En los cuatro años desde que Jimmy Morales ganó las elecciones presidenciales más recientes de ese país, 635.000 guatemaltecos han sido detenidos por agentes fronterizos en México y Estados Unidos. Un candidato que ganara esa cantidad de votos en la primera vuelta de las elecciones el 16 de junio hubiera llegado a la segunda vuelta para sucederlo. Quienes se quedaron no tenían muchas razones para creer que las elecciones mejorarían un sistema político podrido, cuyos fracasos incluyen una tasa de desnutrición infantil que está entre las más altas del mundo.

Pocas personas encarnan ese sistema mejor que los dos candidatos que van hacia la segunda vuelta el 11 de agosto. Sandra Torres, una ex primera dama, ganó el 26% de los votos. Junto con ella, en la segunda vuelta, estará Alejandro Giammattei, quien ha contendido sin éxito para alcalde o presidente en todas las elecciones desde que terminó la guerra civil en 1996. Él obtuvo el 14% de los votos. La segunda vuelta podría ser cerrada.

Las elecciones habían ofrecido esperanzas fugaces. Entre los candidatos más fuertes había estado Thelma Aldana, una ex fiscal general, quien se abrió camino persiguiendo transgresores en cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad, o CICIG, establecida por Naciones Unidas en el 2007. En el 2015, sus investigaciones sobre corrupción llevaron a la renuncia y arresto del entonces presidente Otto Pérez Molina, a grandes manifestaciones contra la corrupción y a la elección de Morales, un antiguo comediante que se decía “ni corrupto ni ladrón”.

La CICIG acusó a Morales de financiar ilegalmente su campaña. Se rehusó a ampliar el mandato de la CICIG, el cual termina en setiembre.

Aldana decidió contender por la presidencia para defender su proyecto contra la corrupción. Sin embargo, en marzo, el gobierno la acusó de malversación y fraude fiscal. Desde entonces ha estado en El Salvador. Esa, más otras descalificaciones dejaron a diecinueve candidatos.

Torres es una política formidable. Durante la presidencia de su entonces esposo, Álvaro Colom, del 2008 al 2012, los ministros que querían conseguir algo buscaban la aprobación de ella, no la de él. Ella creó el primer programa de transferencia de dinero condicionado de Guatemala, Mi Familia Progresa, el cual llegó a casi un millón de hogares. Los guatemaltecos de las zonas rurales lo recuerdan agradecidos.

Los votantes de las zonas urbanas no la quieren. Este año se filtró una grabación de Torres en la que aparentemente aceptaba recibir 40 millones de quetzales (5,2 millones de dólares) en donaciones no declaradas para su campaña por parte de un magnate de la construcción. Ella niega haber cometido actos indebidos. Algunos votantes afirman que se divorció de su esposo debido a la prohibición de que las esposas de los ex presidentes se postulen para ese cargo.

Para asegurarse de no ir a prisión, debe vencer a Giammattei, un ex director de las prisiones de Guatemala. Él promete acabar con la delincuencia. En el 2008 estuvo preso por su presunta participación en el asesinato extrajudicial de once internos, pero posteriormente fue absuelto.

Los guatemaltecos que sueñan con el estado de derecho están desesperados. Torres promete celebrar un referéndum sobre el futuro de la CICIG, pese a que para cuando tome posesión el nuevo presidente, esta ya estará suspendida.

Tal vez Morales, quien no ha logrado gran cosa, termine su presidencia con broche de oro. El 17 de junio, el presidente Donald Trump tuiteó que Guatemala estaba “alistándose” para firmar un “acuerdo para convertirse en un tercer país seguro”. Entonces, Estados Unidos podría negarse a dar asilo a los migrantes que no sean de Guatemala y que atraviesen por su territorio. Eso sería una gran ironía para los votantes guatemaltecos. Muchos de ellos no sienten que su país sea seguro.