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Enormes manifestaciones han cimbrado al gobierno de ese territorio… y a los dirigentes de Pekín.
Hay que destacar tres puntos acerca de los manifestantes que causaron conmoción en Hong Kong esta semana. En primer lugar, eran muchísimos. Cientos de miles salieron a las calles para participar en una manifestación ciudadana que quizá haya sido la de mayores proporciones desde la retrocesión de Hong Kong a China en 1997. En segundo lugar, la mayoría eran jóvenes, demasiado jóvenes para sentir nostalgia por el gobierno británico. Su descontento con la mano dura de Pekín es genuino. Por último, demostraron una gran valentía. Desde el movimiento prodemocracia apodado “Revolución de los Paraguas” en el 2014, el Partido Comunista ha dejado muy claro que no tolerará ningún tipo de insubordinación. Con todo, tres días después los manifestantes decidieron hacer frente a las balas de caucho, el gas lacrimógeno y las posibles represalias legales con tal de expresar su opinión. Todo esto demuestra que muchos ciudadanos de Hong Kong consideran que lo que está en juego es nada menos que el futuro de su ciudad.
A primera vista, podría parecer que las manifestaciones se organizaron para protestar contra un tema limitado y técnico. Según la legislación actual, un residente de Hong Kong acusado de asesinar a su novia en Taiwán el año pasado no puede ser enviado de regreso a ese lugar para enfrentar el juicio correspondiente. Por lo tanto, el gobierno de Hong Kong propuso que se permita la extradición de sospechosos a Taiwán y a cualquier otro país con el que no se tenga un tratado de extradición, incluida China continental.
No obstante, es una propuesta que tiene implicaciones de lo más profundas. Quienes redactaron la legislación actual de Hong Kong durante la era colonial excluyeron a China continental de sus tratados de extradición porque no confiaban en que los tribunales chinos actuaran con imparcialidad en la impartición de justicia. La propuesta de extradición implica el peligro de que todos los habitantes de Hong Kong queden sujetos a los caprichos del sistema legal chino, en el que el Estado de derecho está supeditado a las directrices del partido. Los disidentes que se expresen en contra de Pekín podrían ser enviados ante los tribunales chinos, donde recibirían un trato muy duro. Para los empresarios, el riesgo es que algún competidor chino con buenas conexiones encuentre la manera de arrastrarlos a una jurisdicción fácil de manipular.
Tal situación sería desastrosa para Hong Kong, que podría compararse con un puente muy frágil entre una nación de un partido único y las libertades del comercio global. Muchas empresas han decidido establecerse en Hong Kong porque cuenta con buenas conexiones con el enorme mercado de China, pero además aplica las mismas normas transparentes que rigen a las economías occidentales. Gracias a China continental, Hong Kong es el octavo exportador de bienes del mundo y cuenta con el cuarto mercado de valores del mundo. Sin embargo, su enorme sistema bancario tiene contacto continuo con Occidente y el valor de su moneda se fija con respecto al dólar estadounidense. Para muchas empresas globales, Hong Kong es una puerta al mercado chino y una ubicación central para el continente asiático en su conjunto: más de 1.300 empresas tienen oficinas regionales en su territorio. Si se percibiera a Hong Kong como una ciudad más de China, sus residentes no serían los únicos afectados.
AMENAZA REAL
Desde su ascenso al poder como dirigente de China en el 2012, Xi Jinping ha dejado más claro que nunca su convicción de que el sistema legal debe estar supeditado al partido. China “por ningún motivo debe seguir el ejemplo de ‘independencia judicial’ de Occidente”, enfatizó en un discurso publicado en febrero. En el 2015, Xi lanzó una campaña para acallar a abogados independientes y activistas defensores de los derechos humanos. Cientos de ellos han sido víctimas de acoso o fueron detenidos por la policía. Las autoridades del continente incluso han enviado matones a otras jurisdicciones para cometer secuestros, como el del dueño de una editorial que publicaba libros sobre integrantes del partido, quien desapareció de un estacionamiento en Hong Kong, y el de un magnate capturado en el hotel Four Seasons en el 2017. El mensaje es claro. A Xi no solo le importa poco el Estado de derecho en China continental. Tampoco lo respeta en el resto del mundo.
El gobierno de Hong Kong afirma que la nueva legislación cuenta con protecciones. Sin embargo, los manifestantes hacen bien en dudar. En teoría, la ley propuesta para la extradición excluye delitos de índole política y solo debería aplicarse a delitos que conlleven sentencias severas. Pero el partido desde hace tiempo ha castigado a sus críticos con acusaciones que no parecen ser políticas. El gobierno hongkonés dice que ha reducido el número de delitos de cuello blanco que quedarán cubiertos, pero el soborno y el fraude todavía están incluidos. También ha indicado que solo se considerarán solicitudes de extradición presentadas por los funcionarios judiciales de más alto rango en China. No obstante, la decisión recaerá en el director para la región administrativa. La designación de ese puesto, que ahora ocupa Carrie Lam, es responsabilidad de personas de Hong Kong leales al partido y que le rinden cuentas a Pekín. Los tribunales locales no tendrán mucho espacio de maniobra para oponerse a la legislación, que podría violentar las libertades de Hong Kong por hacer posible que se envíe a los críticos del partido al otro lado de la frontera.
MOMENTO TENSO
Las protestas se han tornado violentas, quizá más que las manifestaciones anticoloniales de 1967. Los funcionarios de Pekín las han condenado por considerarlas un complot extranjero. Lam se ha mantenido firme en su postura, pero no es tarde para que reconsidere.
En sentido estricto, la nueva ley no conseguirá lo que ella pretende. Taiwán ha dicho que no aceptará la extradición del sospechoso conforme a la ley nueva. Se han propuesto soluciones menos explosivas, como permitir que los tribunales hongkoneses oigan casos de homicidios cometidos en otra jurisdicción. El interés en la legislación para prevenir la subversión se fue perdiendo tras las protestas del 2003. Se dice que el gobierno quizá vea esta situación como una oportunidad excelente para impulsar esa legislación que lleva abandonada tanto tiempo. Por el contrario, Lam debería utilizarla como precedente para su reforma en materia de extradición.
El resto del mundo puede alentarla. El Reino Unido, que suscribió un tratado para garantizar que la forma de vida de Hong Kong se mantenga sin cambios por lo menos hasta el 2047, tiene un deber particular. Aunque su gobierno ya expresó inquietud acerca de los “posibles efectos” de la nueva ley, debería denunciar claramente que es una medida errónea. En cuanto a Estados Unidos, que se encuentra en plena guerra comercial con China, existe el riesgo de que Hong Kong se convierta en el centro de un choque de potencias. Algunos políticos estadounidenses han advertido que la legislación propuesta podría poner en riesgo el estado especial que ese país le concede al territorio semiautónomo. Deben actuar con cautela. Romper relaciones con Hong Kong no solo dañaría los intereses estadounidenses en esa región; también afectaría las perspectivas de los hongkoneses y sería una pena recompensar así a quienes quieren defender la democracia. Sería mejor presionar al gobierno central o amenazar con estudiar cada caso de extradición estadounidense a Hong Kong.
La pregunta es si estas acciones tendrían algún efecto. Es difícil saberlo, pues depende de Xi. China ha pagado caro sus ataques en contra de Hong Kong. Cada vez se hace más evidente en el mundo que su comportamiento intransigente y violento no concuerda en absoluto con la imagen de armonía que desea proyectar. Cuando Hong Kong regresó al control chino hace veintidós años, la idea era que ambos sistemas crecerían juntos. Los manifestantes han demostrado que no es lo que está ocurriendo.