Tanto los políticos como los ciudadanos están listos para el cambio, al menos en teoría. Jair Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales de Brasil en octubre pasado gracias a su estrategia de denuncia de las conductas delictivas y la corrupción. Sin embargo, el éxito de su presidencia depende de que logre inyectarle nueva vida a la desfalleciente economía brasileña y solo podrá conseguirlo si refuerza la confianza de los inversionistas mediante una reforma a los sistemas de pensiones del país, tan generosos que rayan en lo absurdo y ponen en peligro las finanzas públicas.

El 20 de febrero, Bolsonaro presentó ante el Congreso un proyecto provisional de modificación a la Constitución que busca poner bajo control el gasto asignado a las pensiones. Más tarde apareció en televisión para promover la reforma que, según prometió, “cambiará nuestra historia”.

REFRORMAR LAS PENSIONES

Bolsonaro ha dado señales encontradas en el tema de las pensiones, que otorgan prestaciones principalmente a los brasileños de mejor posición y que el país no podrá costear a medida que envejezca la población. El gobierno destina el 12 por ciento del producto interno bruto a las pensiones, en comparación con el ocho por ciento que asignan los países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Bolsonaro le dio esperanzas de reforma al pueblo cuando designó como ministro de Economía a Paulo Guedes, quien trabajó en la banca de inversión y es un decidido modernizador. Bolsonaro, quien ha confesado tener conocimientos muy limitados de economía, usa el sobrenombre de “Posto Ipiranga” para Guedes, en referencia a una estación de servicio.

Por otra parte, en su época de congresista, Bolsonaro se opuso al plan de reforma a las pensiones respaldado por el presidente anterior, Michel Temer. Después de resultar electo, volvió a criticar el esquema de Temer y dijo que era “impensable matar a los ancianos para salvar a Brasil”.

El paquete propuesto por el presidente esta semana demuestra que Guedes ganó la discusión, al menos por el momento. Considera fijar la edad mínima de retiro en 65 años para la mayoría de los varones empleados y 62 años para la mayoría de las mujeres, exactamente lo que sugería Temer. Peor aún, el plazo de transición de doce años propuesto es más breve que los 21 años que proponía Temer. En este momento, los brasileños empiezan a recibir pensiones en promedio alrededor de los 55 años, después de pagar cuotas al sistema por lo menos treinta años.

El plan incluye un aumento en las aportaciones de los ciudadanos que reciben ingresos más altos y limita las opciones para que los jubilados cobren más de una pensión. Las normas aplicables a los servidores públicos se asemejarán más a las aplicables a los trabajadores del sector privado.

Si el Congreso aprueba la propuesta en su totalidad, el gobierno podría ahorrar 1,1 billones de reales (295.000 millones de dólares) en diez años, equivalentes a más del uno por ciento del PIB proyectado para ese período. Es un ahorro mayor a los 800.000 millones de reales que proponía el plan original de Temer. El paquete “parece tener como objetivo reducir de manera significativa los desequilibrios”, opinó Mario Mesquita, economista del banco brasileño Itaú.

MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

La siguiente etapa es su aprobación en el Congreso, con el voto mayoritario de tres quintas partes de ambas cámaras, para modificar la Constitución. Pocos observadores esperan que se apruebe sin cambios. Lo que está por verse es cuán dañinos serán los cambios solicitados. El Congreso redujo los ahorros previstos en la propuesta de Temer a la mitad (pero no se aprobó debido a que el ex presidente se vio forzado a invertir todo su capital político en convencer al Congreso de librarlo de cualquier acción judicial derivada de ciertas acusaciones de corrupción hechas en su contra).

Bolsonaro cuenta con ciertas ventajas que no tenía su antecesor. Tiene aliados al frente de ambas cámaras, e incluso los políticos que no lo apoyan, al igual que la ciudadanía en general, ahora están convencidos de que es necesario hacer ajustes a las pensiones. “Hay consenso en cuanto a la necesidad y la urgencia de la reforma”, afirma el senador Tasso Jereissati, del Partido de la Social Democracia Brasileña, de centro, que respalda los planes económicos del gobierno. El banco de inversiones BTG Pactual, del que Guedes es cofundador, reveló que el 83 por ciento de los miembros del Congreso apoyan algún tipo de reforma a las pensiones.

Por desgracia, según admite Jereissati, “existe un amplio espectro” de opiniones sobre el tipo de cambios necesarios. Solo el 38 por ciento de los legisladores están de acuerdo con las edades mínimas propuestas. La mayoría de los electores también creen que son muy altas, según una encuesta realizada por la gestora de inversiones XP Investimentos. Bolsonaro se complicó la tarea al negarse a recompensar el apoyo a su plan con algún incentivo, lo cual es una práctica usual para lograr mayorías en el Congreso.

RODEADO DE ESCÁNDALOS

Para complicar todavía más la situación, tras solo dos meses en la presidencia, ya está rodeado de escándalos. El más reciente se originó porque el periódico Folha de São Paulo reveló que el Partido Social Liberal de Bolsonaro presentó candidatos falsos para cubrir las cuotas de género y recibir los fondos públicos asignados a las campañas. El 18 de febrero Bolsonaro despidió al ex presidente del partido, Gustavio Bebianno, de su puesto en el gabinete.

No es muy probable que esos dramas afecten la reforma a las pensiones. La consultora política Eurasia Group calcula que la probabilidad de que no se apruebe ninguna reforma este año es del 30 por ciento. No obstante, sí podría debilitar al gobierno, si se ve obligado a hacer concesiones a grupos de interés que se verían afectados con los cambios. Las propuestas de nuevas reglas para las pensiones militares ya se pospusieron treinta días. La calificadora de crédito Moody’s predice que el Congreso reducirá los ahorros derivados de la reforma a una cantidad entre 600.000 y 800.000 millones de reales. Incluso en ese caso, Moody’s afirma que sería suficiente para tranquilizar a los inversionistas.

Pero las ambiciones de Guedes no se limitan a la reforma a las pensiones. También pretende simplificar el código fiscal y reducir las barreras a la importación. “Vamos a privatizar todo”, señaló un miembro de su equipo. Si quiere alcanzar esas metas, Guedes tendrá que superar la oposición de los generales retirados que forman parte del gabinete de Bolsonaro, quienes se muestran renuentes a vender activos “estratégicos” como Petrobras, la petrolera estatal. Por su parte, la industria se resistirá a reducir las barreras a la importación.

Por ahora, el gobierno ha concentrado sus fuerzas en las “nova previdência” (nuevas pensiones). Se dice que el Ministerio de Economía planea una intensa campaña en las redes sociales para comunicar que la reforma reducirá la desigualdad, creará empleos y liberará dinero que podrá canalizarse a servicios públicos como educación y salud. Todo eso es cierto, y lo ha sido desde hace mucho tiempo. Con suerte, esta vez los brasileños se convencerán de que así es.