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PARÍS.

Sin embargo, tardarán varios años en alcanzar el éxito.

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Cuando el ex canciller alemán Gerhard Schröder lanzó una serie de reformas para el mercado laboral alemán en el 2003, la tasa de desempleo de su país se ubicaba apenas por debajo del 10 por ciento. Esa misma fue la tasa que heredó el presidente francés Emmanuel Macron, quien firmó la promulgación como ley de su propia reforma al mercado laboral en septiembre del 2017. La versión del presidente francés es más moderada que el paquete de Schröder, sobre todo porque las partes que ya están en vigor solo afectaron el código del trabajo y todavía no contemplan ningún cambio a los sistemas de capacitación vocacional y prestaciones en caso de desempleo. A pesar de ello, la esperanza de Macron de reducir el desempleo no es menos ambiciosa. Después de un año, ¿la reforma francesa ha tenido algún efecto?

A primera vista, podríamos decir que no mucho. El número de personas en busca de empleo aumentó de nuevo un poco en el tercer trimestre, un 0,5 por ciento, después de haber experimentado una ligera alza en el segundo trimestre, según la agencia de asistencia para desempleados Pôle Emploi. El número de personas que no han tenido empleo entre uno y dos años ha experimentado un aumento marcado, del ocho por ciento. La tasa de desempleo total de Francia en el segundo trimestre se ubicó en el 9,1 por ciento, todavía muy por encima del siete por ciento que prometió alcanzar para el 2022.

Por una parte, no es ninguna sorpresa. Es obvio que las reformas laborales tardan algún tiempo para favorecer la creación de trabajos duraderos. La tasa de desempleo de Alemania no comenzó a bajar hasta el 2008, cinco años después del lanzamiento de las reformas, cuando alcanzó el siete por ciento, y después de cuatro años más bajó al cinco por ciento, en parte gracias a la creación de “minitrabajos” con salarios bajos, un aspecto que el gobierno francés no pretende copiar. “Francia no será un país de trabajo a bajo costo”, declaró el ministro del Trabajo, Muriel Pénicaud, el año pasado.

Más aún, el segundo elemento de los tres que constituyen la reforma laboral de Macron, una renovación de los planes de capacitación vocacional en los que Francia gasta 32.000 millones de euros (37.000 millones de dólares, o el 1,4 por ciento del producto interno bruto) al año, apenas acaba de arrancar. El diseño de esta fase busca mejorar los resultados al ofrecer opciones a los empleados mediante créditos de capacitación que pueden decidir cómo gastar. Se destinarán 15.000 millones de euros más durante los siguientes cinco años a la capacitación de personas desempleadas. Estas medidas tardarán mucho más en mejorar las habilidades y las oportunidades de empleo.

La tercera y última parte, la reforma de la protección social, se revelará apenas el siguiente año. Mientras que Schröder comenzó por la reforma de las prestaciones, Macron dejó este elemento al último. Durante su campaña, prometió ampliar las prestaciones en caso de desempleo a todos (en este momento depende de que se acumulen derechos de seguro), para adaptar el sistema de bienestar social francés a un mundo en el que el empleo es menos regular y las personas cambian de trabajo con más frecuencia. Es posible que ahora reduzca esas ambiciones debido a su costo. Tampoco se ha descartado la idea de aplicar medidas estrictas a quienes rechacen ofertas de empleo.

No obstante, existen señales de que las empresas francesas comienzan a responder a las reformas. Una de ellas parece ser una mejora en la calidad de los empleos creados. Por ejemplo, en el tercer trimestre del 2018, el número de empresas que registraron la intención de otorgar contratos permanentes (en vez de temporales) fue un 10 por ciento más alto que el año anterior, según la agencia de seguridad social Acoss. Los datos también muestran un alza en la proporción general de los habitantes entre 15 y 64 años que trabajaron con contratos permanentes en los tres trimestres pasados y una caída reciente en aquellos que tienen contratos a corto plazo.

Otra señal es el número de casos de despido injustificado que se promueven ante los tribunales del trabajo. Hasta hace poco, los tribunales franceses tenían total libertad para otorgar daños y perjuicios sin límites, por lo que había variaciones tremendas. La legislación laboral de Macron estableció un tope para esas sentencias, por lo que se redujo el riesgo financiero derivado de los despidos (y, por lo tanto, de las contrataciones) para las empresas. En el 2017, el número de este tipo de casos presentados ante los tribunales se redujo un 15 por ciento con respecto al año anterior. El director de una empresa de servicios que emplea a cuarenta personas en su centro de atención telefónica afirma que por lo regular contrata a unas cinco personas cada mes, y que solía darles contratos a corto plazo. Ahora, por lo menos dos de esas personas reciben ofertas de contratos permanentes. “Es mejor tener empleados que estén motivados, pero en el pasado era un riesgo”, explica. “Ahora es una apuesta que puedo manejar”.

Estas tendencias son nuevas y es necesario confirmarlas. Gran parte dependerá del panorama económico más allá de Francia. Con todo, en opinión de Ludovic Subran, economista jefe de la aseguradora de crédito Euler Hermes, “vamos por la trayectoria correcta y deberíamos ver resultados para el 2020”. Macron ha urgido a la población a tener paciencia. Por supuesto, el problema es que los políticos que lanzan las reformas por lo regular no ven los beneficios. Justo cuando sus últimas reformas laborales entraron en vigor, en el 2005, Schröder perdió su trabajo ante su contrincante, Angela Merkel.

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