Sin embargo, el gobierno de Trump insiste en blandir con total displicencia esa peligrosa arma.

“Donald Trump es el tipo de persona que puede darte un puñetazo en la cara y, si se lo devuelves, decirte: ‘Quiero ser tu amigo’. China se defendió y él dio marcha atrás. En cambio, los europeos lo halagaron y no consiguieron nada”. Así describe un ex funcionario estadounidense (que ahora es un ejecutivo) los giros más recientes en la política de imposición de sanciones del gobierno de Trump, que este año ha causado perturbaciones en el comercio desde Estados Unidos hasta Europa, Rusia, China e Irán. Según los analistas, se ha hecho evidente para los líderes empresariales que este enfoque punitivo se aplica a capricho, de manera agresiva y, en ocasiones, irreflexiva. Sin embargo, a menos que las empresas o sus gobiernos se decidan a externar sus quejas ante la Casa Blanca, no les queda más remedio que acatar las poderosas disposiciones estadounidenses, aunque algunas veces no sean las más atinadas.

La naturaleza caprichosa de esta política se hizo evidente el 13 de mayo, cuando el presidente Trump cambió bruscamente su postura con respecto a ZTE, el cuarto mayor fabricante de equipo de telecomunicaciones del mundo, que cuenta con un gran apoyo del gobierno chino. La empresa llegó a estar al borde de la quiebra después de que, en abril, el gobierno estadounidense les prohibió a las empresas de ese país suministrarle componentes. Esta medida se tomó como castigo para ZTE por haber violado las sanciones estadounidenses en contra de Irán y Corea del Norte y por haber mentido después acerca de las sanciones que sufrió el personal implicado.

En dos tuits inesperados, Trump señaló que estaba colaborando con el presidente chino, Xi Jinping, para que ZTE lograra “volver a los negocios, rápido” y que esa ayuda era parte de un acuerdo comercial más amplio con China. Algunos congresistas estadounidenses opinaron que esta decisión parecía más bien sumisión en respuesta a amenazas de represalias de China.

La rectificación de Trump no solo constituye una intervención inusual en la aplicación de la ley; para colmo, ese mismo día su asesor de seguridad nacional, John Bolton, amenazó con castigar a las empresas europeas que no respeten las nuevas sanciones impuestas a Irán por el gobierno de Trump tras su salida del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), un acuerdo nuclear implementado en EL 2016. En otras palabras, una reconocida infractora de las sanciones a Irán que es aliada de China podría quedar libre de cualquier represalia, mientras que otras empresas autorizadas conforme a la legislación europea para tener relaciones comerciales con Irán estarán bajo presión, a menos que sus líderes hagan algo al respecto.

La pregunta que se hacen las empresas europeas es si sus líderes están dispuestos a librar esa batalla. Varios fabricantes de automóviles franceses, la importante empresa de aceites Total y el fabricante de aviones Airbus desarrollaron fuertes vínculos comerciales con Irán después de que se retiraron las sanciones europeas en el 2016. Peugeot y Renault vendieron más de 600.000 automóviles en ese país el año pasado. Total firmó un convenio por 5.000 millones de dólares para extraer gas natural en Irán, en una inversión conjunta con la empresa china PetroChina. Irán hizo un pedido de 100 aviones a Airbus. SWIFT, un sistema de mensajería bancaria internacional con sede en Bélgica que tramita pagos comerciales, volvió a conectar a los bancos iraníes en el 2016.

¿EL BLOQUE EUROPEO PODRÍA BLOQUEAR LAS ACCIONES?

Los líderes europeos intentaron elaborar un plan para mantener vigente el PAIC sin la participación de Estados Unidos, de manera que sus empresas pudieran seguir comerciando con Irán. Ali Vaez, de la consultora International Crisis Group, opina que para convencer a Irán de confirmar su adhesión al plan con algunas modificaciones, los europeos quizá tengan que comprometerse a comprar el petróleo de Irán y mantener su acceso a SWIFT. El problema es que, para poder hacerlo, Europa tendría que tomar “una serie de decisiones terribles”. Una de ellas sería amenazar con imponer aranceles a las importaciones estadounidenses si el gobierno de Trump aplica sanciones secundarias a algunas empresas europeas por comerciar con Irán, o imponer alguna “legislación de bloqueo” como la que se promulgó en 1996 para proteger a sus empresas de sanciones relacionadas con Cuba. “La exención a ZTE es un buen ejemplo de que si la Unión Europea decide aplicar medidas extremas, podría negociar exenciones”, subrayó Vaez.

Muchos ponen en duda que Europa esté dispuesta a luchar. “Ni siquiera en mis sueños más descabellados podría imaginar que Europa tomara esa decisión”, comentó Amos Hochstein, quien formó parte del gobierno de Obama e impulsó la aprobación de sanciones al petróleo iraní en el 2012. Patrick Murphy, del despacho de abogados Clyde and Co., cree que las sanciones propuestas para Irán difieren demasiado de las impuestas en el caso de Cuba para que se pretenda aplicar un remedio similar.

Por otra parte, según Murphy, en un mundo cada vez más dolarizado, a las empresas y los bancos les preocupa tanto quedar excluidos del sistema financiero que, de hecho, “cumplen de más” las exigencias legales de Estados Unidos. Dice que este temor explica por qué la inversión europea en Irán aumentó a un ritmo tan lento entre el 2016 y el 2018, a pesar de que se habían levantado las sanciones. El 16 de mayo, Total declaró que desmantelará sus inversiones en Irán para noviembre si las autoridades estadounidenses no le conceden una dispensa. Argumentó que no puede darse el lujo de quedar expuesta a sanciones, pues podría significar perder el acceso al financiamiento en dólares de los bancos estadounidenses.

Las empresas enfrentan muchas otras complicaciones. Según la firma de abogados Gibson Dunn, desde que Trump asumió el cargo, se ha disparado la cantidad de casos en que Estados Unidos ha recurrido a las sanciones como estrategia para combatir el terrorismo, la proliferación nuclear, los abusos de los derechos humanos y la corrupción. El año pasado, incorporó a unas mil organizaciones en su “lista negra”, casi un 30% más que en el último año de Barack Obama. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), encargada de aplicar las sanciones que impone Washington, ha sido objeto de una atención sin precedentes por parte de Steven Mnuchin en el Departamento del Tesoro. “Según nuestro leal saber y entender, nunca antes un secretario del Tesoro había mostrado una preferencia tan marcada por el instrumento de las sanciones”, indicó Gibson Dunn.

En consecuencia, la OFAC está operando bajo una “presión increíble”, aseveró Elizabeth Rosenberg, del grupo de expertos Center for a New American Security. Esta situación hace más difícil para las empresas tener claridad respecto del alcance de las sanciones. La OFAC perdió hace poco a su director, John Smith, y a otro alto funcionario. Este déficit de personal puede dificultar todavía más la situación de las empresas: en algunas ocasiones, el gobierno de Trump ha impuesto sanciones sin evaluar las consecuencias de sus actos. Su ofensiva en contra de Rusal, el mayor productor de aluminio de Rusia, en abril, tenía como objetivo castigar al oligarca ruso Oleg Deripaska, quien tiene una participación mayoritaria en Rusal a través de ESP+, una empresa que comenzó a cotizar hace poco en Londres. En realidad, provocó la interrupción inmediata del mercado de aluminio del mundo, pues Rusal le suministra aproximadamente el 6%.

A su vez, los precios más altos del aluminio afectaron a los fabricantes de automóviles y de latas, así como a otros usuarios del metal, lo que produjo una fuerte movilización de cabildeo en Washington. Menos de tres semanas después, el Departamento del Tesoro moderó los efectos de la sanciones mediante una prórroga en el plazo “de cierre” otorgado a las empresas para concluir sus negocios con Rusal. También le ofreció a EN+ la oportunidad de evitar las sanciones para sí misma y para Rusal con la condición de reducir la participación de Deripaska a menos del 50%, siempre y cuando pudiera encontrar un banco de inversiones dispuesto a participar en la transacción.

Rosenberg afirma que la obligación del Departamento del Tesoro es estar preparado para la reacción política y del mercado, no imponer sanciones para después “rectificar en caso de protestas”. Otros críticos comentan que, al considerarse más “transaccionales”, las sanciones pierden credibilidad.

Sin embargo, con todo y que el sistema estadounidense puede haberse enturbiado, las empresas no están dispuestas a ignorarlo. Hacer negocios en países identificados como regímenes renegados no es muy bueno para su reputación. Por más que les desagrade convertirse en un instrumento de la política exterior nada ortodoxa de Trump, saben que no pueden hacer caso omiso de ella.