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Los políticos israelíes quieren que las iglesias paguen impuestos sobre sus negocios.

Una pequeña escalera de madera se alza sobre una repisa a la entrada a la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado. La escalera no sirve para nada, pero la ha movido de lugar solo dos veces en los últimos dos siglos. Eso es porque las seis denominaciones cristianas que tienen presencia en la iglesia deben ponerse de acuerdo para cualquier reorganización del recinto. Raramente lo hacen.

Sin embargo, el 25 de febrero pasado, los principales ocupantes, los católicos, los ortodoxos griegos y los armenios, mostraron una rara unidad ecuménica. Decidieron cerrar la iglesia en protesta contra un intento de la municipalidad de gravar las propiedades comerciales de las iglesias y un proyecto de ley en la Knéset (el parlamento israelí) que permitiría al gobierno expropiar la tierra vendida por las iglesias a compradores privados. Los líderes de la iglesia compararon las medidas con las leyes "promulgadas contra los judíos durante los períodos oscuros en Europa".

Dos días después, Benyamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, intervino. Dijo que un comité dirigido por Tzachi Hanegbi, un ministro del gabinete, trabajaría con las iglesias para resolver la disputa sobre los impuestos; la legislación de la discordia en la Knéset sería puesta en modo de espera. Así, el 28 de febrero último se reabrió la Iglesia del Santo Sepulcro, poniendo fin a la crisis inmediata antes de que pudiera interrumpir la peregrinación de la Pascua.

Pero los problemas subyacentes persisten. Tienen sus raíces en el siglo XVI, cuando las iglesias comenzaron a comprar propiedades en Jerusalén a los otomanos, que gobernaban la ciudad. Las iglesias construyeron escuelas, albergues y hospitales para peregrinos y cristianos locales. La propiedad sirvió como un símbolo de poder clerical. En el siglo XX, a medida que Jerusalén crecía y se dividía y se volvía a reunir por la guerra, la población cristiana se redujo. La tierra se usa cada vez más con fines comerciales. Se construyeron nuevos vecindarios en parcelas alquiladas en las iglesias, que siguen siendo los propietarios de tierras privados más grandes de la ciudad de Jerusalén.

Aunque el gobierno israelí ha eximido durante mucho tiempo a las iglesias de los impuestos, el municipio de Jerusalén ha exigido que sus negocios paguen impuestos locales. Se suponía que la disputa se resolvería en conversaciones con el Vaticano, pero se prolongó durante dos décadas. Entonces, a principios de febrero, Nir Barkat, el alcalde de Jerusalén, colocó gravámenes sobre las cuentas bancarias de las iglesias (ahora levantadas) por impuestos no pagados por un total de 650 millones de shekels (US$ 187 millones). Barkat también podría haber esperado presionar al Ministerio de Hacienda para ayudar a cubrir un déficit presupuestario local.

La propuesta en la Knéset fue considerada aún más nociva por las iglesias, que han comenzado a vender gran parte de sus propiedades residenciales en el oeste de Jerusalén, la principal mitad judía de la ciudad. La propuesta tenía la intención de proteger a los inquilinos de tener que negociar con los desarrolladores inmobiliarios sobre el futuro de sus hogares. Pero las iglesias afirman que la posibilidad de expropiación por parte del gobierno ahuyentaría a los posibles compradores de su tierra. Consideran que la medida es una postura política, especialmente porque el miembro de la Knéset que propuso la ley es un posible candidato a la alcaldía.

Las mismas iglesias han sido acusadas de prácticas injustas. El patriarca ortodoxo griego en Jerusalén fue despedido después de que su iglesia vendió propiedades a grupos de colonos judíos, que luego expulsaron a inquilinos palestinos. Los problemas de tierra en Jerusalén son intrínsecamente complicados. Al igual que la escalera inamovible, es poco probable que eso cambie.