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El lunes por la tarde, los autos esperaban en fila para entrar a un mercado al por mayor fuera de San Salvador Huixcolotla, una ciudad en el estado de Puebla, en el centro-sur de México. Dos jóvenes vestidos casi con andrajos miraban cuidadosamente las matrículas y a los conductores. Cuando uno de estos últimos se identificó como periodista, los jóvenes cubrieron sus rostros con sus camisetas y les ordenaron bruscamente que se fueran.
Obviamente no querían forasteros curiosos. Y esto porque, junto con productos de granjas cercanas, en ese mercado se vendía gasolina robada. Uno de los vigías aseguraba su sombrero con un trozo de manguera de las que se usan para succionar combustible.
El robo de combustible está aumentando en México y Puebla es su punto focal. Los ladrones perforan el ducto que pasa por el estado, donde es más accesible que en los estados vecinos, y a continuación instalan una canilla y drenan el líquido. Lo venden en los caminos y en mercados como el cerca de San Salvador Huixcolotla. El precio es de unos US$ 37 centavos por litro, menos de la mitad de lo que cuesta en las gasolineras.
Esta actividad es la nueva y más importante forma de la delincuencia organizada en México, dijo Eduardo Guerrero, consultor de seguridad. Aunque no iguala al tráfico de drogas por la violencia y el flujo de caja, está creciendo rápidamente e inquietando a los inversores en energía, una de las industrias más importantes del país. En el 2006, la red de oleoductos operada por Pemex, la petrolera nacional, contabilizada 213 tomas ilegales. El año pasado ese número saltó a más de 6.800. Los robos costaron a la compañía US$ 1,5 mil millones en ventas perdidas y facturas de reparación el año pasado.
El aumento del ilícito es resultado en parte de la decisión del gobierno a finales del 2016 de elevar el precio de la gasolina, que había sido subsidiada. Ha transformado Puebla, donde ocurrió una cuarta parte de los robos, y Guanajuato, de estados relativamente pacíficos a moderadamente violentos.
En los primeros tres meses del año 2017, Puebla tuvo 185 asesinatos, 50% más que durante el mismo período en el 2011, cuando se registró el último pico de asesinatos. El 3 de mayo, al menos 10 personas, entre ellas cuatro soldados murieron en la localidad de Palmarito, a 12 millas de San Salvador Huixcolotla, en un enfrentamiento entre el ejército y los "ordeñadores" ilegales. Desde entonces se ha reforzado la presencia militar.
"Hoy tenemos un problema que está fuera de control", dijo Carlos Ignacio Mier Bañuelos, diputado estatal cuyo distrito tiene muchos robos de gasolina.
El robo de combustible es la muestra de un nuevo patrón de crimen. El año más violento de México de los últimos tiempos fue el 2011, en plena guerra contra las drogas del presidente Felipe Calderón. Mientras las bandas de narcotraficantes luchaban contra las fuerzas de seguridad -y entre ellas- por el control de las rutas de tráfico hacia los Estados Unidos, los estados del norte eran los campos de exterminio de México. Ese año, México tuvo 22.852 asesinatos. El número cayó bajo el sucesor de Calderón, el presidente Enrique Peña Nieto, quien desaceleró la guerra contra las drogas.
Ahora, sin embargo, el asesinato está de vuelta a sus peores niveles. Si el año continúa como ha comenzado, el número de asesinatos en el 2017 será el más alto todavía. Hubo un 6% más de homicidios en los primeros tres meses del 2017 que en el mismo período del 2011.
Sin embargo, la distribución de la violencia está cambiando. A medida que las guerras de pandillas del norte se reducen, las batallas a menor escala estallan en el sur.
Una de las razones de esto es el cambio en el modo en que las pandillas operan, provocado por la guerra contra las drogas. La policía apuntaba a jefes de pandillas, a menudo con éxito. Sin embargo, las pandillas sin líderes no desaparecen. En cambio, los gangsters de nivel inferior luchan por el control o surgen nuevos grupos, lo que lleva a una reordenación violenta de la jerarquía del crimen organizado.
El nuevo arresto de Joaquín "El Chapo" Guzmán, jefe de la pandilla de Sinaloa, seis meses después de su fuga de la cárcel, desencadenó conflictos dentro de ese grupo. La pandilla también chocó con sus rivales tratando de explotar su debilidad, especialmente la pandilla de Nueva Generación de Jalisco, con la que luchó en el puerto de Manzanillo y en otros lugares.
Las pandillas más pequeñas carecen de la mano de obra y las habilidades de gestión para ejecutar operaciones de drogas a gran escala. Se concentran en la distribución local de drogas y en crímenes como el secuestro y la extorsión. Ambos han aumentado alrededor del 20%, en todo México, entre los tres primeros meses del 2016 y el mismo período de este año. El robo de combustible también se adapta a las pandillas reducidas: Mier dijo que en su área de Puebla el negocio está dirigido por tres bandas en dos ciudades a solo 12 millas de distancia.
Otras razones para el aumento de los asesinatos incluyen un crecimiento en la producción de opio para alimentar la creciente demanda estadounidense y la elección del 2016 de 12 nuevos gobernadores del estado, que trajeron nuevos jefes de policía menos experimentados.
Un nuevo sistema de justicia penal debe hacer los juicios más justos, pero en sus primeras etapas ha liberado a muchos sospechosos que deberían haber sido encarcelados, dijo Alejandro Hope, analista de seguridad.
La violencia se alimenta de sí misma, ya que los asesinatos conducen a vendettas.
El espectáculo de la fuerza militar en Palmarito, ordenado por el gobierno federal, sugiere que ni el Estado ni las autoridades federales de aplicación de la ley saben cómo lidiar con el nuevo tipo de violencia.
"El ejército no actúa con inteligencia o estrategia", dijo Mier, "solo con violencia".
Pronto abandonará la zona, predijo, permitiendo que los "ordeñadores" vuelvan a trabajar.
Las probabilidades son que el aumento de la violencia no se contenga pronto. El gobierno federal no ha encontrado una estrategia para reemplazar la desacreditada guerra de Calderón contra las drogas, aparte de los despliegues militares esporádicos. Muchas fuerzas de policía estatales y locales carecen de la profesionalidad para frenar el crimen violento, y la policía municipal, algunas de las cuales colaboran con criminales, no son de confianza.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todos los niveles necesitan más datos y una mejor comprensión de por qué la violencia ocurre donde lo hace, dijo Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia.
Con los 18 meses que le quedan en el cargo como presidente, es poco probable que Peña Nieto comience cualquier audaz programa de lucha contra el crimen. Aunque el robo de gasolina no sea el problema más difícil de resolver.