El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especia­lizada en Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción, denunció que agentes del Ministerio Público y arqui­tectos fueron víctimas de un atropello por parte de una turba de simpatizantes del intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, durante diligencias realizadas en la costanera Ñande Renda.

“Esto fue para obstaculizar el trabajo de la Fiscalía. A raíz de esto, los funcionarios de la Fiscalía tuvieron que huir raudamente del lugar por­que la integridad física se vio comprometida. Eviden­temente, esta turba no tenía una intención amistosa con los funcionarios del Minis­terio Público, por ese motivo tuvimos que recurrir inme­diatamente al apoyo de la Policía Nacional”, indicó Cor­beta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El procedimiento fiscal fue realizado en el marco de la investigación sobre la denuncia contra Prieto por la presunta sobrefactura­ción en la construcción de la costanera localizada en el kilómetro 8 de Acaray. “Estamos hablando de un grupo de 30 a 40 perso­nas. Los asistentes fiscales, arquitectos, ingenieros, en este momento, están en el lugar continuando con las tareas, pero con el apoyo policial correspondiente para garantizar la integri­dad física”, refirió.

Corbeta acotó: “Ni siquiera estamos hablando de un caso vinculado al crimen organizado donde se tienen que tomar efec­tivamente mayores medi­das de seguridad. En este caso estamos hablando de delitos sobre denun­cias que guardan relación a la corrupción pública y de cuello blanco”.

El agente del Ministerio Público calificó como una “falacia” el argu­mento utilizado por Prieto, quien ante las denuncias e imputacio­nes en su contra alega ser un perseguido político.

“Eso es fuera de lugar y contexto porque las causas y procesos que pesan sobre el intendente y sus principales funcionarios de su administración son imputaciones realizadas con anterioridad al supuesto lanzamiento de su candidatura presidencial, no hay ninguna cuestión de tinte político”, explicó Corbeta.

Siguió argumentando que no debería existir obstáculos para realizar diligencias investigativas, estamos en un estado de derecho y se tiene que respetar las instituciones. El Ministerio Público es una institución que tiene autonomía para realizar investigaciones sobre todo cuando nos encontramos ante denuncias de hechos sobre supuesta sobrefacturaciones”.