Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.
- Por Cinthia Mora
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recepcionar denuncias sobre presuntos hechos punibles.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.
Ese mismo mes, específicamente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la filtración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.
Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría gestado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otorgar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bastante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coordinar y ejecutar el operativo de filtraciones.
Estos episodios de filtraciones quedaron “oficialmente” inaugurados con la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.
Tras su mediática presentación, el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
EN MANOS DE LA CORTE
Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas recusados por la defensa de los imputados son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, uno de los imputados, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa desconoce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apelación. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el presente caso.