El titular de la Asocia­ción Rural del Para­guay, Pedro Galli, manifestó que el gremio sigue con preocupación toda la cri­sis sanitaria, social y econó­mica que genera la segunda ola de contagio del covid-19 en el país. Al respecto, mani­festó que el sector empresa­rial no considera oportuno sumarle una nueva crisis polí­tica al Gobierno, instalando el debate del juicio político.

En comunicación con La Nación, el empresario señaló que si bien es una herramienta constitucional del Poder Legislativo para remover de sus cargos a autoridades en caso de falta de acciones concretas para paliar la crisis sanitaria y social, no consi­dera oportuno el momento, ya que sumaría una crisis polí­tica en medio de la pandemia.

“No nos parece a nosotros que en este momento, que está en su peor crisis la parte sanitaria de la pandemia, se tenga que producir también una crisis política. No cree­mos conveniente un quiebre del proceso democrático en este momento. Aunque es una herramienta constitu­cional que se tiene, sería una medida extrema, que, con­siderando la situación, cree­mos que el remedio sería peor que la enfermedad”, expresó el titular de la ARP.

No obstante, remarcó que sí le parece correcta la presión que puedan llevar adelante los legisladores al Ejecutivo a fin de que puedan buscar la manera de satisfacer las nece­sidades de la gente, no solo en términos de salud, sino de poner algún tipo de con­trol sobre la reinante corrup­ción y, sobre todo, evitar la impunidad en los hechos de corrupción.

Indicó que, desde la ARP y los distintos sectores de la pro­ducción, están en contacto permanente no precisamente con el presidente de la Repú­blica, Mario Abdo, pero sí con los ministros de su gabinete, conversando sobre los inte­reses de los diferentes gre­mios. “Pedimos al gobierno que tome medidas drásticas y que solucione los problemas para evitar el escalamiento de esta crisis”, abogó.

Por otra parte, señaló que desde la ARP están siguiendo el desarrollo de la moviliza­ción ciudadana, cuyos recla­mos consideran en cierta manera legítima porque representan la desespera­ción de la gente, ante la esca­lada de la pandemia y, sobre todo, ante las numerosas denuncias de corrupción en el sistema sanitario del país.

No obstante, indicó que lo que genera preocupación es que, dentro de esa movi­lización legítima de la ciu­dadanía, se estén filtrando personas con ánimos de generar violencia y entur­biar la manifestación.