La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe final de la auditoría realizada a la Municipalidad de Asunción, en el que se confirman serias irregularidades, varias que hasta podrían constituir hechos punibles, durante la época del ex intendente Mario Ferreiro. No se pudieron justificar varios puntos de las observaciones hechas en el análisis inicial.
El informe final, que consta de más de 600 hojas con 188 observaciones, es evaluado por la Dirección de Auditoría Forense del ente de control, para determinar posibles hechos punibles a ser derivados al Ministerio Público.
Una de las observaciones señala que el municipio, en los ejercicios fiscales 2018 y 2019, pese a contar con G. 16 mil millones, dejó de beneficiar a un total de 234 instituciones educativas con 68.967 alumnos, con el proyecto de almuerzo escolar.
Según el informe de la CGR, la municipalidad no pudo justificar la no utilización de recursos para el almuerzo escolar.
Además, los auditores detectaron irregularidades en las verificaciones in situ realizadas en colegios, como trabajos no terminados y/o no realizados, incumplimientos de cláusulas establecidas en contratos, entre otras.
También se observaron pagos por G. 13 mil millones, por obras entregadas fuera del plazo establecido en los contratos, con atrasos de más de 400 días (un año), y sin las multas correspondientes.
MERCADO DE ABASTO
La Contraloría constató la falta de gestiones del municipio con respecto a la cartera morosa de permisionarios, cuyo importe ascendió a G. 2.926 millones en concepto de canon y carga moratoria al 31 de diciembre del 2019. La recomendación que hace el ente de control a la comuna es impulsar acciones de cobro vía judicial.
Asimismo, se verificó la falta de regularización de legajos de los ocupantes de locales y puestos del mercado. Se encontraron locales ocupados sin contratos de concesión y permiso remunerado de uso del local y/o en su defecto vencidos. También locales ocupados sin autorización de la Dirección de Abastecimiento del municipio.
PASIVO
El informe señala que la deuda pública bonificada municipal representó hasta noviembre del año pasado G. 215.000 millones. De acuerdo con el ente, esta situación se da como consecuencia de que la institución priorizó gran parte de sus ingresos corrientes al pago de salarios.
La Contraloría General también cuestiona en su informe casos de supuesto planillerismo, irregularidades en contratos, falta de transferencia al Ministerio de Hacienda sobre porcentaje de recaudación por impuesto inmobiliario y otros.
PLANILLERISMO
Funcionarios con flexibilidad horaria que revelan “debilidades en el control” sobre los funcionarios es otra observación plasmada en el citado informe y que afecta a la Junta Municipal, en ese entonces presidida por el ahora intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.
Empleados sin el régimen de marcación, otros con registro de marcación diferenciada, un grupo con salidas de la institución sin la orden de trabajo que indique lugar, función ni hora de las tareas asignadas son privilegios no justificados que de alguna manera confirman las eternas denuncias de planillerismo en la institución.