El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, con una mirada optimista al sistema judicial, considera que la intromisión política en asuntos jurisdiccionales ha disminuido. “Hay una notable restricción de esa imagen de avanzada política dentro de Justicia, los mismos políticos están imperceptibles en los contactos con otros organismos”, sostuvo en una entrevista en el programa “Cuenta final”, que se transmite por Canal GEN.

Indicó que desde que asumió el cargo, no recibió presiones políticas de ningún aspecto, ni administrativo, ni jurisdiccional. “Hay independencia y libertad para que uno pueda resolver las causas como tiene que ser”, sostuvo. Resaltó el mérito de los nuevos contralores ciudadanos que aparecen como grupos organizados y autoconvocados que controlan el desenvolvimiento de las autoridades.

Por otra parte, cree también que el mérito lo tiene la clase política, que va comprendiendo que su función es administrar el país en los espacios políticos; mientras que el de la Justicia es ser independiente a todos ellos. “Los actores políticos son conscientes que si la Justicia es adepta al grupo de poder, los dejará de lado cuando ya no lo esté”, expresó Martínez Simón.

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Indicó que a todos les conviene que la Justicia no tenga banderías políticas, sino hombres y mujeres técnicos que juzguen los casos de acuerdo a lo que dice la ley. Igualmente, reconoció que no es cuestión de tocar con la “varita mágica” para que cambie y que probablemente tomará años llegar a un estadio ideal.

No obstante, apuesta a mantener el puente de comunicación. “Entendamos que la Corte Suprema de Justicia es un órgano político, nombrado en un proceso político que termina con la aceptación del presidente de la República; por ende, hay que tener un sistema de independencia, pero de interrelación, de equilibrio, de contrapesos, debe darse a través de una relación armónica”, acotó.

Finalmente, analizó el presupuesto a ser debatido con el Ejecutivo y el Legislativo, para trazar políticas judiciales aplicables. “Avancemos hacia la real autarquía del Poder Judicial, a fin de recibir el dinero y administrar íntegramente ese 3% como dice la Constitución. El desafío es lograr el diálogo sin que implique una intromisión política en la resolución de asuntos judiciales”, concluyó.

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