Raúl Peralta Vega, abogado del ganadero Rolando Fernández, el mismo que se había negado a pagar una coima de US$ 460 mil y por ello le despojaron de sus tierras, aseguró que el Indert es un órgano de recaudación de los muchachos. Sostiene que el esquema que había sido descubierto en la era Horacio Torres sigue intacto y que el actual presidente del ente, Mario Vega, no realizó cambios profundos en la institución al punto de avalar lo actuado por el ex director del ente para el Chaco, Enrique Gómez de la Fuente, quien está procesado por cohecho pasivo, es decir coima.

• POR JORGE TORRES ROMERO

Peralta Vega explica que el despojo es un esquema que se ins­taló en el Indert desde hace 2 períodos, ya en los gobier­nos anteriores. El modus ope­randi funciona cuando hay un interés sobre un determinado lote fiscal, entonces, se arma un expediente paralelo que se tramita totalmente a escon­didas y el interesado en ese lote aparece como supuesto ocupante poseedor y dueño de las mejoras.

Entonces, ¿qué hacen los fun­cionarios del Indert? Fal­sean un acta de verificación. A partir de ese documento comienza la maquinaria, tanto policial como judi­cial y del Indert para el des­pojo a los verdaderos posee­dores de esos lotes fiscales. Una vez que se hace la veri­ficación, sale la adjudicación y se inician demandas judi­ciales fraudulentas para des­pojar a los poseedores o, en caso de que no se puedan lle­var adelante demandas frau­dulentas, contratan sicarios o mercenarios para echar a las personas que se encuen­tran en los lotes fiscales. “En el caso nuestro contrataron a un mercenario que se llama Alfredo Fischer, una per­sona que participó y cola­boró según los investigadores en el rescate y liberación del narcotraficante Jorge Teó­filo González, alias Samura, y la muerte del comisario Ferrari”, señaló el abogado Peralta Vega.

Explicó que Fischer se pre­sentó ante el Indert y dijo ser el administrador de una propie­dad que se ocupó de manera ilegal. “Se presenta como supuesto administrador de la propiedad. Este señor fue detenido por supuesto apoyo a los criminales, lo que nos da la pauta de qué tipo de perso­nas están detrás de todo esto. Este esquema es el que se está usando para despojar a los verdaderos poseedores de los lotes fiscales. Lo que a noso­tros nos pasó es que nos des­pojaron y cuando volvimos a nuestro establecimiento, nos encontramos con que fue saqueado”, lamentó.

En otro momento, señaló que la coima solicitada por los funcionarios comanda­dos por el abogado Enrique Gómez de la Fuente –ex direc­tor del área Chaco del Indert, actualmente procesado por coima– para evitar el despojo ronda los 30 dólares por hec­tárea. En este caso se habla de una propiedad de 16.000 hectáreas por 4 lotes de 4.000 hectáreas cada uno para el cambio de propietario.

En este caso, el solicitante había realizado incluso todos los trámites legales y las mejo­ras que exigen la ley y el esta­tuto agrario. “Cuando no se ponen de acuerdo con mi cliente y no acepta pagar la coima, ellos (los funciona­rios) venden a 4 personas que aparecen como nuevos solici­tantes que son los adjudicados con nuestros lotes. Eso hizo Gómez de la Fuente con nues­tros lotes, específicamente María Alejandra González es la persona que supuestamente se adjudicó los lotes. Ella hace la solicitud de verificación y la supuesta ocupación. Ahí Gómez de la Fuente se autode­signa verificador. Esta señorita tiene 27 años y es de profesión estudiante. Tuvo que haber pagado unos 400 millones de guaraníes por cada lote para adjudicarse supuestamente. Lo más probable es que sean prestanombres de los que realmente están detrás de estos lotes fiscales”, aseguró el abogado.

Según relató el abogado Peralta Vega en el programa La Caja Negra, es una ver­dadera mafia la que opera y recordó que un grupo armado comandado por Alfredo Fis­cher se presentó en nombre de Tania González, beneficiaria supuestamente de una de las propietarias, hermana menor de María Alejandra González. “Ahí empieza nuestro calvario, hasta hoy día no hay ningún solo imputado ni procesado al respecto. Hay 2 denuncias en la Fiscalía que no han tenido ningún avance. El fiscal Héc­tor Velázquez tiene una denun­cia y el otro caso sobre el hurto en la estancia está a cargo del fiscal Andrés Arriola, que tiene un hijo que trabaja en el Indert. Robaron tractores, generadores y se llevaron todo lo que había y la mitad de los anima­les. Hace 4 meses que esta­mos detrás de las denuncias y no hay ni un solo imputado”, destacó.

Recordó que cuando estalló el escándalo del Indert hace unos meses, las carpetas de su cliente formaron parte de la auditoría que se practicó en la institución, ordenada por el presidente del ente, Mario Vega, ante las graves denun­cias. “En ese momento, ellos debían cancelar los pedidos. Sin embargo, se otorgaron 3 de los 4 títulos en discusión. Es un negocio que mueve mucho dinero y no va a termi­nar. Y para colmo, los cuatro expedientes están desapa­recidos en el Indert actual­mente”, afirmó el abogado.

El juez de Mariscal Estiga­rribia, Chaco, Aníbal Ortiz Granada, tiene una “forma particular” de tramitar los expedientes cuando hay un caso que le interesa. El magis­trado no registró las cuatro demandas para restituir y entregar los inmuebles a estas 4 personas. “Nosotros nos apersonamos el vier­nes pasado y presentamos la demanda de nulidad, revi­samos el libro y no apare­cían las demandas. Estaban otras relacionadas con este caso, pero no estaban. Hoy (por ayer) recurrimos a la Comandancia de la Policía y encontramos que existen los 4 mandamientos de restitu­ción de los inmuebles contra cualquier ocupante precario”, relató el abogado.

Añadió que el juez Ortiz Gra­nada le califica a su cliente ganadero de ocupante preca­rio cuando que tienen reso­luciones judiciales que con­firman la restitución de los inmuebles. “El comandante, si ordena el desalojo, estará incurriendo en desacato por­que hay 3 mandatos judiciales anteriores con prohibición de innovar. Si ocurre esto, hay connivencia de la Policía”, insistió Peralta Vega.

Finalmente, el abogado dijo que no existe seguridad jurí­dica y lamentó que haya jue­ces venales como el caso de Ortiz Granada que se presta a este tipo de fraudes.