El presidente de la República Mario Abdo Benítez promulgó ayer sin mayores contratiempos la iniciativa del financiamiento político, que establece controles más estrictos al uso del “dinero sucio” tanto en internas, como en las generales. La propuesta legislativa promovida a finales de diciembre pasado, por la diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejos, con miras a las elecciones municipales y partidarias 2020. Tras su sanción legislativa, el pasado lunes, el documento llegó ayer al Ejecutivo en horas de la mañana y fue promulgado luego del medio día.
La ley establece que al principio de la campaña los candidatos deberán tener en cuenta los siguientes requisitos y obligaciones. Presentar un informe detallado sobre el origen de sus fondos, contribuciones y donaciones, presentando una declaración de ingresos y gastos de campañas (DIGC).
El informe sobre cada candidato en internas pasa al Tribunal Partidario, a la Secretaría de Tributación (SET), y de ahí se remitirá al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para su publicación en la web.
El candidato deberá presentar una declaración de intereses vinculados, en el que identifique las empresas o acciones que posea. Incluye a su cónyuge, si tiene una sociedad conyugal, pero se elimina el requisito para parientes de hasta 2º grado. Se eleva a ley la creación de una unidad especializada para la fiscalización del dinero sucio en el TSJE.
Se exige que cada movimiento o partido en su conjunto tenga un RUC, también se establece que los partidos y movimientos deben tener una cuenta bancaria, se deberá rendir los gastos con facturas legales. Los partidos y movimientos serán sujetos de control del Seprelad en virtud de la Ley 115/97.
Al finalizar la campaña política para las instituciones, la SET y Seprelad serán coadyuvantes en la fiscalización del organismo electoral TSJE. Posteriormente el TSJE correrá vista a la Contraloría para una auditoría final.
SANCIONES
Entre las sanciones que estipula la ley se encuentran las multas de 300 jornales o descuento en el aporte estatal a los partidos. Solo tras una condena firme del Poder Judicial un candidato no podrá participar en elecciones por 10 años.
CENTRO RESIDENCIAL DE ADICCIONES
Por otra parte, Abdo Benítez habilitó ayer el centro de tratamiento residencial de adicciones, ubicado en Piribebuy, Cordillera. El ente fue creado a través de la cooperación de la Oficina de la Primera Dama, el MSPyBS y la Senad. Se estima que comience a funcionar a partir de marzo.
SEPA MÁS
“Que la ley no sea una letra muerta”
Carlos María Ljubetic, director de la unidad de Procesos Electorales de la Justicia Electoral (TSJE), indicó que espera que la Ley del Financiamiento Político, promulgado por el Ejecutivo, no sea letra muerta.
“Todos esperamos que la ley no sea una letra muerta porque la cuestión del control del dinero que se aporta en las campañas es bastante difícil de aplicar, no es fácil tener ese control”, indicó en comunicación con la radio Universo 970 AM.
Sostuvo que se requiere de un trabajo conjunto entre la SET, Contraloría, Seprelad y la Justicia Electoral para tener un control cruzado de los datos. A su criterio, si no se hacen bien las labores, el dinero sucio seguirá siendo usado en las campañas.