El asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, informó que a mediados de diciembre ya podría adjudi­carse a una empresa el alqui­ler de las 15 mil máquinas de votación necesarias para las elecciones municipales del 2020. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas dio luz verde y levantó la sus­pensión de la licitación el jue­ves 14 último a la tarde.

“Se reinicia la actividad de verificación de la documen­tación formal que tienen que llenar los oferentes para ser parte de la licitación; una vez que esto suceda, se va a dar vía libre para que la Comi­sión Técnica del TSJE veri­fique la funcionalidad de las máquinas presentadas por las empresas”, explicó a La Nación. La verificación lle­varía casi 6 días.

Las empresas interesadas en el arrendamiento de las máquinas son la venezolana Smartmatic International Holding y la empresa argen­tina Magic Software Argen­tina (MSA). El primer con­sorcio, aliado con la firma paraguaya Excelsis, denun­ció el supuesto direcciona­miento del pliego de bases y condiciones hacia MSA.

Luego, el TSJE podrá contro­lar si es que se cumplen todos los requisitos establecidos técnicamente para luego dar la apertura de los sobres con las ofertas económicas. Después, los representan­tes del TSJE y Contratacio­nes Públicas determinarán la mejor oferta. Así, se proce­derá a la adjudicación oficial de la empresa ganadora de la licitación.

En el mes de febrero ya se estarán recibiendo las máquinas, que según el pliego de bases y condicio­nes deben entregarse luego de 60 días de la adjudicación. El 20% de las máquinas es lo que debe presentarse, que serían unas 3.000, que serán utilizadas para las capacita­ciones en todo el territorio nacional luego de agregarse el software necesario.

Sobre la recomendación de la DNCP de realizar el pro­ceso dentro del marco de la transparencia, Carlos Lju­betic comentó que eso será posible con los representan­tes de los diferentes parti­dos políticos.

“Los partidos políticos tie­nen derecho a participar con sus representantes técnicos, pero hasta ahora no asigna­ron porque ley prevé su par­ticipación”, sostuvo. “Esa es la manera de hacer que sea transparente, no creo que en ese sentido haya inconve­nientes”, dijo.

El pasado 6 de octubre, el portal digital El Tiempo de Argen­tina informó que la empresa venezolana Smartmatic será investigada penalmente por presunto fraude contra el Estado. Así lo dispuso la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini, quien declaró la incompetencia de la Justicia Electoral argentina, para investigar la denuncia del ex precandidato a jefe de gobierno porteño Leonardo Martínez Herrero del Partido Dignidad Popular.

Según la publicación periodística, la jueza llegó a la conclusión que lo que se investiga no es un delito electoral (que esta­blece penas sensiblemente menores a las del Código Penal para este tipo de casos).

Así también, en otras publicaciones argentinas, señalan que la empresa venezolana encargada de realizar el escrutinio no solo fue denunciada por las falencias de su sistema, sino tam­bién por el modo en que fue contratada por el Gobierno. La jueza Servini consideró necesario investigar el caso.