• POR JORGE TORRES ROMERO

A partir de la denuncia penal que había for­mulado el ex minis­tro de Relaciones Exteriores Héctor Lacognata (2009), basado en el resultado de un informe de auditoría practi­cada al consulado paraguayo en Buenos Aires durante el ejercicio 2005-2008, la Jus­ticia condenó a siete años de cárcel a Domingo Arzamen­dia, quien había sido nom­brado por Nicanor Duarte Frutos como cónsul general en la capital Argentina.

Arzamendia, quien falleció el 7 de octubre del 2015, antes de ser nombrado como cónsul se desempeñaba como chofer del ex presidente Duarte Frutos y era considerado como uno de sus hombres de confianza, al punto que le asignó la tarea de protección de uno de sus hijos que estaba estudiando en Buenos Aires al tiempo de ejercer su cargo como cónsul.

La Cancillería Nacional, a cargo de Lacognata, había denunciado el 22 de mayo del 2009 ante la Fisca­lía de Delitos Económicos que bajo la administración del entonces cónsul gene­ral paraguayo en Buenos Aires, Domingo Arzamen­dia, se produjeron diferentes delitos y daño patrimonial al Estado paraguayo por cerca de los US$ 800.000.

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Consulado general de Paraguay en Buenos Aires. Según el ex canciller, los fondos desviados de esta sede diplomática fueron utilizados para la compra de un departamento para el hijo de Nicanor y el pago de sus pasajes.

LA ACUSACIÓN CONTRA NICANOR

De acuerdo a las publicacio­nes periodísticas de la época (Abc, 26/10/09), la denuncia de la Cancillería solo invo­lucró a Arzamendia, pero el entonces canciller Lacognata declaró públicamente que con dinero del consulado en Buenos Aires, el ex presidente Duarte Frutos compró para su familia un departamento en la capital argentina. A eso se suma que uno de los hijos mayores de Nicanor estaba estudiando una carrera uni­versitaria en Buenos Aires y Arzamendia era uno de sus custodios personales.

El ex canciller puntualizó que “Nicanor tendrá que hablar y mucho cuando aparezcan imputaciones sobre fraude en diferentes consulados y, en particular, en Buenos Aires, donde se beneficiaron él y su hijo. No quiero dar datos que pue­dan entorpecer la investi­gación, pero hay suficiente documentación que parte de la recaudación iba a pasa­jes del hijo (de Nicanor), se compró un departamento en Buenos Aires. Esas son las cosas que tienen que preo­cupar a Nicanor cuando está frente a un micrófono”, había declarado el enton­ces ministro de Relaciones Exteriores.

CASOS DE PLANILLERISMO

La auditoría al consulado de Buenos Aires detectó también que se encontra­ron ocho nombres de fun­cionarios que figuran en la nómina de contratados temporales con registros de asistencia irregular a su lugar de trabajo. Esto sig­nificó para el Estado un impacto negativo de US$ 339.500.

En el 2013, el Tribunal de Sentencia, integrado por Lourdes Peña, Manuel Aguirre y Rosarito Mon­tanía, llegó a condenar a Arzamendia por exacción, estafa, uso de documen­tos no auténticos, utiliza­ción de marcas de valor no auténticos, excluyéndose la extorsión, que no fue com­probada. El perjuicio que había generado el ex cón­sul alcanzó la suma de US$ 538.000.

Arzamendia declaró fal­samente ante la Dirección General de Administra­ción y Finanzas de Rela­ciones Exteriores que con­trató a nueve personas, que son Maura Figari, Sabino Mereles, Teodolina Flor, Gilberto Quiñónez, Grisell Gill, Apolonia López, Isaac Rojas, Barcilicia Candia y Alfredo Roa.

Las citadas personas supuestamente fueron contratadas para prestar servicios en la sede diplo­mática a su cargo y bajo su supervisión. En ese con­texto, recibía mensual­mente los cheques corres­pondientes a los pagos de haberes de las citadas per­sonas. Sin embargo, estos contratados nunca presta­ron servicio en la sede del consulado. Arzamendia se quedaba con todos los che­ques que llegaban al consu­lado desde el 2005 al 2008, totalizando US$ 421.814.

De acuerdo a las conclusio­nes del informe de audito­ría, pero que no llegaron a demostrarse en el juicio, Arzamendia habría reali­zado todas estas operacio­nes por orden directa del entonces presidente de la República, por ello tam­bién la contundencia en las declaraciones de Lacognata al señalar que Duarte Fru­tos compró hasta un depar­tamento y pagó los viajes de su hijo con fondos del con­sulado.

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