• POR JORGE TORRES ROMERO

Alegando la necesi­dad de contar “en la brevedad posible” con la provisión de los equi­pamientos para el suminis­tro, instalación y amplia­ción de la red nacional de fibra óptica, el Ministerio de Tecnologías de la Infor­mación y la Comunicación (Mitic), a cargo de Alejan­dro Peralta Vierci, adju­dicó, firmó el contrato y ya realizó el primer desem­bolso en el llamado a lici­tación pública (Subasta a la Baja Electrónica-SBE) en un cuestionado proceso en que -según denuncia de un proveedor- se confeccionó el pliego de bases y con­diciones para favorecer a una empresa, puesto que se exigía la provisión de bie­nes específicamente de la marca Huawei, lo que atenta contra la libre competencia y, en definitiva, en violación a la Ley 2051 de Contrata­ciones Públicas.

La licitación fue adjudicada el pasado 18 de diciembre de 2018, según Resolución Mitic N° 069 a la empresa Celexx SA, por un monto total de G. 71.820 millo­nes, unos US$ 12 millones. La otra oferente, SSD SRL, había ofertado el suminis­tro por G. 71.840 millo­nes. La adjudicación se dio a conocer el mismo día en que la Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas (DNCP) comunicó la finalización del proceso de investigación y el desisti­miento de la protesta pro­movida por la firma Bullers SA, contra el pliego de bases y condiciones.

En su descargo a la protesta para justificar la adquisición, la convocante había argu­mentado entre otros pun­tos que los bienes de Ande y Copaco son de la marca Hua­wei, lo que condicionaba la compra, teniendo en cuenta que la telefónica estatal tiene 180.000 km de fibra óptica, Ande otros 120.000 km, la cartera del Interior 200 km y Hacienda 74 km.

“Se requiere asegurar la completa compatibilidad, la calidad, el rendimiento y no perder funcionalidad. Tam­bién el personal técnico de las instituciones que realiza el soporte y mantenimiento de esa infraestructura ha sido capacitado amplia­mente en la administración y configuración, conociendo los pormenores de su fun­cionamiento”, señalaba una parte del escrito.

Sin embargo, según la empresa denunciante, la completa compatibilidad, la calidad y el rendimiento se pueden alcanzar con cual­quier otra marca, siempre y cuando se establezcan cri­terios adecuados de integra­ción, por lo que esto no debe­ría ser exclusividad de una sola marca.

Agrega que la justificación del Mitic carece de argu­mentos técnicos y por tan solo dos ítems que represen­tan menos del 2% del pro­yecto, se terminó por adju­dicar el 100% a una sola marca, en este caso Huawei.

En otra parte de la denuncia, señalan que las especifica­ciones técnicas del llamado a licitación “evidencian un direccionamiento”, lo cual limitaba la participación y en consecuencia la posibili­dad de obtener mejores ofer­tas en la adquisición para el Estado.

A su vez, el Sindicato Nacio­nal de Trabajadores de Tele­comunicaciones (Sinattel) también se pronunció en contra del proyecto, puesto que, según sus dirigentes, se perderían los 180.000 km de la red de fibra óptica de la estatal. Los trabajado­res de la Copaco amenaza­ron con ir a una huelga si el Mitic o cualquier empresa privada pretende adminis­trar su red.

Todos estos argumentos quedaron en la nada al concretarse finalmente la adjudicación y firma del contrato respectivo. En la página de la DNCP, se observa que luego de comunicada la adjudica­ción a los demás oferentes, el 18 de diciembre, había una premura para efectuar el primer desembolso de G. 14.400 millones, de los G. 71.820 millones adjudica­dos, por lo que la Unidad Operativa de Contrata­ciones (UOC) remitió una nota al director Nacional de Contrataciones Públi­cas, abogado Pablo Seitz, a fin de solicitar la aproba­ción y emisión del Código de Contratación para comprometer los recur­sos correspondientes, lo cual ocurrió en fecha 22 de diciembre de 2018.

El desembolso, según las documentaciones del lla­mado, se concretó final­mente el pasado 16 de enero de 2019. De esta manera se concretó un millonario negocio cuyo contrato plu­rianual será financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Inver­sión Pública y Desarrollo (Fonacide).