Alex Damián Aguirre Jara, actual director de “Asuntos Legislativos” de la Cámara de Diputados, se ausentó el lunes 10 de setiembre pasado de su lugar de trabajo. Se paseó durante la mañana de ese día por los pasillos –públicos y de acceso solo a funcionarios– del Poder Judicial de Paraguarí, justo donde se debe definir la suerte judicial de su “compueblano”, el presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas.

Justamente fue Cue­vas quien lo llevó con el cargo de director a Aguirre Jara ni bien asu­mió como presidente de la Cámara de Diputados. La movida tenía un tras­fondo clave. Aguirre Jara fue secretario del juez Blas Francisco Cabriza, el mismo magistrado que había acep­tado desestimar la investi­gación contra Cuevas por un supuesto faltante de unos G. 40 mil millones en la Gober­nación de Paraguarí en el período (2013-2017) en que Cuevas fue gobernador.

El caso del presidente de la Cámara de Diputados se encuentra justamente en el Tribunal de Apelación en lo Penal de Paraguarí, que debe expedirse sobre el pedido que había hecho la fiscala del caso, Sonia Pereira, de levantar la desestimación de la denuncia en contra de Cuevas.

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El funcionario, quitando un fajo de dinero de su bolsillo.

En principio, sobre el actual titular de la Cámara de Dipu­tados se hizo una denuncia por supuesto faltante y otras irregularidades durante su gestión como gobernador de Paraguarí. Sin embargo, la fiscala Pereira, que tomó el caso, determinó solicitar la desestimación del caso porque supuestamente no se encontró “dolo” ni nada anormal en la gestión de Cuevas. La solicitud de Pereira fue aceptada de forma inmediata por el juez Blas Cabriza con una celeri­dad llamativa.

Sin embargo, tras las publi­caciones de GEN y La Nación de principios de agosto pasado que desnudaron serias irregularidades de la administración depar­tamental de Cuevas, la fis­cala Pereira retomó el caso y decidió solicitar al Tribunal de Apelación, el pasado 24 de agosto, que levante el pedido de desestimar la investiga­ción en contra de Cuevas. Hasta el momento, el tribu­nal no se ha expedido debido principalmente a recusacio­nes contra dos miembros del tribunal.

La recusación fue presen­tada por el concejal muni­cipal de Ybycuí Ezequiel Cáceres, justamente el denunciante en la causa contra Cuevas. En su soli­citud, Cáceres asegura que se perdió el criterio de inde­pendencia e imparcialidad por parte de los magistrados Gustavo Aguadre y Javier Esquivel. El otro integrante del tribunal es Antonio Ramón Álvarez Alvarenga, quien no fue recusado.

Aguirre, adherente del movimiento Añetete, junto con Miguel Cuevas.

Con este panorama, resulta todavía más llamativa la “visita” del compueblano de Cuevas, Alex Damián Agui­rre Jara, al Tribunal de Para­guarí. Imágenes del circuito cerrado de dicha dependencia del Estado a los que accedió GEN/La Nación muestran al joven “director de Asuntos Legislativos” pasearse a sus anchas por pasillos públicos y aquellas zonas que están destinadas solamente para funcionarios judiciales. En los ascensores de este edi­ficio se puede ver a Aguirre Jara cuando manipula un fajo de dinero y lo guarda en una improvisada carta.

NO PIDIÓ PERMISO NI MARCÓ ENTRADA

Alex Damián Aguirre Jara no marcó su asistencia el lunes en la Cámara de Dipu­tados. Así confirmó a GEN y La Nación Julio Cabrera, gerente de Recursos Huma­nos de la Cámara de Dipu­tados. El funcionario revisó una y otra vez su sistema de registro de funcionarios y no encontró rastro alguno de Aguirre Jara. Tampoco hizo llegar algún reposo médico o un permiso especial para ausentarse esa mañana.

Además de Aguirre Jara, quien fue secretario del juez que desestimó su causa, Cue­vas también había nombrado en la Cámara de Diputados con el cargo de “director de Proyectos en Estudio” a Juan Gabriel Espínola Vega, esposo de María Liz Alcaraz, asistente de la fiscala Pereira, que lleva adelante la investi­gación en su contra.

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