La transparencia en las declaraciones juradas vuelve a estar en el centro del debate público en Ciudad del Este, luego de conocerse que la concejala Valeria Romero, integrante del movimiento “Yo Creo” y supuesta pareja del exintendente Miguel Prieto -destituido tras un informe que constató irregularidades en su gestión-, declaró solo G. 700 mil en concepto de vestimenta, según datos de la Contraloría General de la República (CGR).
De acuerdo a lo expuesto por el programa televisivo El Repasador, Romero ocupa una banca en la Junta Municipal de Ciudad del Este y su remuneración mensual es de G. 21.500.000. Así consta en su declaración jurada, en la que la edil no declaró bienes inmuebles ni vehículos, y consignó G. 1 millón en gastos personales mensuales, además de no registrar inversiones ni viajes.
Estos datos contrastan con la imagen pública que proyecta a través de sus redes sociales, donde comparte un estilo de vida que ha generado comentarios entre internautas y observadores locales: trajes costosos, viajes, entre otros.
Lea más: Blanqueo a Efraín Alegre: “La justicia es flexible con la oposición”, lamentó Alliana
Movimiento en la mira
Romero forma parte del movimiento político “Yo Creo”, liderado por el exintendente destituido Miguel Prieto, actualmente con varios procesos judiciales abiertos por supuestas irregularidades en su gestión municipal.
Durante los últimos años, varios integrantes de su entorno político han sido mencionados en investigaciones administrativas y judiciales relacionadas con presuntos casos de uso indebido de influencias y malversación de fondos.
En tanto, la concejala aún no se ha pronunciado públicamente sobre los detalles de su declaración patrimonial ni sobre las críticas surgidas a raíz de su publicación.
Transparencia
La Contraloría, por su parte, recordó que el objetivo de las declaraciones juradas es garantizar la transparencia y prevenir el enriquecimiento ilícito, invitando a la ciudadanía a consultar los documentos disponibles en su portal oficial.
Este caso reaviva el debate sobre la necesidad de mayor control y fiscalización del patrimonio de las autoridades locales, especialmente en municipios que han enfrentado denuncias por falta de rendición de cuentas en los últimos años.