El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, informó que junto con el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, mantendrán este viernes a las 9:00 una reunión con los cañicultores con el fin de atender sus reclamos. El encuentro será realizado en la planta alcoholera ubicada en Mauricio José Troche, en el departamento del Guairá.
“Acá el factor que falta es el diálogo, este es el camino correcto, pero tenemos que partir de la base del problema que estamos teniendo en la planta de Troche, el tren de moliendas que fue malogrado en el gobierno pasado, lastimosamente tuvo problemas desde el inicio, no se entregó en tiempo y forma, cuenta con problemas estructurales que hoy día Petropar reclama y está en un proceso judicial”, sostuvo el titular del MAG, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giménez detalló que del encuentro también participarán el gobernador del Guairá, César Sosa, y el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto. “Cuando esto pasa en un estado judicial, todo tiene su proceso. Como ministerio, nosotros estamos haciendo un trabajo para identificar cuánto es el volumen que proviene de la agricultura familiar, tener datos precisos y cuánto es el volumen que se entregará. El problema es que el Estado paga mejor, entonces todos quieren vender a Petropar”, comentó.
La obra de Troche debía estar operativa en el 2023 y tenía como objetivo aumentar la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias, pero terminó paralizada debido a una “sobrefacturación gigantesca” registrada durante el gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez, según denuncias.
El proyecto tiene problemas de diseño y no tuvo en cuenta consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña y sus subproductos, de acuerdo a las argumentaciones señaladas anteriormente por el titular de la petrolera estatal, Eddie Jara.
La obra empezó con la firma Eisa, propiedad del empresario Alberto Palumbo, y luego fue otorgada a la empresa Ocho A, que pertenece al senador Luis Pettengill. La planificación inicial fue con la primera empresa y la segunda terminó de ejecutar la obra. Petropar presentó en mayo pasado una denuncia ante el Ministerio Público por lesión de confianza y otros hechos punibles en torno a la paralización de las obras.