“La propuesta no deja de ser interesante, pero contiene muchas impresiciones”, dijo el senador Derlis Maidana con relación al proyecto de ley que plantea una pensión para las personas con discapacidad equivalente a 25 % del salario mínimo, que representaría actualmente la suma de G. 699.557.

El documento no fue analizado por el pleno de la Cámara Alta y logró este último jueves su sanción automática al vencer el tiempo límite para su estudio. La iniciativa será remitida al Poder Ejecutivo con las modificaciones introducidas por los diputados.

“No se tenía los 30 votos para rechazar el proyecto. De ser vetado por el Ejecutivo tanto Diputados y el Senado deberá tener una mayoría de dos tercios para aceptar el rechazo del presidente de la República y si se da y estudiar un nuevo proyecto más realista”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Acotó: “El planteamiento debe ser estudiado de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria porque así como está la propuesta se necesita algo así como USD 370 millones”. Maidana mencionó a la vez que existen otros programas y normativas que ya contemplan la asistencia económica para el sector, citando por ejemplo la ley de pensión universal para los adultos mayores.

El Presupuesto Gene­ral de la Nación 2025 (PGN), aprobado ayer con modificaciones por la Cámara de Senado­res, ascendería a un total de G. 133,1 billones (USD 17.595 millones), consti­tuyendo casi un 0,3 % de aumento con respeto al tope del déficit fiscal en 1,9 % en relación con el producto interno bruto (PIB). El plan vuelve así a la Cámara de Diputados.

Entre las principales modi­ficaciones y establecimien­tos totales de los montos a ser asignados, se encuen­tra lo designado para Salud, con un aumento que supera los USD 14 millones, esta­bleciendo su presupuesto en más de USD 1.240 millones. Dentro del plan se contem­plará la reprogramación de la carga horaria para benefi­ciar a 1.000 médicos y USD 2.500.000 para compra de mamógrafos.

Para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el presupuesto se estimaría en más de USD 905 millones, reduciendo más de USD 20 millones del monto enviado por el Ejecu­tivo y lo aprobado también por Diputados. Los G. 140 mil millones recortados del MOPC se redireccionarían para el Ministerio de Urba­nismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El Ministerio de Econo­mía y Finanzas quedará con un presupuesto en más de USD 2.800 millones, con un aumento de más de G. 202 mil millones para calzar todas las modificaciones rea­lizadas. Para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el presupuesto se establece en más de USD 52 millones, con un incremento de G. 13.600 millones.

En cuanto al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el presupuesto queda en poco más de USD 1.240 millones, pero se apli­cará un desdoblamiento del presupuesto del Ins­tituto Superior Nacional de Música, para que ya no dependa del MEC, y restar así G. 10.000 millones; por otra parte, se contempla una ampliación de G. 2.500 millones para crear oficinas de supervisión.

En cuanto al Ministerio del Interior, permanece con más de USD 515 millo­nes, así como Defensa Nacional, que también coincidirá con la versión de Diputados en USD 316 millones. En cuanto al Ministerio de Justicia, quedará con más de USD 66 millones, incremen­tando su presupuesto en más de G. 4.300 millones.

Con respecto a lo estable­cido para la Presidencia de la República, el presupuesto quedaría en poco más de USD 155 millones, con disminu­ciones del total enviado por el Ejecutivo; por su parte, la Vicepresidencia quedaría en poco más de USD 2 millones.

Sobre las gobernaciones, se aprobó la recomenda­ción de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado para dejar sin el aumento de G. 83.000 millones a distribuirse en diferentes departamen­tos. En cuanto al plan para la Universidad Nacional de Asunción (UNA), tendrá un incremento de G. 157 mil millones, dentro del plan de nivelación.

A su vez, se aprobó un aumento de G. 1.000 millo­nes para la sede de la Facul­tad de Ingeniería de la UNA en Ayolas, mientras que se aprobaron recortes para las universidades naciona­les del interior: de Itapúa, Concepción, Villarrica, Canindeyú y Misiones (G. 1.000 millones menos para cada una) y de Caa­guazú (G. 3.000 millones menos).

Así, el PGN 2025 ascendería a G. 133,1 billones. Contiene aumentos importantes para salud y educación, así como un autoaumento de G. 5.125.000 más como gastos de represen­tación para los legisladores de ambas cámaras.

A través de una conferencia de prensa, informaron que el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el proyecto de ley de bienestar y protección animal integral, el cual será remitido al Poder Legislativo. Según explicaron, mediante esta iniciativa se busca robustecer el marco normativo actual, siendo un complemento a la ley que penaliza el maltrato hacia los animales.

“Algunas de las previsiones que hace esta ley, además de reafirmar que la titularidad de la acción penal pública en el caso del maltrato animal lo tiene el Ministerio Público, es establecer y definir claramente cuáles son los criterios para considerarse maltrato animal y contempla un tipo base y graduaciones al momento de hablar de penas”, explicó Paula Carro, vocera del Gobierno.

Entre las innovaciones que trae este proyecto se encuentra la creación de un registro de personas que han incurrido en situaciones de maltrato animal, se crea el primer banco de sangre de animales, además de un centro de atención sanitaria donde no solo se va a dar sostenimiento a animales que sufrieron de maltratos, sino que también apoyará a familias de escasos recursos, se dará atención veterinaria y trabajará con refugios y albergues, los cuales actualmente se sostienen en general con la autogestión.

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“No solo abarca todo lo que tiene que ver con el maltrato, algo muy importante que es la cultura del maltrato, no se trata solo de luchar contra los agresores, sino también contra el abandono, la cría de perros, gatos y animales en general. Estamos cansados de ver animales en las calles y todo forma parte de una cultura que debe ser cambiada y avanzar. Solo se avanza con políticas públicas como las que ahora se están impulsando”, expresó Héctor Rubin, director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal.

Carro recordó que hace poco, el Poder Ejecutivo promulgó una ley que penaliza el maltrato animal, por lo que este proyecto ayudará a robustecer todo el marco normativo de nuestro país en materia de bienestar animal. “Desde la Presidencia se considera que no es una cuestión menor”, aseveró la vocera. “La tenencia responsable es muy importante y para eso se debe mejorar todo el sistema”, añadió por su parte Rubin.

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La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley de reforma de Tren de Cercanías durante la sesión extraordinaria de este miércoles. A través de esta iniciativa se establecen los mecanismos para la construcción y explotación de este transporte que cubrirá el tramo de Asunción-Ypacaraí.

En septiembre de 2024 se optó por desistir con el acuerdo anterior con la República de Corea y el Gobierno anunció que se procedería a convocar a una licitación abierta para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, facilitando la participación del sector privado.

De acuerdo al mensaje del Poder Ejecutivo para el Legislativo, se propone una modalidad nueva que favorecerá el impulso económico, la generación de más puestos de trabajo y mayor confort a los pasajeros de esta zona del país. El proyecto fue analizado en las comisiones de Legislación, de Obras Públicas, de Asuntos Departamentales y aconsejaron la aprobación con modificaciones.

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El presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana, indicó que las diferentes comisiones se reunieron con representantes del Ministerio de Obras Públicas, Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), entre otras instituciones y tras este encuentro, se resolvió recomendar al pleno su aprobación con modificaciones.

De acuerdo a lo que explicó Maidana, se deben prever los siguientes puntos: la adopción de un nuevo marco jurídico, el proyecto de ley se declara de orden público, utilidad común e interés social y estará a cargo del MOPC y de Fepasa en su carácter de concesionaria.

“La concesión y la administración de la prestación de servicios estará a cargo de Fepasa y se autoriza a hacer una adenda al contrato de concesión en la que deberán constar las obligaciones del MOPC, se establecerá la concesión por el plazo que resulte necesario para la implementación del proyecto”, explicó.

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También se autoriza a Fepasa a suscribir con el sector privado una subconcesión por un plazo máximo de 35 años, lo que se hará bajo los principios de economía, eficiencia, libre competencia y transparencia. El MOPC estará a cargo de la etapa de construcción y fiscalización de la obra y se constituirán uno o más fideicomisos de administración y pago para cumplir con las obligaciones derivadas.

“El proyecto busca mejorar la infraestructura de transporte público, especialmente en áreas urbanas con el fin de reducir la congestión vehicular y ofrecer una alternativa más eficiente y accesible de transporte para los ciudadanos. Abarca un tramo de 43 km entre Asunción e Ypacaraí, está concebido no solo como una alternativa al transporte urbano tradicional, sino como una infraestructura clave para el desarrollo regional y la integración de las ciudades”, expuso el senador José Ledesma. Tras la aprobación, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados.