El presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón, informó que ya remitió al titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, el texto del proyecto de ley relacionado a la emergencia sanitaria que el jueves último obtuvo media sanción del Senado.
El documento será analizado en una sesión extraordinaria de la Cámara Baja prevista para este martes 18 de enero a las 10:00. “De conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la Constitución Nacional, le enviamos para someter a vuestra consideración el proyecto de ley que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay”, dice la nota enviada el día de ayer viernes al presidente de Diputados.
La Cámara de Senadores aprobó entre críticas al Poder Ejecutivo la nueva Ley de Emergencia Sanitaria que estará en vigencia hasta el 30 de junio del 2022. Se establece la compra de vacunas contra el COVID-19, la cobertura de pacientes hospitalizados a través del Fondo COVID-19, la contratación temporal de personal de salud y el pago del IPS por aislamiento a los trabajadores.
Los senadores, entre cuestionamientos por la forma en que se presentó la ley que ya perdió vigencia el 31 de diciembre, se vieron en la obligación de una nueva declaración para que el Ministerio de Salud y todo el sistema sanitario pueda regirse ante las necesidades que se dan en esta tercera ola de contagios.
También se efectúa la vigencia de la ley de vacunas para que puedan adquirirse y distribuirse de forma gratuita, en especial aquellas destinadas a los menores de edad. En el artículo 3° se establece que hasta el 31 de marzo estará en vigencia la ley que crea el Fondo COVID-19 para pacientes hospitalizados, incluye el convenio y el pago de la deuda a los sanatorios privados.
La normativa también autoriza a las autoridades sanitarias a la contratación temporal de personal de blanco en reemplazo de aquellas renuncias que se dieron. Se aclara que se deberá constar el nombre, cargo y funciones del personal reemplazado y la vigencia de su contrato, que estará publicada en la página web.
Igualmente, se incorporó un artículo sobre la obligatoriedad de presentar cada 60 días, desde la promulgación de la ley, las rendiciones de cuentas con un informe al Congreso y a la Contraloría General de la República (CGR), con toda la documentación de respaldo. La CGR reglamentará el procedimiento de rendición correspondiente, de esta forma se dará el monitoreo y la auditoría de todas las gestiones autorizadas.
Por último, se incluye el pago del IPS a los trabajadores que están suspendidos, en aislamiento, en reposo o en situación de riesgo por el COVID-19 de los saldos que percibe la institución, que son de US$ 20 millones.
Diputados podría modificar la ley
De acuerdo con expresiones de algunos diputados, se podrían introducir modificaciones al texto con media sanción del Senado en el punto referente a las contrataciones públicas. El temor de los legisladores es habilitar las contrataciones públicas y que se vuelva a registrar el abuso de los recursos en plena época electoral.
La diputada Kattya González afirmó que la preocupación concretamente se refiere a la utilización del Rubro 800 en las licitaciones públicas. “Este rubro tan problemático que significó la habilitación y la licencia para direccionar licitaciones y comprar a sobrecosto”, cuestionó la legisladora del Partido Encuentro Nacional (PEN).
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