El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), Manuel Riera, alertó de la peligrosidad que representa para la ciudadanía el nuevo proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, que busca castigar la inmunización irregular contra el coronavirus. Afirmó que de sancionarse y promulgarse, será la antesala al autoritarismo.

“Es una carta autorizante, es una ley que está pensada para autorizarle y darle un supuesto respaldo legal a las actividades que el Ejecutivo va a hacer por decreto. Es una carta verde, es un pase jurídico para que haga por decreto lo que necesite”, sostuvo Riera en contacto con la 780 AM, exteriorizando su preocupación por el alcance de la legislación en caso de ser promulgada.

El representante del gremio siguió sosteniendo que es una carta verde muy peligrosa, al mencionar que le dará atribuciones –al presidente de la República– no contempladas en la Constitución Nacional y que pretenden ser incorporadas como parte de una ley de emergencia sanitaria.

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“En más de 20 artículos se habla de meter presa a la gente, se habla de meter a gente que se vacuna sin permiso, se habla de infracciones, de sanciones, de procedimiento sancionador, de allanamientos a recintos privados. Se habla de autoridades como la Dinatran juzgando gente en el transporte público, de resoluciones definitivas ante jueces que no pueden ser recusados. Es una locura”, puntualizó.

Riera además manifestó que con esa normativa, los derechos de los ciudadanos se dividirían en categorías, hecho que consideró totalmente inadmisible.

La intención del Gobierno es emitir una nueva ley que lleve a rangos de punición a aquellos que cometan faltas en tiempo pandémico. Las figuras incorporadas corresponden a la inmunización irregular de personas, es decir, la aplicación de dosis contra el COVID-19 a una persona que no corresponde conforme al Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud. La segunda figura del tipo penal es el hurto de vacunas e insumos requeridos por la pandemia.

Serán aplicables a los funcionarios públicos responsables, quienes se enfrentarían a una pena de 2 a 10 años para los casos de hurto, y de hasta 5 años para los casos de inmunización irregular.

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