La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores convocó a una audiencia pública para analizar los sucesos ocurridos el 2 de setiembre del año pasado, en la zona norte del país, donde dos menores perdieron la vida durante un enfrentamiento entre personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y criminales del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EEP).

El senador Gilberto Apuril, del Partido Hagamos, preside dicha comisión y explicó que la audiencia pública busca generar un espacio de debate y diálogo con toda la sociedad paraguaya, autoridades públicas responsables y representantes de la sociedad civil sobre los sucesos ocurridos y la problemática del reclutamiento de niños por parte de grupos armados.

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Víctimas olvidadas y abandonadas

La comisión del Senado no consideró dar participación a los familiares de víctimas de los grupos criminales que azotan la zona norte del país, con secuestros, asesinatos, extorsiones y otros delitos. No obstante, varias autoridades nacionales y representantes de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales participaron de esta audiencia pública.

Sandra Quiñónez, titular del Ministerio Público, y Federico Delfino, agente fiscal, representaron a la Fiscalía General del Estado en la audiencia. Quiñónez explicó que la Fiscalía lleva adelante varias investigaciones sobre los hechos sucedidos en setiembre pasado.

Antes de comenzar su exposición, la fiscala general del Estado recordó a las personas que fueron víctimas del grupo criminal, en especial a los secuestrados, “víctimas que siempre son olvidadas y abandonadas por las comisiones de DDHH. Detrás de cada víctima hay niños como estas (refiriéndose a las abatidas), que hoy son objeto de esta audiencia pública”, indicó.

Quiñónez explicó que la Fiscalía lleva adelante varias investigaciones sobre los hechos sucedidos en setiembre pasado. Foto: Archivo

MINNA ya formuló denuncias

Teresa Martínez dijo que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) lamenta profundamente los hechos que llevaron a la muerte a las dos menores. Agregó que el MINNA ya ha formulado las denuncias correspondientes por el reclutamiento de menores por parte del grupo criminal EPP ante las autoridades competentes.

Aníbal Cabrera, representante de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), mencionó durante su exposición que para la CDIA y sus organizaciones aliadas los grupos que operan en el norte son criminales y el Estado paraguayo es responsable de las acciones o las omisiones desarrolladas para frenar la situación en la zona.

“No nos sirve que estos criminales sean capturados, sino que se debe generar un programa especial de prevención y protección para los niños rescatados, a fin de que estos puedan crecer en un marco de democracia y derechos humanos”, mencionó.

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Exigen respuestas al Estado

El ciudadano argentino Ismael Décima, representante de la organización Campaña contra la Violencia Institucional de la República Argentina, expresó que deseaba conocer qué tanto ha avanzado el Estado paraguayo en la investigación, pues a criterio de su organización ya se tendría que tener identificados a los responsables de la muerte de las niñas.

Asimismo, pidió conocer más acerca de la situación de Lichita, la hija de Carmen Villalba, quien supuestamente está desaparecida desde el último enfrentamiento entre el grupo criminal EPP y los agentes de la FTC.

Décima afirmó que Laura Villalba, detenida días después del mismo enfrentamiento, no pertenece al EPP. Por esta razón, también pidió conocer la situación de la misma, quien está detenida en la cárcel militar de Viñas Cué.

“Ella solo es familiar de Carmen y en el tiempo en que vivió en Misiones (RA), ella estudió y se recibió de enfermera, entonces ¿por qué está presa y cuál es el motivo?, queremos que el Estado paraguayo nos responda”, expresó el ciudadano argentino.

Detalles, solo en sesión reservada

El general de división, Aldo Ozuna Recalde, enlace entre las Fuerzas Militares y el Congreso Nacional, dijo que es una necesidad la presentación de los detalles de la operación del 2 de setiembre en una sesión reservada. También que las Fuerzas Militares están disponibles para cuando se disponga y de estricto acuerdo a lo que marca la Constitución Nacional.

Otro ciudadano argentino, Pablo Pimentel, activista de la Asamblea por los Derechos Humanos de La Matanza, mencionó que muchos militantes de la región y del mundo están preocupados y viajaron hasta nuestro país por esta situación.

“Fuimos muy claros en que no íbamos a entrometernos dentro de la política del Paraguay, pero no podemos pasar por alto esta política infanticida que está llevando adelante el señor Mario Abdo Benítez”, indicó y agregó que no pueden tolerar que la política se la agarre con los hijos.

“Quiero que quede claro que quienes estamos en la militancia de los derechos humanos no aceptamos ningún tipo de secuestro ni de nada”, subrayó y advirtió que a fines de junio regresarán al país a continuar con la búsqueda de Lichita.

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Fidel Zavala habló de sesgo

Fidel Zavala nombró a varias de las víctimas y expresó que se deben dar todas las garantías en cuestión de derechos humanos. Foto: Archivo

Por su parte, el senador Fidel Zavala, durante su participación en la audiencia pública, dijo que era importante generar transparencia en los organismos de seguridad.

“El único inconveniente es que hay un sesgo, porque no se ha invitado a los familiares y sobrevivientes de estos grupos terroristas, mientras que el debate se centra entre retirar a la FTC y no sobre el daño que hace este grupo terrorista”, mencionó el senador, quien también fue víctima del grupo criminal.

Nombró a varias de las víctimas y expresó que se deben dar todas las garantías en cuestión de derechos humanos. Culminó diciendo que “los derechos humanos deben prevalecer para todos, sin excepción y los terroristas deben ser juzgados en el ámbito nacional y con todas las garantías. La violencia terrorista no triunfará en un Estado que proteja a sus habitantes y mientras sus gobernantes hagan lo que la CN manda”.

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