El diputado liberal Édgar Acosta cree que el interés del Ejecutivo apunta a blindar los fondos socioambientales de Itaipú y Yacyretá. A su criterio no hay argumento técnico ni jurídico para que el presidente Mario Abdo Benítez vete la ley sancionada por el Congreso Nacional que permitirá echar mano a los gastos sociales para apoyar al Ministerio de Salud Pública durante la pandemia.
“No hay ningún motivo técnico, jurídico ni de conveniencia, por el que Marito no deba promulgar esta ley. Él (Abdo) está poniendo en primer lugar al Partido Colorado y no al Paraguay”, sostuvo el parlamentario en declaraciones a la 780AM.
Aseguró que el jefe de Estado está haciendo prevalecer lo político sobre lo sanitario, dejando entrever que la tendencia es hacia el veto a la ley.
“Está haciendo todo para que no entremos a Itaipú ni Yacyretá. Marito está haciendo un análisis político y deja lo sanitario en segundo plano”, acotó.
El congresista calificó de “bolaterapia” que Brasil y Argentina (socios en la administración de Itaipú y Yacyretá) tengan que dar su autorización a Paraguay. “Desde mi punto de vista, están testeando la actitud de la gente. No están analizando lo que queremos, que es la ayuda al sistema sanitario”, insistió.
Indignación por dilación del Ejecutivo
Las diputadas Celeste Amarilla (PLRA) y Kattya González (PEN) también exteriorizaron su indignación por la dilación en la promulgación de la ley que ya obra en poder del gobernante.
“Presidente @MarioAbdo ya nos hizo mucho daño. Por favor promulgue esa ley. Esta vez se hizo lo que el pueblo quería, respétenos. La gente ya no tiene dinero y el dinero de Itaipú es nuestro”, dijo en Twitter la parlamentaria liberal.
En tanto, la legisladora encuentrista difundió un video en el que acusa al Gobierno de utilizar argumentos falaces al alegar que la reasignación de los fondos sociales al área de la salud afectará el programa de becas y a las unidades de salud familiar, que también son financiadas con recursos de la Itaipú.
“Realmente la Itaipú y la claque de la ANR están sentados sobre una gigantesca barra de oro de 24 quilates. Han prostituido la democracia y quienes deben investigar este gigantesco desvío de dinero público (fiscales y jueces) figuran entre los beneficiarios”, acusó González en un tuit.
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