La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que obliga al Gobierno a cancelar la licencia de las empresas del transporte público que realicen reguladas en sus frecuencias. Además, se prevé que los infractores no participen por diez años de licitaciones y que la Fiscalía procese a los empresarios por el recorte del servicio público.
Se trata específicamente del proyecto de ley “Que cancela la licencia, itinerario y subsidio a las empresas del transporte público infractoras de la ley”, que fue aprobado este jueves por el pleno de la Cámara Alta y trasladado a la Cámara de Diputados para su estudio.
Con esto, las empresas de transporte que no regularicen salidas de sus unidades en 24 horas se les cancela sus licencias y los propietarios serían procesados por coacción y perturbación de servicios públicos. Además, se les prohíbe por 10 años participar de licitación de itinerarios.
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El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis es el proyectista de la iniciativa y pidió a sus colegas la aprobación de la misma. La Comisión de Obras Públicas aconsejó por su parte la aprobación, pero con leves modificaciones. Como proyectista, Buzarquis explicó que el alcance de esta propuesta legislativa afecta a, al menos, un millón de usuarios diarios del transporte público.
Por su parte, el senador Jorge Querey, por el Frente Guasu, anunció el acompañamiento de su bancada a la propuesta y afirmó que los empresarios del transporte están incurriendo en una falta llamada exposición al peligro con las reguladas.
La bancada de Patria Querida anunció igualmente su apoyo a través de su líder, el senador Stephan Rasmussen. “Lo que está pasando con las reguladas es sanitariamente criminal. Lamentamos la poca proactividad de la Fiscalía General”, expresó.
La bancada A del Partido Liberal también se mostró ampliamente a favor. Al respecto, intervino el senador Fernando Silva Facetti, quien mencionó que la solución es que la administración haga cumplir la ley y los que no lo hagan sean sancionados en forma ejemplar.
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La bancada del PDP también sumó su respaldo y apoyo al proyecto de ley. “Este gobierno tiene que exigir que los conductores usen doble mascarilla y si sube un pasajero sin ella, ellos deben proveer. Eso es responsabilidad social”, consideró la senadora Desirée Masi.
El proyecto, por medio de la votación nominal (37 votos), fue aprobado con las modificaciones propuestas por la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones.
En el peor momento de la pandemia del COVID-19 en el Paraguay, las empresas explotadoras del servicio del transporte público en el Área Metropolitana empezaron a realizar reguladas de sus frecuencias, ocasionando aglomeraciones de pasajeros en las paradas y luego el hacinamiento de estos dentro de las escasas unidades de buses que circulan. Consideran como criminal esta práctica, en medio de una delicada situación sanitaria.